HAY DENUNCIA PENAL DEL TEJA CONTRA GALINDO Y CABILDO, REVELA FISCALÍA
Lo anterior por presuntamente negarse a acatar una sentencia emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Ello podría constituir los delitos de desobediencia y abuso de autoridad.
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Lo anterior luego de que se determinara que la administración municipal incurrió en acciones irregulares que afectaron gravemente los intereses de esa compañía. A pesar de ello, los funcionarios habrían hecho caso omiso de la resolución judicial.
El conflicto tiene su origen en la administración municipal 2018-2021, cuando se autorizó la construcción de 45 viviendas por parte de la empresa.
El conflicto tiene su origen en la administración municipal 2018-2021, cuando se autorizó la construcción de 45 viviendas por parte de la empresa.
Posteriormente, el ayuntamiento impidió la conclusión y comercialización de dichas viviendas, alegando la existencia de una falla geológica en el fraccionamiento, medida que fue considerada como un acto irregular del órgano público.
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El tribunal determinó que estas acciones generaron daños materiales, objetivos y morales a la empresa desarrolladora, por lo que ordenó al Ayuntamiento el pago de 44 millones 641 mil 607.91 pesos, cifra que deberá actualizarse hasta su total cumplimiento. Este fallo reconoce la responsabilidad patrimonial del municipio y establece un precedente importante en cuanto a obligaciones administrativas frente a afectaciones empresariales.
De confirmarse las acusaciones, los funcionarios no solo habrían omitido un mandato judicial, sino que podrían haber tomado la decisión política de ignorar la ley, lo que agrava la percepción de desconfianza ciudadana hacia las autoridades locales y deja abierta la puerta a una posible crisis legal y financiera para el Ayuntamiento.
De confirmarse las acusaciones, los funcionarios no solo habrían omitido un mandato judicial, sino que podrían haber tomado la decisión política de ignorar la ley, lo que agrava la percepción de desconfianza ciudadana hacia las autoridades locales y deja abierta la puerta a una posible crisis legal y financiera para el Ayuntamiento.
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El caso también pone en evidencia la importancia de la supervisión judicial sobre los actos administrativos, mostrando cómo decisiones tomadas por autoridades municipales pueden afectar directamente los intereses económicos y legales de empresas y particulares en la ciudad. Las implicaciones del caso podrían derivar en sanciones penales y económicas para los responsables, además de generar repercusiones políticas de gran alcance.
Con este panorama, la situación mantiene bajo observación a la capital potosina, mientras los ciudadanos y empresarios esperan que se cumpla la ley y que las autoridades responsables asuman su obligación de garantizar justicia, transparencia y cumplimiento de las sentencias emitidas por los tribunales estatales.
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