viernes, 15 de marzo de 2019

Otra transa de Carreritas: desvían 25 mdp en falso estudio del Registro Público de la Propiedad

OTRA TRANSA DE CARRERITAS: DESVÍAN 25 MDP EN FALSO ESTUDIO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

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San Luis Al Instante.- Uso indebido de 25 millones de pesos en el Instituto Registral y Catatastral del Estado, cuya responsable sería su titular Margarita Guerrero Ortiz,  fue denunciado este jueves 14 de marzo por integrantes del Frente Amplio Opositor. 

Esa importante cantidad de dinero debió haber sido empleada en la realización de un estudio al Programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad. Pero no sucedió así, debido a lo cual han exigido la destitución de su titular.

Luis Alberto Suárez Castillo, José Corpus Salazar y José Emilio Grimaldo Sánchez, quienes hicieron esta denuncia ante medios informativos, dijeron haber efectuado una investigación vía transparencia en donde constataron el uso indebido de esa suma de dinero público.

La investigación se realizó en diferentes dependencias y ayuntamientos; se verificó la sub contratación de empresas licitantes y la simulación de 32 mil inspecciones y vuelos de identificación.

Sin embargo, solo se escaneó y fotocopió información cartográfica del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), cuando la licitación y contrato establecían un trabajo metódico.

Este trabajo consistía en la visita terreno por terreno en la zona urbana de 11 municipios: San Luis Potosí: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Villa de Arista, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Santa María del Río, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza, además, se simuló también la inspección de Real de Catorce, Charcas, Xilitla y Venado.

Dicho proyecto debería formar parte de la Plataforma Nacional de Información Registra y Catastral para el Ordenamiento Territorial que permitiría el intercambio de la información inmobiliaria de la propiedad pública, privada y social de las tres órdenes de gobierno.

Los vuelos fueron sustituidos por información cartográfica del Inegi, que suplantan el trabajo de campo con el escaneo de los archivos del Catastro del Estado y de los ayuntamientos involucrados, afirmaron los denunciantes.

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