VIDEO | REVELA REFORMA MODUS OPERANDI CRIMINAL DE SÁNCHEZ ZUMAYA CON PEMEX
San Luis Al Instante.- Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron en 2025 facturas por más de 2 mil 800 millones de pesos a una red de al menos tres empresas fantasma, relacionadas a una red del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, ex candidato del PT a la gubernatura.
Se trata de Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, empresas cuyos domicilios fiscales fueron registrados en humildes viviendas o en colonias clasemedieras de Tabasco y la Huasteca potosina.
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Las firmas facturaron cantidades millonarias por presunta maquila, suministro y transporte de químicos utilizados para proteger equipos y tuberías, según las facturas a las que tuvo acceso REFORMA.
En las últimas semanas, personas físicas y morales de esa red empezaron a promover amparos contra el bloqueo de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Grupo Mineral & Logistic, por ejemplo, elevó su capital social de la noche a la mañana al exhibir un cheque por 400 millones de pesos ante el Notario Público 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón Silván, quien dio fe de empresas constuidas por el Senador Adán Augusto López y su ex Secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.
Y 14 días después de exhibir el cheque, la firma comenzó a emitir facturas por 12 millones de dólares al IMP.
El socio principal de esa empresa es un joven que vive en una zona de clase media en Villahermosa, Eduardo Issac Sánchez Zúñiga, y quien es medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta diciembre de 2025 era el socio principal.
Safnat, a su vez, tiene domicilio fiscal en una humilde casa en el municipio de Tanquián, en la Huasteca potosina, y facturó 24.2 millones de dólares (unos 435 millones de pesos) también al IMP.
En Safnet, Hilario Sáncez Lara aparece como socio principal, aunque nuevamente el anterior socio era el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, quien encabeza Grupo GESA y tiene vínculos con el Senador Adán Augusto López.
La tercera empresa de la red, Diazol, se registró en 2024 a nombre de dos jóvenes tabasqueños, uno de los cuales desapareció a los 18 días de constituir la firma, según su ficha de búsqueda.
Esa empresa ha emitido hasta marzo del 2026 facturas por 2 mil millones de pesos a Safnat y Mineral & Logistic, ambas proveedoras de Pemex.
A pesar de ese monto de facturación, Diazol sólo reportó al SAT gastos fiscales por mil 197 pesos en ese mismo periodo.
En noviembre de 2024, REFORMA publicó otro grupo de empresas en la que aparecían como dueños jóvenes universitarios y la cual quedó inactiva luego de ser denunciada ante la Fiscalía tabasqueña tras llegar a facturar 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.
En 2025 Grupo GESA facturó a ROCA más de 3 mil millones de pesos por servicios de transporte y renta de camiones cisterna.
Otro proveedor de esta red es Petroservicios Integrales México, propiedad de Héctor Peralta Grappin y Juan Carlos Guerrero Rojas, este último centro de atención por organizar una lujosa fiesta de XV años a su hija en Villahermosa en marzo pasado. La empresa ha emitido facturas por más de 88 millones de pesos a GML.
De esa red atribuida a Sánchez Zumaya era parte, como secretario de administración de la empresa ROCA, Héctor Manuel Portales Ávila, una de las 14 personas que busca la FGR por estar implicados en la red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques operados por Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.
Ahora Portales Ávila es testigo colaborador de la FGR y ha revelado detalles de “El Señor de los Buques” y sus arreglos con el crimen organizado, autoridades y pagos de sobornos que le garantizaron el contrabando de hidrocarburos.
El pasado 24 de septiembre, Sánchez declinó en sus aspiraciones políticas.
Y se amparan contra la UIF
Personas físicas y morales de la red del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya empezaron a promover en la Ciudad de México amparos contra el bloqueo de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Registros oficiales indican que ya hay demandas de dos empresas vinculadas con Sánchez Zumaya, así como de seis involucrados en una presunta red de factureros.
La empresa Grupo Mineral & Logistic Comercializadora de Minerales y Construcción promovió el 2 de octubre un amparo contra el oficio SIARA UIFB/2026/002626, por el que se notificó su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
Sin embargo, la demanda fue desechada por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, porque el apoderado de la empresa no acreditó ser su representante legal.
Grupo Mineral & Logistic es una empresa de Villahermosa, Tabasco, fundada en 2014, proveedora de soluciones químicas y logísticas para la industria petrolera.
Grupo REFORMA publicó, en noviembre de 2024, que es parte de una red de corporaciones vinculadas a Sánchez Zumaya, ex aspirante de Morena y el Partido del Trabajo a la gubernatura de San Luis Potosí, quien ha rechazado acusaciones, sin embargo ya huyó del país, según declaro ayer el líder nacional del PT, Alberto Anaya.
Otra empresa que se amparó es Químicos Industriales Sazu, también señalada como parte de las operaciones de emisión y recepción de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
También hay amparos del grupo de jóvenes que emitieron facturas por más de 15 mil millones de pesos, vinculados con Sánchez Zumaya, entre ellos José Hilario y Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, quienes reclaman el acuerdo 247/2026 de la UIF, que es el que dio origen al bloqueo.
En su perfil de Linkedin, Eduardo Isaac se presenta como “propietario de Grupo Mineral & Logistic desde 2022”.
En 2023, los Sánchez Zúñiga emitieron facturas por al menos 727 millones de pesos por supuestas ventas a firmas de Zumaya.
Según la publicación de REFORMA, son parte de un grupo de quince jóvenes sin antecedentes empresariales que operaron como factureros para el grupo de Sánchez.
En su amparo, Hilario Sánchez reclamó a la UIF la omisión de resolver una solicitud de garantía de audiencia que presentó el 21 de septiembre. Se trata del procedimiento por el que las personas bloqueadas pueden acreditar ante la propia UIF el origen lícito de sus recursos.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa pidió hace unas semanas a Hilario Sánchez aclarar si es residente de Tampico o de Villahermosa, así como detalles de su petición a la UIF, antes de resolver si admitirá el amparo.
José Manuel Ramón Hernández, Abner Severiano Maldonado, Christopher Castillo Valencia y José Rafael Castillo Valencia, involucrados en la emisión de facturas, ya también se ampararon contra el bloqueo de sus cuentas.
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