ALMAZÁN CUÉ HA HUNDIDO AL PODER JUDICIAL EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA: MAGISTRADA Y JUECES
"Estas acciones hacen suponer que dicha persona carece de idoneidad para ocupar ese puesto, pues ha demostrado que se sirve del poder, en lugar de utilizarlo para servir", señalan en su comunicado a la opinión pública. Asimismo, denuncian que con la presidencia de Almazán Cué el Poder Judicial en San Luis Potosí atraviesa por la peor crisis de toda su historia, debido a la corrupción y a la impunidad en que lo ha hundido.
El siguiente es el texto íntegro de esa denuncia:
El siguiente es el texto íntegro de esa denuncia:
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Somos un grupo de Juzgadores y funcionarios públicos, preocupados y ocupados en contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho, la naturaleza y fin de la Institución, así como el respeto irrestricto a su principal función: la de impartir justicia.
Por el bien de la ciudadanía potosina, como por el respeto a los empleados del Poder Judicial del Estado, base irrefutable de su funcionamiento.
Los suscritos maestra Adriana Monter Guerrero, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras; la primera con estatus legal de magistrada; el segundo con estatus legal de Juez de Primera Instancia; y los últimos en su carácter de Jueces de Primera Instancia y Juez de Control; apoyados por la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, PEO y Ayuda a la Sociedad, a través de su Presidente licenciado Efraín Torres Salazar, hacemos del conocimiento de la opinión pública lo que está aconteciendo en el Poder Judicial del Estado, bajo la titularidad del magistrado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien se ha enfocado en atropellar los derechos humanos y laborales, y ha incurrido en acoso, en violencia de género y en discriminación, no solo hacia los suscritos, sino de todo el personal y justiciables que se oponen a sus sórdidos intereses. Estas acciones hacen suponer que dicha persona carece de idoneidad para ocupar ese puesto, pues ha demostrado que se sirve del poder, en lugar de utilizarlo para servir.
Desde hace más de un año, los suscritos somos objeto de una cruel injusticia y persecución cometida por JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, quien sigue ejerciendo violencia de género, acoso laboral y represalias en nuestra contra, por no haber aceptado la línea hacia los Jueces para decidir conforme a los intereses del referido magistrado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ; y la primera por haberse atrevido a defender su derecho a la permanencia y preferencia en el cargo de magistrada; en contraposición a los intereses políticos del Presidente del Tribunal, quien apoyó incondicionalmente al licenciado FELIPE AURELIO TORRES ZÚÑIGA para que ocupe el cargo de magistrado.
No somos los únicos afectados, pero sí los que nos hemos atrevido a alzar la voz, ante la grave crisis que vive, por primera vez en su existencia, el Poder Judicial del Estado desde que el licenciado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ asumió el cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; razón por la cual estamos siendo reprimidos con acciones, como inicio de juicios de responsabilidad sin sustento legal y afectación en las percepciones y prestaciones de los suscritos, sin que exista un verdadero contrapeso entre quienes integran el Consejo de la Judicatura, y que se suponen están obligados a velar por el respeto de los derechos de sus empleados; quienes hoy por hoy no se atreven a denunciar estos atropellos por miedo a perder su trabajo, víctimas de un sistema corrupto, cuyas viejas prácticas de opresión están siendo combatidas desde la Presidencia de la República, ante la urgente necesidad de transformar a nuestras Instituciones, acabando con la corrupción y la impunidad imperantes actualmente.
La afectación a nuestros derechos está siendo impugnada través de los recursos y medios que la ley nos concede; pues no es ello lo que nos ocupa en este comunicado, aunque sí lo es un llamado a la justicia; sino el hecho público y conocido de que la falta de respeto a la dignidad humana y a sus derechos, a la legalidad y a las instituciones de JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, así como de los funcionarios cómplices de la injusticia de la que nos han hecho objeto por nepotismo y corrupción, han llevado a una Institución como lo es el Poder Judicial a la peor crisis de su historia. Creemos firmemente que serán la historia y las instancias legales respectivas quienes juzgarán a este funcionario público en caso de las responsabilidades en las que haya incurrido en el ejercicio de su función.
Sin embargo, sí es esta una petición respetuosa al Pleno de Magistrados ante la proximidad de la elección de quien fungirá, a partir de enero de 2020, como Presidente o Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para que, en una actitud de libertad responsable, consideren que la idoneidad y la honestidad son requisitos esenciales para los que ejercen la función pública; y siendo el Presidente del Tribunal el encargado de dirigir el destino del Poder Judicial, primer garante del respeto irrestricto a los bienes que protege: los derechos humanos, tomen conciencia de que a quien elijan para ocupar el cargo sea aquel magistrado o magistrada que verdaderamente tenga claro que su obligación será servir a la ciudadanía, a la sociedad, a las que debe exclusivamente toda su lealtad. Que ninguna consideración personal ni partidaria puede modificar el hecho de que el elegido o la elegida sea un servidor público sin distingos, que maneja bienes ajenos; que sin importar cuáles son sus méritos, olvide que su situación es siempre la de un empleado que debe rendir cuentas a su empleador –la ciudadanía--, pues una persona por muy eminente que sea, si es deshonesta, es tan perniciosa o más que el honesto sin capacidad para su cargo.
Recuerden que, para una sociedad, no hay nada peor que la injusticia y la impunidad; que el silencio oprobioso que sus titulares han guardado ante las injusticias cometidas dentro de esta Institución, y que son de su pleno conocimiento, pues son incluso hechos públicos, resulta tan ofensivo que su omisión deviene igualmente injusta como la propia acción cometida por su actual Presidente.
Este comunicado es un llamado para el retorno a la cordura, a la honradez, a la urgente necesidad de retomar las políticas públicas sanas, no a su manipulación. Basta ya de manejar a la institución por parte de quienes toman las decisiones, para sostener su poder, estatus y riqueza, siempre a costa y en detrimento del ciudadano.
Por ello, pedimos a los altos funcionarios, encargados de dirigir las políticas judiciales, que por el bien de todos en la próxima elección de Presidente tomen en consideración que la persona electa tiene que ser de tal envergadura, que tenga la capacidad intelectual y moral, para preocuparse y ocuparse en reconstruir, con urgencia, lo que hoy por hoy la Presidencia de JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ ha perdido --el Estado de Derecho, el respeto a la ley y la defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
Como funcionarios estamos comprometidos en contribuir decididamente a la construcción del Estado de derecho; que como dijera el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a dejar de ser percibidos como un poder lejano, aislado de la realidad, extraño a los sufrimientos de la sociedad, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas: “Debemos apostar por un Poder Judicial fuerte, plenamente legitimado ante la sociedad y que rinda cuentas... Todos queremos una mejor justicia, sin ella, la igualdad, la libertad, la dignidad y la seguridad, son sólo una quimera, un lenguaje vacío, una mera aspiración”.
ATENTAMENTE
MTRA. ADRIANA MONTER GUERRERO.
LIC. EMILIO AGUSTÍN ORTIZ MONROY.
LIC. JULIÁN RUIZ CONTRERAS.
LIC. JUAN FERNANDO SALAZAR HERNÁNDEZ.
LIC. JAVIER PÉREZ CONTRERAS
LIC. EFRAÍN TORRES SALAZAR.
Por el bien de la ciudadanía potosina, como por el respeto a los empleados del Poder Judicial del Estado, base irrefutable de su funcionamiento.
Los suscritos maestra Adriana Monter Guerrero, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras; la primera con estatus legal de magistrada; el segundo con estatus legal de Juez de Primera Instancia; y los últimos en su carácter de Jueces de Primera Instancia y Juez de Control; apoyados por la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, PEO y Ayuda a la Sociedad, a través de su Presidente licenciado Efraín Torres Salazar, hacemos del conocimiento de la opinión pública lo que está aconteciendo en el Poder Judicial del Estado, bajo la titularidad del magistrado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien se ha enfocado en atropellar los derechos humanos y laborales, y ha incurrido en acoso, en violencia de género y en discriminación, no solo hacia los suscritos, sino de todo el personal y justiciables que se oponen a sus sórdidos intereses. Estas acciones hacen suponer que dicha persona carece de idoneidad para ocupar ese puesto, pues ha demostrado que se sirve del poder, en lugar de utilizarlo para servir.
Desde hace más de un año, los suscritos somos objeto de una cruel injusticia y persecución cometida por JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, quien sigue ejerciendo violencia de género, acoso laboral y represalias en nuestra contra, por no haber aceptado la línea hacia los Jueces para decidir conforme a los intereses del referido magistrado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ; y la primera por haberse atrevido a defender su derecho a la permanencia y preferencia en el cargo de magistrada; en contraposición a los intereses políticos del Presidente del Tribunal, quien apoyó incondicionalmente al licenciado FELIPE AURELIO TORRES ZÚÑIGA para que ocupe el cargo de magistrado.
No somos los únicos afectados, pero sí los que nos hemos atrevido a alzar la voz, ante la grave crisis que vive, por primera vez en su existencia, el Poder Judicial del Estado desde que el licenciado JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ asumió el cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; razón por la cual estamos siendo reprimidos con acciones, como inicio de juicios de responsabilidad sin sustento legal y afectación en las percepciones y prestaciones de los suscritos, sin que exista un verdadero contrapeso entre quienes integran el Consejo de la Judicatura, y que se suponen están obligados a velar por el respeto de los derechos de sus empleados; quienes hoy por hoy no se atreven a denunciar estos atropellos por miedo a perder su trabajo, víctimas de un sistema corrupto, cuyas viejas prácticas de opresión están siendo combatidas desde la Presidencia de la República, ante la urgente necesidad de transformar a nuestras Instituciones, acabando con la corrupción y la impunidad imperantes actualmente.
La afectación a nuestros derechos está siendo impugnada través de los recursos y medios que la ley nos concede; pues no es ello lo que nos ocupa en este comunicado, aunque sí lo es un llamado a la justicia; sino el hecho público y conocido de que la falta de respeto a la dignidad humana y a sus derechos, a la legalidad y a las instituciones de JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ, así como de los funcionarios cómplices de la injusticia de la que nos han hecho objeto por nepotismo y corrupción, han llevado a una Institución como lo es el Poder Judicial a la peor crisis de su historia. Creemos firmemente que serán la historia y las instancias legales respectivas quienes juzgarán a este funcionario público en caso de las responsabilidades en las que haya incurrido en el ejercicio de su función.
Sin embargo, sí es esta una petición respetuosa al Pleno de Magistrados ante la proximidad de la elección de quien fungirá, a partir de enero de 2020, como Presidente o Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para que, en una actitud de libertad responsable, consideren que la idoneidad y la honestidad son requisitos esenciales para los que ejercen la función pública; y siendo el Presidente del Tribunal el encargado de dirigir el destino del Poder Judicial, primer garante del respeto irrestricto a los bienes que protege: los derechos humanos, tomen conciencia de que a quien elijan para ocupar el cargo sea aquel magistrado o magistrada que verdaderamente tenga claro que su obligación será servir a la ciudadanía, a la sociedad, a las que debe exclusivamente toda su lealtad. Que ninguna consideración personal ni partidaria puede modificar el hecho de que el elegido o la elegida sea un servidor público sin distingos, que maneja bienes ajenos; que sin importar cuáles son sus méritos, olvide que su situación es siempre la de un empleado que debe rendir cuentas a su empleador –la ciudadanía--, pues una persona por muy eminente que sea, si es deshonesta, es tan perniciosa o más que el honesto sin capacidad para su cargo.
Recuerden que, para una sociedad, no hay nada peor que la injusticia y la impunidad; que el silencio oprobioso que sus titulares han guardado ante las injusticias cometidas dentro de esta Institución, y que son de su pleno conocimiento, pues son incluso hechos públicos, resulta tan ofensivo que su omisión deviene igualmente injusta como la propia acción cometida por su actual Presidente.
Este comunicado es un llamado para el retorno a la cordura, a la honradez, a la urgente necesidad de retomar las políticas públicas sanas, no a su manipulación. Basta ya de manejar a la institución por parte de quienes toman las decisiones, para sostener su poder, estatus y riqueza, siempre a costa y en detrimento del ciudadano.
Por ello, pedimos a los altos funcionarios, encargados de dirigir las políticas judiciales, que por el bien de todos en la próxima elección de Presidente tomen en consideración que la persona electa tiene que ser de tal envergadura, que tenga la capacidad intelectual y moral, para preocuparse y ocuparse en reconstruir, con urgencia, lo que hoy por hoy la Presidencia de JUAN PAULO ALMAZÁN CUÉ ha perdido --el Estado de Derecho, el respeto a la ley y la defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
Como funcionarios estamos comprometidos en contribuir decididamente a la construcción del Estado de derecho; que como dijera el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a dejar de ser percibidos como un poder lejano, aislado de la realidad, extraño a los sufrimientos de la sociedad, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas: “Debemos apostar por un Poder Judicial fuerte, plenamente legitimado ante la sociedad y que rinda cuentas... Todos queremos una mejor justicia, sin ella, la igualdad, la libertad, la dignidad y la seguridad, son sólo una quimera, un lenguaje vacío, una mera aspiración”.
ATENTAMENTE
MTRA. ADRIANA MONTER GUERRERO.
LIC. EMILIO AGUSTÍN ORTIZ MONROY.
LIC. JULIÁN RUIZ CONTRERAS.
LIC. JUAN FERNANDO SALAZAR HERNÁNDEZ.
LIC. JAVIER PÉREZ CONTRERAS
LIC. EFRAÍN TORRES SALAZAR.
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