CÓRDOVA ESTÁ ESCONDIDO POR MIEDO A SUFRIR UNA AGRESIÓN, DICE VOCERO DEL ARZOBISPADO
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Texto de Jorge Fernando Canseco / El Heraldo de San Luis Potosí.-
San Luis Al Instante.- El portavoz arquidiocesano Juan Jesús Priego Rivera dejó en claro que ni el Vaticano ni el Papa Francisco han convocado al arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, para tratar el denominado Caso Córdova Bautista.
Priego Rivera dijo que Eduardo Córdova Bautista se mantiene “en algún punto de la ciudad de San Luis Potosí”, sin que éste conozca el lugar exacto, y destacó la conveniencia de hacerlo así, ya que, aseguró, al darse a la publicidad el caso por el que se presume la comisión de delitos de pederastia, “de salir se expone al riesgo de alguna agresión”.
Respecto del viaje que realizará el arzobispo a la capital de Italia, dijo que se trata de una visita que se programa anualmente a nivel regional, denominada ad límina apostolorum, a la que están obligados a asistir los obispos de cada región, sin que esto suponga, en el caso de la arquidiócesis de San Luis Potosí la exposición del caso de Eduardo Córdova Bautista, simple y sencillamente porque este sigue un proceso que –estimó Priego Rivera— habrá posiblemente de concluir en el término de las próximas tres semanas.
Insistió en que, aún cuando el proceso canónico se encuentra en marcha, hasta el momento no se han abierto las vías de la justicia penal civil, en la medida en que no hay ante la Procuraduría y el Ministerio Público ninguna querella formal contra el señalado sacerdote.
En tal sentido, la Diócesis no puede emitir ningún pronunciamiento, toda vez que no hay elementos de culpabilidad, no ha concluido el proceso canónico iniciado y no se ha abierto ninguna querella judicial formal en su contra.
Consideró una irresponsabilidad, en la que se incurre en el presupuesto de un delito de difamación, señalar a Eduardo Córdova Bautista como presunto responsable de actos de pederastia, y aseguró que el artículo publicado por Sanjuana Martínez en La Jornada Nacional, incurre en dos errores graves: acusar mediáticamente a Córdova Bautista de haber afectado con supuestas acciones de pederastia a más de cien personas, al señalar que una supuesta falta de ética de una institución pública como en Ministerio Público, condujo al ocultamiento o desechamiento de querellas que habrían sido formuladas en su contra; y, otra circunstancia se da en el hecho de que los tres testimonios no están en las mesas del Ministerio Público.
“A mí me da la impresión –dijo el portavoz—, que primero se acusó de estos presuntos delitos para generar un escándalo mediático, para después ver qué cae…”
Rechazó, asimismo, que la Arquidiócesis esté protegiendo a su ex apoderado Legal, aseverando que no será sino hasta que concluya el proceso que se le sigue en el tribunal canónico, cuando esté en condiciones de ofrecer una postura y, desde luego, de tomar las medidas conducentes.
Reconoció que Eduardo Córdova Bautista y el arzobispo Cabrero Romero han sostenido por lo menos un encuentro, tras la presunción de las acciones de pederastia, en la que se ha declarado inocente.
Sin embargo, no será el arzobispo quien lo juzgue, sino los integrantes del tribunal eclesiástico que han abierto el proceso canónico correspondiente; serán ellos los que determinen si es o no responsable de lo que se le imputa públicamente y los que finquen la sanción que se corresponda conforme al Derecho Canónico, que va desde la expulsión y la excomunión, hasta la aplicación de penas de menor rango.
—Aunque se diga que la expulsión y la excomunión son penas menores, para los sacerdotes esto equivale a una la pena máxima que contempla la legislación civil –dijo Priego con los ojos lacrimosos.
Ofreció la seguridad de que llegado el momento, y conocido el dictamen canónico, y en su caso –de abrirse el proceso penal-civil—, actuará en consecuencia:
—Don (Jesús) Carlos (Cabrero Romero) –dijo, es un hombre íntegro, de una sola pieza, es un hombre bueno, justo, congruente y consecuente. Ténganle confianza —pidió.
No obstante insistió en señalar que al momento, y a pesar de los tres “testimonios” que presenta la reportera Sanjuana Martínez, no hay un solo caso abierto en el Ministerio Público; sospecho, dijo, que hay manejos turbios en todo esto (el manejo de la información, atribuible, entre otros al ex sacerdote Alberto Athié Gallo).
—Me da la impresión que primero se apresuró a lanzarse la acusación, sin tener elementos, para luego ver qué brinca… pero hasta ahora se han topado con una pared, porque no hay ni una sola denuncia ante las autoridades judiciales.
CONFRONTA A POTOSINOS REGULACIÓN DE MARCHAS
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Texto de Jorge Fernando Canseco / El Heraldo de San Luis Potosí.-
Gráfica de Julio César Ruiz Robles.-
San Luis Al Instante.- En el entorno de la controvertida iniciativa de regulación de manifestaciones, propuesta por el diputado Alejandro Lozano González, el residente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, anunció que el ombudsman potosino emitirá un informe especial.
Y es que, observó que en la iniciativa de Lozano González se encuentran algunas figuras jurídicas penales, con vistas a la criminalización de las manifestaciones públicas; por ejemplo, al introducir el término de reincidencia, lo que representa un atrabiliario “tope” al ejercicio de un derecho, supeditando a una sola ocasión, e ignorando con ello la complejidad de la vida y de las relaciones sociales frente a las instituciones e instancias públicas.
El aula Félix Fernández, donde se realizó el foro de análisis de la propuesta de la denominada Ley Boris fue desbordado por los colectivos y organizaciones sociales, entre las que se contaron #YoSoy132 SLP, Universitarixs Libres, la integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, Ciudadanos Observando, Movimiento Regeneración Nacional y Movimiento del Pueblo Libre, entre otras, además de particulares inconformados.
Jorge Vega Arroyo, consejero presidente de la CEDH, llamó al diálogo de las partes, para la búsqueda de soluciones fundamentadas en la ley, con propuestas claras y con la disposición suficiente para, en todo caso, contribuir a la construcción de una ley reglamentaria en la que se garanticen los derechos individuales y colectivos tutelados y amparados por la Constitución.
Los diversos colectivos que se dieron cita en la pequeña aula universitaria de la Facultad de Derecho, expusieron quejas, razones y fundamentos para mostrar su repudio a la propuesta del legislador, demandándole retirarla.
El legislador Lozano defendió su propuesta destacando que el fondo de la misma persigue preservar y proteger los derechos afectados de terceros.
La respuesta de los opositores a su iniciativa de ley reglamentaria fue unánime: las manifestaciones públicas de repudio a las autoridades son el efecto y no la causa; el fondo del asunto, entonces, sustentaron, se encuentra en el incumplimiento de las autoridades, por cualquiera de estos factores: indolencia, incapacidad, insensibilidad, uso indebido de la función pública y abuso de poder, situaciones que caen en un foso de impunidad, propiciado por un vacío legal.
Las organizaciones que acudieron al Aula Universitaria hicieron valer sus derechos de voz y presentaron de manera abierta, directa y sin tapujos, sus argumentos para definirse en contra de la propuesta de regulación, calificándola como una maniobra por la cual se pretende suministrar la mayor impunidad posible a la irresponsabilidad de los servidores públicos y, particularmente del casi permanentemente ausente gobernador de San Luis Potosí.
En el recinto universitario atronaron las consignas de repudio a la iniciativa del diputado panista Alejandro (El Boris) Lozano, menudearon los carteles con leyendas que descalificaron al legislador, cuestionando su responsabilidad como representante social en el Congreso del Estado.
Como en las manifestaciones callejeras, algunas organizaciones gritaron en el recinto universitario sus consabidas consignas: “¡Si Zapata Viviera, qué chinga le pusiera!”, mientras que en las leyendas en cartulinas, se escribieron cosas como esta, en alusión al sobrenombre por el que le gusta ser llamado el diputado: ¡Burris! ¿Y dónde están tus sesos?” “¡No a la ley Burris!”. “¡Rechazo total a la propuesta animal; rechazo total, es inconstitucional!”.
La masa que hizo valer su derecho a protestar contra la iniciativa desbordó el pequeño salón, ubicándose en los pasillos del primer piso de la Facultad de Derecho, en donde estuvieron presentes también los informantes de las diferentes instituciones públicas federales, estatales y municipales.
CASI TERMINA EN LINCHAMIENTO DEBATE DE LEY ANTIMARCHAS EN FACULTAD DE LEYES
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Texto de Marco Luis Polo / El Heraldo de San Luis Potosi.-
Gráfica de Julio César Ruiz Robles.-
San Luis Al Instante.- Integrantes del Movimiento Pueblo Libre protagonizaron un conato de violencia este día en el marco de la celebración de un foro, en donde se desarrolló el debate de la iniciativa de “Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derecho de Terceros del Estado de San Luis Potosí”, propuesta por el diputado Alejandro Lozano González.
Fue al filo de las 11:20 horas de ayer, cuando se desarrollaba el Foro organizado por el programa académico de Maestría de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando un grupo de manifestantes arribó con pancartas y consignas en contra del diputado Lozano González, por pretender regularizar las manifestaciones en esta entidad federativa mexicana.
Sin embargo, organizadores del evento trataron de impedir el ingreso del grupo del Movimiento del Pueblo Libre al recinto universitario, lo que desencadenó jaloneos, situación que obligó al personal directivo de la Facultad de Derecho a advertir que el evento sería suspendido.
Luego del incidente se permitió el ingreso de los inconformes, que en todo momento generaron un riesgo por las consignas lanzadas al diputado panista Alejandro Boris Lozano. Sin embargo, no pasó más allá de eso.
En el evento en donde se debatió esta iniciativa estuvieron presentes el propio diputado Alejandro Lozano González; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo; el presidente de IPAC, ex diputado panista Carlos Mier; y los activistas en materia de derechos humanos José Robles Haloof de Derechos Ciudadanos; Martín Faz de Educación Ciudadana; y Alejandra Juárez del Colectivo Universitarixs Libres.
Las posturas sobre la regulación de protestas
La sede para el foro fue la Facultad de Derecho de la UASLP, en donde el principal promotor de la iniciativa, el diputado panista Alejandro Lozano González, la defendió argumentando que “es necesario legislar para evitar que se transgreda el derecho de terceros, sin coartar la libre manifestación de las organizaciones sociales.”
Mientras tanto el dirigente de Industriales Potosinos, ex diputado panista Carlos Mier Padrón, dijo que es necesario seguir buscando consensos para analizar si es factible crear una ley que regularice las manifestaciones o únicamente será cuestión de aplicar la ley en delitos ya existentes.
Por su parte, Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que es un iniciativa que genera polémica, y para la cual se debe ser cuidadoso, en virtud de que los derechos de los ciudadanos no deben tener límites y mucho menos se debe establecer sanciones para la libre manifestación.
Por último, José Robles, integrante de la organización “Derechos Ciudadanos”, calificó de retroceso el hecho de que se pretenda regularizar las manifestaciones cuando es un derecho que establece libremente la Constitución.
PESE AFECTAR A VECINOS, "PROYECTO MUÑOZ" SIGUE ADELANTE, DICE TORANZO
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Por: Marco Luis Polo / El Heraldo de San Luis Potosí.-
San Luis Al Instante.- A pesar de las inconformidades de habitantes de la zona norte de la ciudad por la ejecución del proyecto de obras viales en Avenida Muñoz, el gobernador Fernando Toranzo Fernández afirmó que su administración no prevé cancelarlo y aseguró que “las obras estarán concluidas en los tiempos establecidos”.
Entrevistado al término del Primer Foro de Ordenamiento Territorial y Vivienda Sustentable, el mandatario fue cuestionado en torno a las críticas que se han hecho en contra del proyecto, y dijo que son bienvenidos todos los comentarios que lleven a la construcción de esas obras, porque en el sitio transitan más de 52 mil vehículos por día y 80 por ciento destinan esa avenida solamente para tránsito.
Destacó Toranzo Fernández que la construcción de las obras en esa avenida incluye tomar las medidas necesarias para que cuente con más paradores de autobuses.
“Lo que queremos es que sea una vialidad más eficiente y que se cuente con los pasos peatonales que deben existir, porque no existe ninguno, y lo que necesitamos es transformar esta parte de la ciudad con mayor viabilidad y mejoría en la calidad de vida de la zona”, acotó.
De igual forma, el jefe del Ejecutivo expuso que "las comunicaciones son más eficientes de este a oeste y viceversa, pero escasean las de sur a norte y de norte a sur, y esos son cuellos de botella que afectan a la zona metropolitana."
Por lo anterior, el gobernador aseguró que "el proyecto sigue firme, pues se pretende contribuir a generar una verdadera modernización de la Avenida Muñoz."
ARQUIDIÓCESIS ESPERA COMUNICADO DEL VATICANO SOBRE SACERDOTE ACUSADO DE MÚLTIPLES ACTOS DE PEDERASTIA
* Pide hacer
denuncias ante la PJE
* Por los
medios no se llega a nada
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Por: Jorge Fernando Canseco / El Heraldo de San Luis Potosí.-
San Luis Al Instante.- Los sacerdotes no somos una clase ni una raza privilegiada y, en consecuencia, como cualesquier integrantes de la sociedad debemos asumir nuestras responsabilidades, reiteró el sacerdote Fernando Ovalle, frente a los señalamientos que tres presuntas víctimas de abuso sexual han formulado al ex apoderado jurídico de la Diócesis, Eduardo Córdova Bautista.
Ovalle González insistió también en exhortar a las presuntas víctimas de Córdova Bautista o en su caso, a los padres de los menores, para que acudan a las autoridades judiciales a presentar las denuncias correspondientes, para no seguir ventilando estos casos en los medios de comunicación con base a “decires”, ya que por esta vía –advirtió--, a la larga no se llegará a nada.
Aseguró que dentro de la Iglesia se ha abordado el caso en los tribunales de Roma. Los casos que se han llevado en el marco del derecho canónico, se dirimen ya en “Roma” (en el Estado Vaticano).
Llevar la denuncia a los tribunales civiles es una obligación y un derecho de los padres de familia (y de las presuntas víctimas que hoy son adultos), apuntó.
Excusó que la Curia, donde se han renovado los cargos de responsabilidad, desconoce si en los años anteriores se habría presentado alguna denuncia específica contra Eduardo Córdova o cualesquiera otro sacerdote. Si se dio o no alguna denuncia al respecto –dijo--, lo desconocemos.
Al momento y, a pesar de que el caso ha trascendido las fronteras de la capital potosina y del estado, el Vaticano, per sé o al través de la Nunciatura, a cargo de Christopher Pierre, no ha emitido ninguna comunicación oficial al Arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero.
Ovalle insistió en que la el arzobispo ha señalado al respecto cuál es la situación; la arquidiócesis está a la espera de algún comunicado respecto de la situación que guarda Córdova Bautista en el marco del proceso judicial canónico. Sólo esperamos la resolución, el veredicto de “Roma”.
El sacerdote, canciller arquidiocesano, aseguró que en caso de que las víctimas y los padres de las víctimas solicitaran apoyos psicológicos e incluso indemnizaciones, don (Jesús) Carlos Cabrero Romero, el arzobispo de San Luis Potosí, ya ha manifestado que está en la mejor disposición de escuchar y de alguna manera apoyarlos.
