PRESIDIÓ GALLARDO CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE SLP
La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Gobierno, recinto que durante distintos periodos de la historia albergó a los poderes públicos del estado. El escenario permitió simbolizar la coordinación institucional entre las tres ramas del gobierno estatal, en un acto marcado por discursos centrados en la legalidad, los derechos y la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos.
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, señaló que la Constitución representa mucho más que un documento histórico, al establecer derechos y obligaciones, límites al poder público y las bases para la convivencia social.
Sostuvo que, pese a las diferencias políticas, el interés de San Luis Potosí y el respeto a la ley deben colocarse por encima de cualquier interés personal.
En su intervención, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Sarazúa Martínez, recordó que la primera Constitución potosina fue promulgada en 1826 y constaba de 273 artículos, en los que se establecieron derechos como la libertad, igualdad, propiedad, petición y seguridad, además de las bases para la división de poderes.
La magistrada destacó que la separación entre los poderes no debe entenderse como aislamiento o confrontación, sino como un mecanismo de equilibrio, control y colaboración institucional. Subrayó que las instituciones deben ser capaces de trascender a las personas que temporalmente las encabezan y que la ley debe mantenerse por encima de intereses particulares.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la Constitución establece derechos, pero también límites para quienes ejercen responsabilidades públicas. Desde el recinto histórico, llamó a los servidores públicos a cumplir y defender el marco constitucional y expresó respeto a la autonomía y facultades del Congreso.
Gallardo Cardona también planteó que la coordinación entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo debe mantenerse como una alianza institucional orientada a atender las necesidades de la población. Señaló que el desarrollo del estado debe continuar dentro de la legalidad y el Estado de derecho.
Los discursos coincidieron en un punto central: el bicentenario no debe limitarse a una celebración histórica. La conmemoración plantea también una revisión del papel que desempeñan actualmente las instituciones y de su capacidad para garantizar derechos, impartir justicia, representar a la ciudadanía y ejercer el poder con límites.
A 200 años de aquella primera Constitución, el desafío ya no consiste solamente en preservar un documento histórico, sino en conseguir que sus principios tengan una expresión cotidiana en la vida pública. La legalidad, la división de poderes y los derechos ciudadanos adquieren sentido cuando las instituciones son capaces de traducirlos en decisiones y políticas que respondan a la sociedad.
Durante la ceremonia se realizó además la firma protocolaria y la entrega de una reproducción conmemorativa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de 1826. Posteriormente, la presidenta del Congreso declaró clausurado el Décimo Primer Periodo Extraordinario de la LXIV Legislatura.
El bicentenario deja así un mensaje institucional compartido: los gobiernos y sus representantes son temporales, pero las instituciones y el marco constitucional deben permanecer como instrumentos para garantizar la convivencia, los derechos y el equilibrio del poder en San Luis Potosí.
En su intervención, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Sarazúa Martínez, recordó que la primera Constitución potosina fue promulgada en 1826 y constaba de 273 artículos, en los que se establecieron derechos como la libertad, igualdad, propiedad, petición y seguridad, además de las bases para la división de poderes.
La magistrada destacó que la separación entre los poderes no debe entenderse como aislamiento o confrontación, sino como un mecanismo de equilibrio, control y colaboración institucional. Subrayó que las instituciones deben ser capaces de trascender a las personas que temporalmente las encabezan y que la ley debe mantenerse por encima de intereses particulares.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la Constitución establece derechos, pero también límites para quienes ejercen responsabilidades públicas. Desde el recinto histórico, llamó a los servidores públicos a cumplir y defender el marco constitucional y expresó respeto a la autonomía y facultades del Congreso.
Gallardo Cardona también planteó que la coordinación entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo debe mantenerse como una alianza institucional orientada a atender las necesidades de la población. Señaló que el desarrollo del estado debe continuar dentro de la legalidad y el Estado de derecho.
Los discursos coincidieron en un punto central: el bicentenario no debe limitarse a una celebración histórica. La conmemoración plantea también una revisión del papel que desempeñan actualmente las instituciones y de su capacidad para garantizar derechos, impartir justicia, representar a la ciudadanía y ejercer el poder con límites.
A 200 años de aquella primera Constitución, el desafío ya no consiste solamente en preservar un documento histórico, sino en conseguir que sus principios tengan una expresión cotidiana en la vida pública. La legalidad, la división de poderes y los derechos ciudadanos adquieren sentido cuando las instituciones son capaces de traducirlos en decisiones y políticas que respondan a la sociedad.
Durante la ceremonia se realizó además la firma protocolaria y la entrega de una reproducción conmemorativa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de 1826. Posteriormente, la presidenta del Congreso declaró clausurado el Décimo Primer Periodo Extraordinario de la LXIV Legislatura.
El bicentenario deja así un mensaje institucional compartido: los gobiernos y sus representantes son temporales, pero las instituciones y el marco constitucional deben permanecer como instrumentos para garantizar la convivencia, los derechos y el equilibrio del poder en San Luis Potosí.
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