Ciudadana exhibe en redes a Ugalde Montes como prepotente y abusivo

CIUDADANA EXHIBE EN REDES A UGALDE MONTES COMO PREPOTENTE Y ABUSIVO

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San Luis Al Instante.- Una ciudadana de nombre Paulina Benavente exhibió en redes digitales al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ugalde Montes, como un personaje prepotente y abusivo, que utiliza su puesto dentro del gabinete para adueñarse de los espacios y afectar los derechos del resto de las personas.

A través de un tuit de fecha 3 de octubre, la ciudadana denunció que el funcionario del gabinete del gobernador Juan Manuel Carreras López estacionó su automóvil justo frente a la cochera de su domicilio, estorbando la entrada y salida de sus vehículos.

Por ese motivo, hijos de la ciudadana colocaron un mensaje en el automóvil de quien estorbaba el acceso de su cochera, sin saber todavía de quién se trataba. Como respuesta, Ugalde Montes les dejó al volver una tarjeta de presentación en la puerta de su domicilio, gesto que fue interpretado como una grosería y un acto de prepotencia del funcionario.

Enseguida la señora Paulina Benavente dio a conocer este hecho a través de un tuit, al cual respondieron otros ciudadanos. "Promociona algo o no le da vergüenza tapar cocheras", publicó una persona. En otro comentario, la ciudadana expresó que Ugalde Montes trató de intimidar a su hijo "con su charolita de papel".

En otro de los comentarios, una persona recordó que el secretario de Finanzas fue protagonista de un escándalo dentro del ambiente político y en el interior del gabinete, al difundirse una conversación telefónica entre él y el empresario periodístico Pascual Oyervide Sánchez, en donde se refiere despectivamente al gobernador. "Fue el que le dijo pen...jo a Juan Manuel Carreras", publicó.

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Enseguida mostramos otros comentarios de ciudadanos a que dio motivo este gesto de prepotencia y abuso del funcionario estatal, motivo suficiente por el cual debería de ser despedido del gabinete, pues son ya varios los escándalos que protagoniza Ugalde Montes y los problemas políticos y de imagen en que hunde al gobernador.

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Funcionarios sin castigo por discriminación de etnias / Columna Los Jefes

FUNCIONARIOS SIN CASTIGO POR DISCRIMINACIÓN DE ETNIAS / COLUMNA LOS JEFES

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Columna Los Jefes, publicada en el periódico El Sol de San Luis el sábado 18 de junio de 2016.-

Eduardo José Alvarado Isunza.-

Un acto de discriminación a pueblos indígenas de San Luis Potosí fue cometido por quienes fueron comisionados por el gobernador Juan Manuel Carreras López para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo.

Este grave atentado contra los derechos humanos de los pueblos originarios tenek, náhuatl y xi’oi, fue cometido por José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas, y por Manuel Algara Cosío, director de planeación y presupuesto.

Ellos debieron haber organizado consultas entre esas comunidades, a fin de recoger sus demandas e incluirlas en la elaboración de dicho documento, porque éste dirigirá toda la acción gubernamental en los siguientes seis años.

Como fue violada la Constitución Política Mexicana y la Ley de Consulta Indígena, esas comunidades se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentaron queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Inicialmente hubo una respuesta irracional de funcionarios mestizos y adinerados, que por ahora deciden la operación del aparato administrativo de Estado, que llegaron a pedir certificado de autenticidad de sangre indígena.

A fin de sofocar ese grave impacto político en contra del gobernador Carreras López, ya fue destituida Margarita Viñas Orta como directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Pero esa decisión fue vista como misógina y machista por castigarse a una mujer y protegerse a hombres, porque Ugalde y Algara permanecen inmutables en sus cargos, a pesar de ser autores de estas conductas de discriminación y racismo.

Además, el daño jurídico sólo puede repararse con una restitución del acto reclamado. Tiene que volver a formularse dicho documento, convocándose para ello ahora sí a consultas en las que participen todos los pueblos con derechos.

Contra lo que se creería, los errores cometidos en la ruta de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo no se han solucionado y quizás solamente hayan desaparecido de los titulares o de los comentarios periodísticos.

Para resolverlos debe ser necesario reponer el proceso y separar de sus cargos a los funcionarios implicados en estos actos de discriminación y racismo. El problema es que no se observan signos que permitan suponer que eso será posible.

Además quien supuestamente empuja las demandas de las comunidades en escenarios nacionales es Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien así maniobra en busca de la presidencia de la CNDH.

Hace unos días fue renunciado Andrés Dávila Ruiz, director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por escribir comentarios homofóbicos en sus cuentas de redes sociales, relacionados con la masacre de Orlando.

¿Por qué no se ha procedido con igual dureza contra Ugalde y Algara por estas actitudes de discriminación y racismo? Lamentablemente las sanciones han tardado y parece haber una inclinación por el perdón y el olvido.

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San Luis Al Instante.- Una investigación periodística ha descubierto que José Luis Ugalde Montes, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, tiene bajo su control una nómina secreta por 26 millones de pesos mensuales. Con ese dinero paga directamente en sus oficinas a otros secretarios y directores generales, así como a protegidos suyos, tanto de la propia dependencia a su cargo, como de ámbitos no gubernamentales.

Recientemente la empresa periodística Global Media, propiedad de la familia Torres Corzo, reveló que el Gobierno del Estado mantiene una nómina secreta por aquella extraordinaria suma de dinero, de la cual no se rinde cuenta ni a la Contraloría General del Estado, ni a la Auditoría Superior del Estado ni a la sociedad, que es dueña de los recursos públicos.

Sin embargo, no se informó entonces que dicha nómina por 26 millones de pesos es administrada directamente por Ugalde Montes, quien además dispone arbitrariamente de esa impresionante bolsa de dinero. Supuestamente con ella se compensa en forma adicional a la nómina oficial a secretarios y directores, pero también a protegidos del propio titular de Finanzas.

De esta manera, funcionarios de primer nivel ganan hasta tres veces más del sueldo que nominalmente reciben. Las compensaciones son entregadas a partir de la relación que funcionarios y personas ajenas al ámbito gubernamental tienen con Ugalde Montes.

Acerca de ello, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Argüelles, declaró que esa es una práctica, hasta cierto punto normalizada, porque viene realizándose desde muchos sexenios atrás.

“Cuando estuvo el licenciado Horacio se gastaban más o menos 10 millones de pesos al año y con Silva Nieto se disparó mucho y posterior igual con Marcelo de los Santos ya estuvo más alto, lo mismo con Torazo”, relató Lara Argüelles al periódico digital Global Media.

Según esa empresa informativa, un ex funcionario torancista entrevistado admitió que como los primeros tres meses de la administración cobró doble salario como funcionario.

Uno se depositaba de manera directa a una tarjeta de débito bancaria, cuya cantidad ascendía a 37 mil 018. 60 pesos, correspondiente al sueldo mínimo para un director general. Pero otra cantidad similar la cobraba de manera directa en la Secretaría de Finanzas, a donde acudía a firmar. En total el funcionario recibía mensualmente 74 mil 037. 20 pesos.

Luego de los tres meses, el esquema cambió. Ya no acudía a firmar a la Secretaría de Finanzas, ni recibía el dinero de forma directa, pero el bono o compensación se mantuvo a lo largo del sexenio.

Actualmente un secretario de gobierno, según el tabulador oficial publicado en la página de transparencia, recibe un sueldo mínimo de 37 mil 508. 79 pesos y un salario máximo de 136 mil 380.79 pesos.

Esto significa que si todos los secretarios reciben una compensación del 100% de su sueldo, el secretario peor pagado gana 75 mil pesos al mes y el mejor pagado 272 mil pesos al mes.

Sólo por compensaciones de sueldo de secretarios de gobierno (16 en total), la administración gasta como mínimo 7 millones 201 mil 687 pesos y como máximo 26 millones 185 mil 111 pesos. A esta cantidad habría que agregar las compensaciones que reciben directores, coordinadores, subsecretarios, subdirectores y titulares de entidad, así como compromisos políticos del titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Ugalde Montes.

Toda esa bolsa de dinero es administrada directamente por él, sin dar cuentas a nadie.

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San Luis Al Instante.- Aunque desde febrero pasado causaron escándalo dentro del gabinete del gobernador Juan Manuel Carreras López y en círculos políticos de esta Capital potosina, versiones de que el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, habría pagado una cuantiosa suma de dinero con cuentas del Estado para promocionar a su sobrina Esmeralda Ugalde en la revista H, es fecha en que el funcionario no ha aclarado públicamente esas acusaciones ni otras autoridades han anunciado una investigación.

En la revista H fueron publicadas en portada y en 14 páginas un total de 34 fotografías, en donde Esmeralda Ugalde, originaria del municipio potosino de Rioverde, hermana de la cantante Ana Bárbara y sobrina del secretario de Finanzas, muestra un escuálido cuerpo en bikini, con el propósito de convertirla en estrella del ambiente artístico mexicano.

Medios políticos y periodísticos aseguraron en aquellos días que José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí, habría pagado no menos de 500 mil pesos por la publicación de la portada de su sobrina Esmeralda Ugalde, y la sesión de 34 fotografías, publicadas en 14 páginas interiores. Dicha cantidad de dinero habría salido de fondos del Estado, asignados a su custodia.

Sin embargo, han transcurrido tres meses de aquel escándalo sin que el propio funcionario involucrado, así como otros encargados de vigilar una administración de recursos públicos apegada estrictamente a la ley, hayan informado con toda exactitud de dónde sacó Esmeralda Ugalde una suma tan grande de dinero para pagar la portada y las 14 páginas de la revista H, en donde fueron publicadas sus fotos en calzones y sostén para hacerla aparecer como una artista erótica.

Otras versiones políticas más conservadoras estimaron en 100 mil pesos la bolsa de dinero que Ugalde Montes habría pagado por esa campaña publicitaria a favor de su sobrina. Pero empresas periodísticas estiman que esa cantidad ni siquiera paga por la portada de una revista de circulación nacional.

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San Luis Al Instante.- Margarita Viñas Orta, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, hasta este pasado lunes 9 de mayo, no debería de ser la única en ser destituida del cargo por el gobernador Juan Manuel Carreras López, pues hay al menos otros dos funcionarios implicados en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Entre esos funcionarios, que también fueron responsables de la elaboración de dicho plan, están Manuel Algara Cossío, director de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, y José Luis Ugalde Montes, titular de esa misma dependencia. En consecuencia, ellos también son culpables de los delitos de racismo, discriminación y violación a derechos humanos de que acusó el Consejo Consultivo Indígena al gobierno del Estado por la forma en que fue elaborado el Plan Estatal de Desarrollo.

A consecuencia de un pésimo método en la elaboración de este documento, principalmente en la etapa de celebración de consultas hacia la sociedad para su formulación, los pueblos indígenas hicieron sentir inmediatamente sus protestas y anunciaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual tumbarían dicho plan. De suceder así, significaría un duro revés para el gobierno de Carreras López.

Entre las ofensivas respuestas de funcionarios del régimen a las demandas del Consejo Consultivo Indígena destacó el hecho de pedir "certificados de sangre" supuestamente para garantizar que fueran indígenas, a lo que respondió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con una senda recomendación al gobernador Carreras.

En una desesperada operación por detener problemas jurídicos y el desprestigio hacia su administración, el mandatario pidió a Viñas Orta renunciar a la dirección del Indepi y, a través del nuevo titular de ese instituto, ofreció la realización de consultas entre los pueblos y comunidades indígenas del Estado, ahora sí conforme a la ley.

Sin embargo, con esta salida el jefe del Ejecutivo protegió a su secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, y al director de Planeación y Presupuesto de la misma dependencia, Manuel Algara Cossío. Además de que eso constituye una grave injusticia, tiene un subrayado olor a misóginia y machismo, porque solamente despidió a una de las pocas mujeres que invitó al gabinete y mantuvo a dos hombres ineficientes.

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Renuncia funcionario implicado en millonario tráfico de influencias

RENUNCIA FUNCIONARIO IMPLICADO EN MILLONARIO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

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San Luis Al Instante.- En plena tormenta política que sacude al gobierno del Estado, encabezado por Juan Manuel Carreras López, renunció uno de los principales implicados en el caso de un multimillonario tráfico de influencias en la compra de un predio de 6.4 hectáreas en 33.5 millones de pesos, obsequiado enseguida a la organización priísta Antorcha.

Se trata del abogado Germán González Martí, quien dimitió al cargo de subsecretario general de gobierno en el área jurídica y de servicios, luego de que fue involucrado en la adquisición de ese predio en la millonaria suma de dinero ya mencionada, pues figura como socio del despacho que representa a la inmobiliaria Floypo, antigua dueña del terreno.

En una carta pública, el ahora ex funcionario "solicita licencia sin goce de sueldo como un acto de congruencia" al gobernador Carreras, en tanto la Contraloría General del Estado realiza una investigación, que dice haber solicitado para determinar si hubo conflicto de intereses y se determine continuar con el proceso de compra del terreno.

Según González Martí, quien fue presidente del Consejo Directivo de la exclusiva Sociedad Potosina La Lonja, a donde asisten las familias más adineradas de San Luis Potosí, los señalamientos que se le han hecho de haberse beneficiado él, su despacho y el dueño del terreno con un millonario egreso de dinero del gobierno del Estado, han afectado su reputación y han puesto en duda su desempeño público.

Entre las irregularidades existentes en esta operación figura también el hecho de que ahora se dice que supuestamente el gobierno solamente aportó 13.5 millones de pesos en esa compra, más no los 33.5 millones de pesos que en forma total se pagaron por esa área, invadida por unas 500 familias de la organización Antorcha.

La pregunta es de dónde sacará o ya sacó esa organización los 22 millones de pesos para cubrir la diferencia.

Otras preguntas que se hace la opinión pública es cuál fue la intervención de otros funcionarios de la administración estatal en esta escandalosa operación, como son el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, y el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Ugalde Montes.

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San Luis Al Instante.- "Como hay gente que por 20 mil pesos mata a personas, yo no publciaré mi declaración 3de3 y solamente la presentaré a la Contraloría del Estado", declaró José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

De esta forma dejó ver que o es muy rico o ha robado mucho, a consecuencia de su desempeño público, pues ya fue titular de esa misma dependencia en los gobiernos encabezados por Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997) y por Fernando Silva Nieto (1997-2003), tiempo en que fue señalado de estar implicado en manejos corruptos del Megainvernadero de Santa Rita. Además ha sido diputado local y diputado federal. (Ver nota: Un ex secretario implicado en corrupción en equipo de transición de Carreras).

Ugalde Montes evadió con ese argumento de la inseguridad en que vive la sociedad potosina su obligación política y moral de hacer pública su declaración 3de3, a pesar de que su propio jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras López, ha reducido el problema de la inseguridad a una cuestión de percepción y él mismo se ha comprometido a hacer del conocimiento de la sociedad su situación patrimonial, su conflicto de intereses y sus declaraciones fiscales. (Ver nota: No es obligatorio hacer público la declaración 3de3: Carreras López).

“El término de la publicidad tiene un esquema que hay que manejar con cautela, no porque se esconda el origen de los recursos, ya que cuando haya algún proceso legal que requiera conocer esto, pues se presentará” (sic), dijo el funcionario, quien para ocultar su declaración 3de3 insistió en su argumento de la situación que se vive en el país. "Hay gente que por 20 mil pesos puede matar a alguien", aseguró.

"El tema de hacerlo público es algo con lo que se tiene que tener cuidado, no porque la gente sea rica o sea pobre, pero hay que ser muy cuidadosos. Se sabe que por 20 mil pesos a uno le pueden poner la pistola en la cabeza”, abundó.

Por ello, aunque existe una demanda política y social para que todo el personal del Estado dé a conocer su situación patrimonial, su conflicto de intereses y sus declaraciones fiscales, él sólo cumplirá con lo que le obliga la ley, pero nada más.

Incluso, se defendió, dentro de la Ley de Transparencia se especifica el tema de la confidencialidad de datos y deja a criterio personal el tema de hacer públicas las declaraciones. “Y no lo digo por mí, yo no soy rico, pero hay funcionarios que sí lo son”, insistió.

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San Luis Al Instante.- Como si en San Luis Potosí no existieran jefes capaces de mantener orden y disciplina dentro del partido en el poder, en plena sesión del Congreso del Estado celebrada en Rioverde, cuando sería entregada la presea Plan de San Luis al cantante de huapangos Elías Naif Chessani, el diputado José Luis Romero Calzada “destapó” a José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, como su candidato a la senaduría en 2018.

Delante del gobernador Juan Manuel Carreras y de toda la así llamada "clase política" del Estado, la tribuna del Legislativo fue utilizada por el cuestionado comerciante de aceites lubricantes para hacer futurismo político y posicionar a Ugalde Montes como candidato del PRI al Senado de la república.

“Rioverde también tendrá que ir caminando con fuerza en la política… También Rioverde irá hacia adelante; y seguramente en mi partido saldrá el candidato a senador para Rioverde y del estado de San Luis Potosí, que será José Luis Ugalde, que ya tiene mi apoyo en el Cuarto Distrito” (sic), dijo Romero Calzada.

Más adelante, el mismo diputado junto con otros se acercaron a saludar y abrazar a Ugalde Montes, como registró el camarógrafo del Canal 7 que asistió a cubrir el evento. En ese encuentro, un festivo Romero Calzada le dijo en su cara al secretario de Finanzas: “Estamos pa’ jalar contigo, secretario”.

A ello, Ugalde respondió nerviosamente: “Yo le agradezco mucho. Espero cubrir los tiempos políticos”.

Y un impulsivo Romero todavía añadió, dirigiéndose a los periodistas: “Por el partido que vayamos, el diputado Jano (Alejandro Segovia Hernández) y yo jalaremos con el señor a la senaduría”.

Con fino olfalto, elaborado por más de 30 años de oficio, el periodista José Luis Juárez del Canal 7 aprovechó la oportunidad y entrevistó entonces a la diputada Rebeca Terán Guevara, quien aconsejó:

“No es tiempo de destapes. Creo que se debe de tener más seriedad y más respeto a la tribuna. No es tiempo… estamos trabajando. Critico y trataremos en el grupo parlamentario del PRI estos asuntos y la falta de seriedad José Luis Romero Calzada”.

Por su parte, el mencionado Ugalde Montes declaró: “En primer lugar lo tomo con la reserva que merece esto, porque no son ni los tiempos ni el momento de este tipo de pronunciamientos. Y en lo particular tengo una responsabilidad y un jefe político. Es algo que no tengo en mi agenda y lo dejo en el terreno en que se dio”.

Jorge Schiaffino Isunza, delegado del CEN del PRI, declaró a Juárez Díaz que “la elección del 2018 para nuestro partido está a la vuelta de la esquina, pero la selección de nuestros candidatos está muy lejos”; y Martín Juárez Córdova, presidente del PRI en el Estado, subrayó que fue “una manifestación de un diputado que siempre busca ponerle su chispa a las cosas”.

Para observadores y analistas de las cuestiones políticas en SLP, estas expresiones solamente denotan falta de liderazgo y orden dentro del PRI, especialmente en el grupo parlamentario de ese partido.

Pero otros más consideraron que este tipo de actitudes solamente exhiben la mediocridad y ambición desmedida de los personajes que han integrado esta LXI Legislatura del Estado, así como del gabinete gubernamental, como son los casos de los principales implicados en este lamentable suceso: José Luis Romero Calzada y José Luis Ugalde Montes.

El video relacionado se encuentra en:

https://youtu.be/JV3l0VrSjbU

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San Luis Al Instante.- Con el adjetivo de "El sobrino incómodo" se refieren en el ámbito gubernamental a Miguel Ángel González Ugalde, familiar de José Luis Ugalde Montes, titular de la Secretaría de Finanzas, quien fue designado por su tío como funcionario de esa dependencia, a pesar de la historia de corrupción que le acompaña.

González Ugalde ocupó el cargo de secretario particular del anterior titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Conde Mejía, y fue señalado en casos de corrupción ligados a los invernaderos.

Personal de la propia Secretaría de Finanzas lo ha señalado como una persona que durante todo el sexenio pasado "se benefició de múltiples formas a la sombra del anterior Secretario de Finanzas Jesús Conde Mejía".

Por su cercana relación con el titular de esa dependencia, "logró tener injerencia en compras y adquisiciones, siendo beneficiado por proveedores, obteniendo grandes cantidades de dinero, ya que él manejó el reparto proveniente de las multas y recargos que se entregan entre empleados de las recaudadoras y obviamente altos funcionarios de la Secretaría de Finanzas", publicó al respecto la organización Ciudadanos Observando en su sitio de Internet.

Se asegura que empleados hicieron ver a Conde Mejía diversos ilícitos cometidos por González Ugalde, pero éste solo se limitó se decir que sería la Contraloría Estatal quién haría en su momento una investigación.

"Esa investigación nunca sucedió ya que fue evidente que lo protegió al ser el brazo derecho del Secretario" , señaló uno de los empleados de quien Ciudadanos Observando guardó su identidad.

A la llegada de José Luis Ugalde su sobrino quedó intocable. "Sólo fue reubicado de ser el secretario particular del titular a encargado de programa en el Área de Recaudación y Política Fiscal, cuyas oficinas se encuentra localizadas en el número 100 de la calle de Madero.

Además, con él fueron también ubicados "cuatro sujetos a los que se le paga de una forma nada clara, cuyas personas señaladas son : Humberto Sánchez, Jorge Araújo, José y Juan Antonio Lira", sostuvo Ciudadanos Observando.

A Ugalde Montes también se le ha acusado de haber impuesto a otro sobrino de nombre Francisco Ugalde Mota, como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en la zona media, de donde es originaria esta familia.

Ugalde Mota es hermano de la cantante Ana Bárbara, quien asisitió a la toma de posesión del gobernador Juan Manuel Carreras López a fines de septiembre pasado. Ésta ha ocasionado un escándalo político y mediático en las últimas horas, debido a comentarios misóginos en su cuenta de redes sociales digitales.

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San Luis Al Instante.- El hecho de que el Ejecutivo estatal a través del secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y los ayuntamientos en los que hay población indígena no hayan realizado las actividades que la Ley de Consulta indígena del Estado de San Luis Potosí mandata para integrar el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, es un claro acto de discriminación y apuesta al olvido de las demandas de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro Estado.

Esto lo denunció la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C., a través de su asesor Rogel del Rosa Valladares, quien sostuvo que esta postura discriminatoria se fortalece también por el hecho recurrente de que los gobernantes y legisladores solo acuden a la población indígena en épocas electorales, pero cuando gobiernan o legislan lo hacen en contra de ella.

“Como muestra, ahí están las políticas asistenciales que sólo buscan prolongar la pobreza, pero no resolverla; ahí están las reformas constitucionales que ahora permiten el despojo de las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas para favorecer a las empresas transnacionales de hidrocarburos”, dijo en un comunicado enviado a San Luis Al Instante.

Y añadió que en estas circunstancias, la gestión de amparos por violación al derecho a la consulta para la elaboración del PED, interpuesta por comunidades indígenas de nuestro estado, es un acto legítimo que el gobierno debía reconocer.

“Simplemente lo que el gobierno estatal debía hacer es reconocer que cometió un error garrafal el no realizar el proceso de consulta que marca la ley indígena, y reponer el proceso”, apuntó.

Más aún, además de reponer y organizar un verdadero proceso de consulta indígena para integrar las demandas de este sector clave de nuestro estado, también se le debe consultar para la integración de las instancias ejecutivas del gobierno del Estado y de los ayuntamientos, expuso.

“Quienes estén al frente de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas y del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, deberían ser personas profesionales conocedoras de la problemática de las comunidades indígenas del estado y de la propia legislación indígena”, manifestó.

“Sostener en esos cargos por amiguismo a personajes oxidados en la burocracia, es seguir alentando la mediocridad y la corrupción en las instancias ejecutivas encargadas de la atención de los pueblos indígenas”, lamentó. Y dijo finalmente: “Nomás echemos un vistazo a los personajes que hoy ocupan esos cargos, y nos daremos cuenta el nivel de discriminación con que se trata a los pueblos indígenas de San Luis Potosí.”

Debe señalarse que los encargados de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo fueron el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y el director de Planeación y Presupuesto, Manuel Algara Cossío. Por consecuencia, son ellos los culpables de este acto de discriminación de los pueblos originarios de ese documento rector de la administración pública de San Luis Potosí; y consecuentemente deberían de ser separados de sus cargos.

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Gráfico de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- El Partido Acción Nacional exigió al gobernador Juan Manuel Carreras López investigar e informar a la sociedad potosina sobre la situación de los equipos de espionaje telefónico que fueron adquiridos por su antecesor Fernando Toranzo Fernández y entre cuyas víctimas visibles han aparecido el actual secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y el empresario periodístico Pascual Oyarvide Sánchez.

Luego de que la semana pasada se hiciera circular una grabación de una plática telefónica entre Ugalde y Oyarvide, en donde llegan a revelarse delitos electorales en la campaña del actual gobernador Carreras López y ambos dicen adjetivos ofensivos del entonces era candidato del PRI, el presidente del PAN en el Estado, Xavier Azuara Zúñiga demandó al jefe del Ejecutivo ordenar una investigación que permita saber quién tiene esos equipos y en dónde se localizan.

Ni el procurador Federico Garza Herrera ni el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Gral. Arturo Gutiérrez García, saben en dónde se encuentran dichos equipos, según las declaraciones que han hecho, tras la conversación telefónica de Ugalde y Oyarvide filtrada a medios de comunicación.

"Estos aparatos deben de ser utilizados para lo que se invirtió en ellos, como supuestamente era perseguir al crimen organizado. Con la situación de inseguridad, ahora es cuando realmente deben utilizarse para avanzar en las investigaciones de estos hechos", comentó.

Respecto del espionaje telefónico de que fueron víctimas Ugalde y Oyarvide, el dirigente panista exigió también una investigación, a fin de evitar que esté haciéndose mal uso de esos aparatos. "Lo sucedido no es un asunto menor, como ha tratado de minimizarlo el gobernador. Demandamos que nos informe y aclare en qué se han utilizado. Evitar que se haga mal uso de ellos y nos digan qué pasa en realidad".

Aquí el audio relacionado con esta nota:

https://www.youtube.com/watch?v=l6YBc5bD7qM

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Gráfico de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- El procurador de justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, dijo ignorar en dónde se encuentran los equipos de espionaje adquiridos por el anterior gobernador Fernando Toranzo Fernández, los cuales podrían estar sido utilizados para intervenir conversaciones telefónicas de personal del gobierno, de partidos políticos, de periodistas y de otros personajes con liderazgo en la sociedad, como fue revelado con la reciente filtración de una plática entre José Luis Ugalde Montes, actual secretario de Finanzas, y el empresario periodístico Pascual Oyarvide Sánchez.

Recien establecida la actual administración, encabezada por Juan Manuel Carreras López, a fines de septiembre pasado, periodistas preguntaron al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, general retirado Arturo Gutiérrez García, acerca de si se le habían entregado dichos equipos de espionaje telefónico, a lo que respondió sorprendido: "No tengo conocimiento de eso. No tenemos eso. ¿De qué equipo de espionaje me hablan?".

Debieron de ser los propios periodistas quienes informaron al encargado de la seguridad pública de SLP acerca de la existencia de dichos aparatos, entre los que se encuentra uno denominado como "La ouija del diablo". Enseguida le preguntaron si ex funcionarios torancistas o el propio ex gobernador se hubieran adueñado ilícitamente de esos aparatos, a lo que Gutiérrez García contestó: "No, yo no sé. No lo tengo, te lo juro. Hay tecnología, pero no está relacionado con equipo de espionaje". 

Sin embargo, en la administración de Toranzo Fernández la organización Ciudadanos Observando descubrió que se habían adquirido dichos equipos con 56 millones de pesos, cuya procedencia fue el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El equipo incluye un módulo para el seguimiento de redes telefónicas, otro que contiene el software y un set de

seis antenas direccionales de alta ganancia. Estos aparatos no fueron entregados en el proceso de entrega - recepción de Fernando Toranzo Fernández a Juan Manuel Carreras.

Ahora el procurador Garza Herrera reiteró que dichos equipos de espionaje “no se encuentran en poder de esta Procuraduría”, aunque rebotó el tema a la cancha del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues comentó que quizás él podría saber de su existencia. “Ningún equipo de esa clase fue entregado a la Procuraduría”, añadió, aunque sí dijo recordar que dicho equipo fue solicitado precisamente por esta área en la última etapa del gobierno torancista para la Unidad Especial de Combate al Secuestro, en tiempos del ex procurador Miguel García Covarrubias. 

En la conversación telefónica entre José Luis Ugalde Montes y Pascual Oyarvide Sánchez, filtrada recientemente y cuya copia se encuentra para conocimiento de la ciudadanía potosina en el canal de Youtube de San Luis Al Instante, se revelan actos de campaña ilegales, cometidos por el actual gobernador Juan Manuel Carreras, a quien califican de "muy pendejo" y "muy soberbio", además de hacer "unos negociazos muy cabrones".

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