Alianza Gallardo-Cándido-Verde pone a temblar al Güerito Carreras

ALIANZA GALLARDO-CÁNDIDO-VERDE PONE A TEMBLAR AL GÜERITO CARRERAS

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San Luis Al Instante.- En forma sorpresiva fue retirado el punto de acuerdo solicitado por diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, en donde se exhortaba al gobernador Juan Manuel Carreras López a dejar el cargo por haber cometido actos criminales en la administración de 400 millones de pesos del fondo de pensiones de maestros del sistema de Telesecundarias.

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Esto lo dio a conocer el coordinador de la bancada de ese partido, diputado Jesús Sesma Suárez, quien justificó esa decisión debido a que "el gobernador Carreras les dio información suficiente" sobre esos ilícitos que han afectado a miles de profesores de Telesecundarias y "todo quedó debidamente aclarado".

El punto de acuerdo fue presentado con fecha del 30 de marzo pasado y sería votado en la sesión del 6 de abril. En ese documento se acusaba al jefe del Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí de ser culpable del desvío de 400 millones de pesos de los fondos de pensiones de los maestros de aquel sistema. Dichos fondos son depositados en una Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, pues los profesores de Telesecundarias son empleados de la administración potosina y no del gobierno federal.

"No podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos", denunciaban en la solicitud del punto de acuerdo.

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Esta acción produjo un duro impacto político en el jefe del Ejecutivo, así como en la opinión pública nacional y local, debido a que se trata de una grave acusación en contra de un funcionario de alta jerarquía, misma que tiene sustento y debe de ser investigada por autoridades judiciales, además de haber afectado a miles de trabajadores. Por otra parte, la acusación en contra del gobernador priista provenía de una fuerza tradicionalmente aliada del PRI y que acogió al mismo Carreras como su candidato en las pasadas elecciones.

¿Por qué la bancada legislativa del Verde se habría lanzado con tamaña ferocidad en contra del gobernador priista? Y luego, ¿qué acuerdos debieron operar para que los diputados del PVEM, entre los que se encontraba el también diputado priista Cándido Ochoa Rojas, y la dirigencia política de ese partido retiraran en forma sorpresiva tan graves acusaciones en contra del gobernador Carreras?

De acuerdo a versiones periodísticas, el ataque de los verdes en San Lázaro fue urdido por el presidente de esta Capital, Ricardo Gallardo Juárez, por el diputado federal Cándido Ochoa Rojas y por el diputado local Manuel Barrera Guillén, este último dirigente del PVEM en el Estado. 

Con esa maniobra buscaban y al parecer lograron arrodillar al Güerito Carreras ante la posibilidad de que los Sistemas Anticorrupción a nivel nacional y estatal pudieran estrenarse en la persona del edil perredista; y, al mismo tiempo, impedir que el Congreso del Estado suspendiera el contrato multimillonario de iluminación a la empresa Panavi, negocio en el que se encuentran implicados las familias Salinas de Gortari, Torres Corzo y varios diputados locales, además del mismo Gallardo Juárez.

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El milagroso blanqueo de las cuentas de Gallardo / Columna Los Jefes

Cándido, la mano que mueve a Los Broncos / Columna Los Jefes

Gallardo atrapado en el cerco Sandra Sánchez / Columna Los Jefes

Espantado por la acusación en su contra y solicitud de renuncia presentada por la bancada del Verde en San Lázaro con fecha 30 de marzo pasado, al Güerito Carreras parece no haberle quedado más que arrodillarse ante esa fuerza política y sentarse a negociar con ellos. A eso se debería que muy rápido el líder de la diputación apagara la tormenta sobre el gobernador potosino, al asegurar que ya "todo quedó debidamente aclarado".

Lo que no quedó debidamente aclarado fue de dónde saldrán los 400 millones de pesos de los fondos de pensiones que se deben a los profesores de Telesecundarias, mismos que sólo fueron usados en esta mezquina y sucia operación político-financiera como pretexto para obtener dividendos y engrosar riquezas personales.

Será el desarrollo de los acontecimientos quien nos revelará el contenido y alcances de ese oscuro acuerdo entre Gallardo-Cándido-Verde con el gobernador de SLP. Pero lo que sí ya queda muy claro es la naturaleza criminal de quienes tienen bajo su responsabilidad el gobierno de las instituciones públicas, lo cual causa asco y desmoraliza.

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Ochoa Rojas maquilló cifras de delitos con intenciones político electorales

OCHOA ROJAS MAQUILLÓ CIFRAS DE DELITOS CON INTENCIONES POLÍTICO ELECTORALES

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San Luis Al Instante.- El actual diputado federal Cándido Ochoa Rojas ha sido señalado como autor de un ocultamiento de las verdaderas cifras de delitos denunciados en el año 2015.

En ese año se desempeñaba como secretario general de gobierno y tenía bajo su dominio la Procuraduría General de Justicia, cuyo titular era entonces Miguel Ángel García Covarrubias. 

Esto se desprende de un cotejo de cifras de delitos reportadas por la PGJE en el año 2015 y las que ahora se encuentran consignadas en el documento relativo al Primer Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López.

Las cifras de delitos registrados el año pasado, durante el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, fueron de 21 mil 419 casos y no de 11 mil 188 casos, como se informó.

Este descubrimiento se hizo al cotejar el reporte de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública del año 2015 con la información proporcionada anteriormente por la PGJE.

“Resulta inadmisible y arriesga las condiciones de seguridad de una entidad por un juego político”, declaró el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez. 

Esto significó haber escondido 10 mil 231 casos, que ahora sí son reconocidos en el documento de relativo al Primer Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López, quizás al impacto que esos números hubieran tenido sobre el desarrollo del proceso electoral.

Sin embargo, el procurador Federico Garza Herrera atribuyó el error a “una mala captura, debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Corren a Salazar Soni, tras fallido caballazo para colocarlo como SSPE

CORREN A SALAZAR SONI, TRAS FALLIDO CABALLAZO PARA COLOCARLO COMO SSPE

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San Luis Al Instante.- Francisco Salazar Soni fue despedido  por el gobernador Juan Manuel Carreras López como titular del Centro Estatal de Control de Confianza.

Esta decisión la tomó el mandatario luego de que funcionarios de su gabinete y viejas personas ligadas al aparato de seguridad pública del Estado, como el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el comandante Miguel Naya Guerrero, intentaran una embestida para colocar a Salazar Soni como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Es un tema que se da con base a las evaluaciones que se han dado en el tema de seguridad pública. Ya se dieron los cambios y se designó a una persona para el cargo”, dijo brevemente el gobernador Carreras López a periodistas que atienden su agenda.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se reservó el nombre de quien se hará cargo del Centro Estatal de Control de Confianza y solamente dijo que se dará a conocer en los próximos días.

Respecto a los diferentes delitos que se han cometido en el territorio potosino, ya sea del fuero común o del fuero federal, dijo que su gabinete de seguridad trabaja en una estrategia para disminuirlos.

Hace unos días trascendió que funcionarios dentro del propio gabinete del gobernador, como su secretario general Alejandro Leal Tovías, y antiguos elementos de este ámbito, como el comandante Miguel Naya Guerrero y el actual comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, habían dirigido una embestida para quitar al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Gutiérrez García.

En su lugar buscaban imponer a Francisco Salazar Soni, quien también fue elemento del aparato de seguridad en el anteri sexenio de Fernando Toranzo Fernández y es identificado como amigo del diputado federal Cándido Ochoa Rojas.

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La ASE en metástasis por corrupción e influyentismo / Columna Los Jefes

LA ASE EN METASTÁSIS POR CORRUPCIÓN E INFLUYENTISMO / COLUMNA LOS JEFES

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Columna Los Jefes, publicada por el periódico El Sol de San Luis el sábado 11 de junio de 2016.-

Eduardo José Alvarado Isunza.-

Alguien debe darse a la tarea de curar del cáncer que carcome a la Auditoría Superior del Estado. No sólo ha sido reducida a alcahueta de delitos de funcionarios públicos, sino su nómina convertida en botín de políticos.

El más reciente escándalo en que se ha visto involucrada esa entidad en manos de José de Jesús Martínez Loredo, fue el del comedido y veloz blanqueo de las cuentas del presidente Ricardo Gallardo Juárez.

Al desprestigio causado por la corrupción que la ha envenenado, viene a sumarse una escandalosa lista de recomendados de ex funcionarios y diputados, a quienes se ha empleado allí con jugosos sueldos.

Unos 16 empleados han sido relacionados con personajes políticos, como la ex diputada Raquel Hurtado Barrera, de extracción panista. Ella influyó para la contratación de tres de sus hermanas, de nombres Aracely, María Cristina y Vianey.

Con ese delito de tráfico de influencias, el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández pagó a la entonces diputada Hurtado Barrera su voto a favor del cobro de la tenencia automotriz, pese a su compromiso de rechazarlo.

Otro caso fueron los finiquitos a los hermanos Juan Antonio y María Teresa Zapata, quienes igualmente ingresaron a la ASE por decisión personal de Martínez Loredo. El primero es socio del despacho “Martínez Loredo y Zapata S.C.”

A ese despacho se le señala de haber sido utilizado para maquillar cuentas del invernadero Santa Rita. A Juan Antonio Zapata se le acusó de haber recibido un finiquito por 301 mil 169 pesos y a María Teresa otro por 119 mil 638 pesos.

Martínez Loredo debe el cargo al ex secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, a quien devolvió el favor, empleando su hijo del mismo nombre y a Elvia Luna Roque, sentimentalmente allegada a la familia.

El diputado Manuel Barrera Guillén, siendo titular de la Secretaría de Ecología, colocó a su hermano José Fernando como encargado de la Unidad de información Pública de la ASE con un sueldo de 30 mil a 32 mil pesos.

A la empleada Nadia Yolanda Gaitán Martínez se le relaciona con la diputada Graciela Gaitán, de extracción perredista; y una sobrina del diputado panista Héctor Mendizábal, de nombre Alejandra, también está en la nómina.

Pero quien sí se pasó de vividor fue el actual secretario técnico del gabinete, José Guadalupe Torres Armenta, quien tiene a tres de sus hermanos en la ASE, de nombres Ma. del Rocío, quien gana unos 37 mil pesos; Marco Antonio, quien cobra otros 21 mil pesos; y Ruth del Consuelo, quien devenga unos 37 mil pesos.

Otros personajes con familiares en la ASE son: el regidor Raymundo Ramírez Urbina, el ex regidor Marco Zavala, el delegado de la STyPS, Edgar Durón Puente; el ex diputado Enrique Trejo y el líder del PAN, Xavier Azuara.

La ASE es un cuerpo en metástasis por el cáncer de la corrupción y la impunidad. Es urgente someterla a una intervención radical, capaz de curarle hasta las células más íntimas de sus huesos. La pregunta es quién se atreverá.

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"Broncos" obligan a la ASE a rasurar observaciones a Gallardo por Sandra Sánchez

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El milagroso blanqueo de las cuentas de Gallardo / Columna Los Jefes

EL MILAGROSO BLANQUEO DE LAS CUENTAS DE GALLARDO / COLUMNA LOS JEFES

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Columna Los Jefes, publicada en el periódico El Sol de San Luis el martes 7 de junio de 2016.-

Eduardo José Alvarado Isunza.-

Por ser flojos para leer o por estar predeterminados por sus propios marcos de referencia, pocos entendieron a qué se refería Jorge Schiaffino Isunza cuando el viernes pasado disparó tremendos obuses en contra de Ricardo Gallardo Juárez.

Cuando el delegado del PRI acusó de gobernar al prerredista con el crimen organizado a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad no se refería a grupos dedicados al narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y prostitución.

En el contexto de sus declaraciones puede hacerse una hermenéutica a sus palabras y descifrarlas con justeza. Schiaffino se refirió al blanqueo de irregularidades por 37 millones de pesos de la cuenta pública municipal.

El hecho de que en solo 20 días Gallardo pudiera comprobar a la Auditoría que gastó correctamente 37 millones de pesos en medicamentos a la misteriosa Sandra Sánchez Ruiz, fue considerado por el priista como una operación criminal.

No se refería a que el perredista gobernara con un cártel dedicado al comercio de drogas o de personas o al sicariato, sino que sólo una pandilla criminal podría haber hecho posible el milagro de blanquear así de rápido sus cuentas.

Por una extraña razón, gallardistas, periodistas, funcionarios y ciudadanos fatalmente construyeron en su cabeza una asociación entre el munícipe con cárteles como los arriba mencionados, a partir de las declaraciones del delegado priista.

Pero por crimen organizado no debe entenderse sólo a esa clase de pandillas. También debe entenderse a quienes se organizan para cometer defraudación fiscal, robo de dinero público, delitos contables, crear empresas fantasmas.

En voz de Schifaffino, entre quienes integrarían ese grupo criminal estaría José de Jesús Martínez Loredo, titular de la Auditoría Superior del Estado, pues él quitó la mangana que amenazaba con hacer rodar a Gallardo por el suelo.

Ante medios informativos, fue este funcionario quien juzgó las sospechosas compras de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz como “totalmente correctas”, aunque extrañamente luego intentó descalificarse a sí.

Otros que habrían formado parte de esa operación de blanqueo de la contabilidad municipal, con el fin de limpiar de toda sospecha de delito a Gallardo Juárez, habrían sido diputados de la autodenominada facción de Los Broncos.

De acuerdo a publicaciones periodísticas, serían ellos quienes pidieron a Martínez Loredo eliminar 15 páginas del “Pliego de observaciones correspondiente a la revisión de octubre a diciembre de 2015 (Ramo 28)”.

Auditores que trabajaron en esa investigación señalan que los movimientos sobre los que diputados pidieron eliminar observaciones se relacionan con la compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz.

A este grupo debe agregarse el nombre de Cándido Ochoa Rojas. A él debe Martínez Loredo su puesto en la ASE, además de ser suya la mano que mueve a Los Broncos. A ellos se refería Schiaffino y no a un cártel de drogas o de sicarios.

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Gallardo atrapado en el cerco Sandra Sánchez / Columna Los Jefes

Cándido, la mano que mueve a Los Broncos / Columna Los Jefes

CÁNDIDO, LA MANO QUE MUEVE A LOS BRONCOS / COLUMNA LOS JEFES

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Columna Los Jefes, publicada en el periódico El Sol de San Luis el sábado 4 de junio de 2016.-

Texto de Eduardo José Alvarado Isunza.-

En el Congreso del Estado se desarrolla un campo de batalla, cuyas consecuencias determinarán la distribución del poder económico y político, así como podrían dinamitar las bases de autoridad del gobernador Juan Manuel Carreras.

Muchos explicarían el surgimiento y consolidación de una facción autodenominada Los Broncos en función solamente de ambiciones muy limitadas por el presente y por la voracidad de hacer dinero mientras dure el cargo.

Pero con más elementos de análisis puede apreciarse que es Cándido Ochoa Rojas, ahora diputado federal y ex secretario general de gobierno, quien mueve esas piezas, desde lejos, fuera de sospechas y totalmente hundido en la oscuridad.

Aquella facción es integrada por José Luis Romero (PRI-Verde), Manuel Barrera Guillén (Verde), J. Guadalupe Torres Sánchez (PRD), Enrique Flores Flores (PAN), Alejandro Segovia (PRI), Héctor Mendizábal (PAN) y otros.

Ellos tejieron una red muy fuerte de complicidades y negocios con Ochoa, cuando éste fungió como una especie de vicegobernador en el anterior sexenio por incapacidad de Fernando Toranzo Fernández para ejercer el poder.

Romero debe a Ochoa y a una gran bolsa de dinero su escaño en el Congreso del Estado, pues aquel participó como negociador ante Manuel Barrera Guillén, dueño de la franquicia del Verde, para convertirlo en candidato.

En cuanto a Barrera Guillén, fue en la gestión de Ochoa cuando el Verde ocupó notables espacios de poder, como fue controlar todas las oficinas dedicadas a imponer la legislación ecológica y los millonarios negocios derivados de ella.

Más evidente aún es la dependencia de Torres Sánchez con Ochoa. Él era miembro de su despacho, de donde salió para ocupar la secretaría general del ayuntamiento de Soledad, cuando el presidente era Ricardo Gallardo Cardona.

Cándido también sostiene buena relación con Enrique Flores, pues sacó del desempleo a su padre, Alejandro Flores Balderas, convirtiéndolo en director de la cárcel de Rioverde y movió influencias para hacerlo jefe de policía de Cerritos.

El caso de Alejandro Segovia sólo se explica por la orfandad en que lo dejó la muerte de su hermano Juan Manuel y su cercanía con Romero Calzada. Llegó a la curul, pues su hermano fue impedido a ser diputado federal por la cuota de género.

Mendizábal debe grandes favores a Cándido, pues como presidente del PAN en el Estado abrió las puertas de la Secretaría General de Gobierno a no menos de quince recomendados suyos, entre los que se encuentra Juan Carlos Álvarez.

Otros autodenominados patéticamente Los Broncos están bajo hegemonía de Ricardo Gallardo Juárez, con quien Cándido Ochoa mantiene estupenda relación; o bien, al control de Mendizábal y Flores Flores, como Citlalic Sánchez.

Más diputados pueden unirse a este bloque, dependiendo de los cañonazos de dinero. En las próximas decisiones del Congreso, como son Vigue, Plan Municipal de Desarrollo Urbano o la designación de comisionado de la Cegaip, se verá a quién obedece el Congreso y quién mandará en lo futuro en SLP.

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Acusan al diputado priísta Cándido Ochoa de tráfico de influencias en la ASE

ACUSAN AL DIPUTADO PRIÍSTA CÁNDIDO OCHOA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA ASE

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San Luis Al Instante.- El diputado federal Cándido Ochoa Rojas fue acusado por la organización Ciudadanos Observando de cometer el delito de tráfico de influencias en la Auditoría Superior del Estado, en beneficio de su hijo Cándido Ochoa Limón.

Se trataría de un pago de favores al mencionado diputado federal, ya que el titular de la Auditoría, José de Jesús Martínez Loredo, llegó a este puesto por imposición suya, cuando se desempeñaba como secretario general de gobierno en la gestión de Fernando Toranzo y en la cual desempeñó funciones de vicegobernador.

"Ochoa Rojas impuso a Martínez Loredo para encubrir todos los malos manejos generados por la pasada administración. Incluso Martínez Loredo y Ochoa Rojas fueron socios y el trabajo de blanqueo de cuentas le ha funcionado a la perfección. Solo que todo favor tiene muchos costos. Ahora Martínez Loredo se ha visto obligado a colocar dentro de la ASE al hijo de Ochoa Rojas", señaló la organización, a través de su portavoz José Guadalupe González. 

"Los pagos de favores del Auditor a Cándido Ochoa son muchos. En este caso es sólo pecata minuta. Pero no deja de ser censurable, porque muestra claramente para lo que está realmente sirviendo este organismo "autonomo" de vigilancia", continuó.

"La Auditoría es una agencia de colocación de los diputados en turno y muchos escándalos se han dado por este tema, donde ha quedado en evidencia que hijos, recomendados, amigos, compadres y parientes encontrarán un lugar seguro para disfrutar de los recursos públicos", sostuvo.

Este hallazgo lo hizo esta organización al revisar la plantilla oficial de la Auditoría Superior del Estado. "El portal oficial de transparencia de la ASE muestra en su sección de egresos, que Cándido Ochoa Limón es parte de la plantilla y recibió el pasado 28 de abril del 2016 un pago como parte de remuneración al personal, con el cheque Banorte No. 2074 por $5,272.55, el cual fue autorizado por el C.P. José de Jesús Martínez Loredo y Abraham Martín Reyes", denunció.

Dicho documento se localiza en la página número 8 del siguiente enlace: http://www.aseslp.gob.mx/Transparencia/A19F11/egresos/2016/EGREABR16.pdf 

"Es evidente que la Auditoría está en completa descomposición y es uno de los organismos más deteriorados en su credibilidad por ser utilizado para tapar la corrupción de múltiples funcionarios municipales y municipales, diputados y gobernadores en turno. La nómina de este organismo ha crecido de forma desmedida y los recursos públicos se siguen derrochando como si fueran una fuente inagotable", comentó Ciudadanos Observando.

Ministeriales y Estatales implicados en crimen organizado, denuncia Cándido

MINISTERIALES Y ESTATALES IMPLICADOS EN CRIMEN ORGANIZADO, DENUNCIA CÁNDIDO

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San Luis Al Instante.- Policías ministeriales y estatales están involucrados en robo de ganado y extorsión, denunció el diputado federal Cándido Ochoa Rojas en una reunión con productores ganaderos del municipio de Tanquián de Escobedo, celebrada la semana pasada.

Aunque el ex secretario general de gobierno de SLP no habló de cantidades de dinero exigidas a los ganaderos ni del número de reses que les robaron, dijo que en febrero pasado presentó ante el Congreso de la Unión esta problemática y fueron llamados a comparecer los encargados de la Procuración de la Justicia de SLP, Veracruz e Hidalgo, por una posible complicidad entre policías de los tres Estados para cometer estos delitos.

La incidencia de estos delitos ha disminuido, dijo, pero advirtió que vigilará que se investigue y se castigue a los responsables, "porque no sólo se trata de removerlos a otras zonas sino de fincar una responsabilidad si se les comprueba que estuvieron involucrados". Y añadió: “No se trata de que echen la basura de aquí a otro lado, se trata de poner orden".

A fines del año pasado, productores ganaderos de Tanquián denunciaron ser víctimas de robo de ganado y de extorsiones por parte de elementos de la Policía Estatal y Ministerial, quienes operaban en contubernio con los delincuentes.

¿Quién tiene los equipos de espionaje? Funcionarios de Carreras dicen ignorarlo

¿QUIÉN TIENE LOS EQUIPOS DE ESPIONAJE? FUNCIONARIOS DE CARRERAS DICEN IGNORARLO

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Gráfico de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- El procurador de justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, dijo ignorar en dónde se encuentran los equipos de espionaje adquiridos por el anterior gobernador Fernando Toranzo Fernández, los cuales podrían estar sido utilizados para intervenir conversaciones telefónicas de personal del gobierno, de partidos políticos, de periodistas y de otros personajes con liderazgo en la sociedad, como fue revelado con la reciente filtración de una plática entre José Luis Ugalde Montes, actual secretario de Finanzas, y el empresario periodístico Pascual Oyarvide Sánchez.

Recien establecida la actual administración, encabezada por Juan Manuel Carreras López, a fines de septiembre pasado, periodistas preguntaron al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, general retirado Arturo Gutiérrez García, acerca de si se le habían entregado dichos equipos de espionaje telefónico, a lo que respondió sorprendido: "No tengo conocimiento de eso. No tenemos eso. ¿De qué equipo de espionaje me hablan?".

Debieron de ser los propios periodistas quienes informaron al encargado de la seguridad pública de SLP acerca de la existencia de dichos aparatos, entre los que se encuentra uno denominado como "La ouija del diablo". Enseguida le preguntaron si ex funcionarios torancistas o el propio ex gobernador se hubieran adueñado ilícitamente de esos aparatos, a lo que Gutiérrez García contestó: "No, yo no sé. No lo tengo, te lo juro. Hay tecnología, pero no está relacionado con equipo de espionaje". 

Sin embargo, en la administración de Toranzo Fernández la organización Ciudadanos Observando descubrió que se habían adquirido dichos equipos con 56 millones de pesos, cuya procedencia fue el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El equipo incluye un módulo para el seguimiento de redes telefónicas, otro que contiene el software y un set de

seis antenas direccionales de alta ganancia. Estos aparatos no fueron entregados en el proceso de entrega - recepción de Fernando Toranzo Fernández a Juan Manuel Carreras.

Ahora el procurador Garza Herrera reiteró que dichos equipos de espionaje “no se encuentran en poder de esta Procuraduría”, aunque rebotó el tema a la cancha del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues comentó que quizás él podría saber de su existencia. “Ningún equipo de esa clase fue entregado a la Procuraduría”, añadió, aunque sí dijo recordar que dicho equipo fue solicitado precisamente por esta área en la última etapa del gobierno torancista para la Unidad Especial de Combate al Secuestro, en tiempos del ex procurador Miguel García Covarrubias. 

En la conversación telefónica entre José Luis Ugalde Montes y Pascual Oyarvide Sánchez, filtrada recientemente y cuya copia se encuentra para conocimiento de la ciudadanía potosina en el canal de Youtube de San Luis Al Instante, se revelan actos de campaña ilegales, cometidos por el actual gobernador Juan Manuel Carreras, a quien califican de "muy pendejo" y "muy soberbio", además de hacer "unos negociazos muy cabrones".

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San Luis Al Instante.- Por no encontrar pruebas del delito de abuso sexual del que se le culpaba y a un año de encontrarse en prisión en el reclusorio de La Pila, el sacerdote Guillermo Gil Torres fue liberado esta martes.

En el actual sexenio del gobernador Fernando Toranzo Fernández, la liberación del sacerdote Gil fue la tercera de ministros católicos por no encontrárseles suficientes pruebas de los delitos que se les culpaban.

El primero de ellos fue el sacerdote salesiano José Carlos Contreras, acusado del asesinato de la joven Itzachel Shantal González López, ocurrido hace poco más de 6 años y que aún continúa impune. Y el segundo fue el del sacerdote José Jesús Cruz Rodríguez, mejor conocido com "Padre Chuy", acusado también de haber cometido abuso sexual.

En los casos de los sacerdotes Gil Torres y Cruz Rodríguez se afirmó que habían sido tomados como "chivos expiatorios" del gobierno de Toranzo y de la jerarquía eclesiástica para dliluir las fuertes críticas por los innumerables abusos sexuales contra menores, cometidos por el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, aún prófugo.

El sacerdote Gil Torres oficiaba en la iglesia Santa Rosa de Lima de la colonia 21 de Marzo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y fue detenido el 27 de junio de 2014, acusado de abusar de un menor de edad.

Como sucedió en los tres casos mencionados arriba, en su defensa hubo importantes movilizaciones por parte de la comunidad católica, como se aprecia en la fotografía que acompaña a esta nota.

En todos estos asuntos judiciales estuvo implicado el ahora ex secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, quien ahora es diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional.

"Elecciones no medirán mi desempeño", dice un cínico Toranzo

"ELECCIONES NO MEDIRÁN MI DESEMPEÑO", DICE UN CÍNICO TORANZO

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San Luis Al Instante.- El gobernador Fernando Toranzo Fernández aseguró esta mañana que las elecciones que se desarrollan este domingo en todo el Estado "no son una medición o evaluación de mi desempeño como jefe del Ejecutivo Estatal".

El jefe del Ejecutivo emitió su voto en la casilla ubicada en el Planetario del Parque Tangamanga I, en donde fue entrevistado por reporteros que acudieron a la cobertura informativa de este acto, quienes le preguntaron si temía que su gobierno fuera castigado en las urnas.

"Se trata de un proceso libre en el que los ciudadanos plasmarán su confianza hacia el partido político o figura que consideren es mejor opción", escribieron reporteros que recogieron sus palabras.

Asimismo, dijo que están dadas las condiciones para que los comicios se desarrollen con normalidad y aseguró que en los primeros minutos de la jornada solo había sido informado de incidencias menores.

La fotografía que ilustra esta nota fue tomada en una playa del Pacífico mexicano, a donde el gobernador Toranzo acude con frecuencia a pesar. En la imagen está acompañado por Cándido Ochoa Rojas, ex secretario general de gobierno y candidato a diputado federal por el PRI.

Familiares de jóvenes desaparecidos acusan a Toranzo y Cándido de complicidad con criminales

FAMILIARES DE JÓVENES DESAPARECIDOS ACUSAN A TORANZO Y CÁNDIDO DE COMPLICIDAD CON CRIMINALES

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San Luis Al Instante.- Familiares de jóvenes desaparecidos desde hace más de cinco años denunciaron al gobernador Fernando Toranzo y al ex secretario general de gobierno y actual candidato a diputado federal por el PRI, Cándido Ochoa Rojas, de ser cómplices del crimen organizado.

Al mismo tiempo, exigieron a la Procuraduría General de la República reactivar las investigaciones que están en punto muerto desde hace años, en torno a la desaparición de cuatro jóvenes entre 18 y 24 años, ocurrida en esta Capital potosina hace seis años, en plena campaña de candidatos a la gubernatura.

Los jóvenes desaparecidos son: Moisés Gámez Almanza, Julio César Coronado, Marco Antonio Coronado y Luis Medina, de entre 18 y 24 años de edad. Ellos colaboraban en la campaña del entonces candidato a gobernador por el PRI, Fernando Toranzo Fernández, a invitación del actual regidor y dirigente municipal priísta Gerardo Aldaco Ortega. Al parecer, la noche en que desaparecieron fueron interceptados por un comando armado en avenida Ricardo B. Anaya, cuando regresaban de una reunión.

A pesar de que a los pocos días Toranzo Fernández ganaría la elección y se convertiría en gobernador del Estado, nada hizo para dar con el paradero de los muchachos que colaboraban en su campaña y hacer justicia por lo que les sucedió.

Esto llevó a sus padres, madres y tíos a acusar a Toranzo Fernández y a Cándido Ochoa Rojas de complicidad con el crimen organizado; y a denunciar que en su gobierno han existido más de 300 desapariciones.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes por sus familiares, también mencionaron como implicado al actual comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien entonces fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Según dijeron, en la transición del poder político en SLP debió existir una especie de acuerdo del gobierno con los grupos criminales, ya que "desaparecieron alrededor de 300 jóvenes con características similares, de clase baja y en edad productiva, por lo que pudo haber sido una especie de reclutamiento de carne de cañón para los cárteles".

En el caso de Gerardo Aldaco Ortega, para quien trabajaban los jóvenes en la campaña del PRI y que luego sería regidor y presidente municipal de ese partido, éste les ha sugerido “que ya no le muevan”, en vez de apoyarlos en su búsqueda. De hecho, llegó a decir a sus padres que "los muchachos ya no iban a volver".

Por si fuera poco, la madre de uno de los desaparecidos pagó 100 mil pesos a unas personas que se identificaron como secuestradores para liberar a su hijo. Policías Ministeriales sugirieron que diera el dinero y que ellos monitorearían las llamadas para localizar a los delincuentes y detenerlos. Pero, cuando se hizo la entrega del dinero, los policías ministeriales, en vez de acompañarla al lugar de los hechos, se quedaron en el domicilio de la familia a esperar.

Una vez hecho el pago, los delincuentes le dijeron que pronto le enviarían a su hijo. Sin embargo, nunca apareció, por lo que presumen contubernio de la Policía Ministerial y los criminales.

“Nosotros pensamos que los ministeriales tuvieron mucho que ver porque era mucha casualidad que cada vez que nosotros decidíamos ir al edificio de la PGJE y de Seguridad Pública a revisar los avances de la investigación eran los mismos días cuando de inmediato recibíamos las llamadas de los plagiarios y nos amenazaban de que por qué estábamos con la policía y nos amenazaban de muerte”, dijeron.

“Creemos que desde la cabeza está metida la corrupción con el crimen organizado; sólo se tapan unos a otros y no hacen nada”, sostuvo.

Toranzo solapa a cómplices de secuestro y crimen de hijo de ex diputado

TORANZO SOLAPA A CÓMPLICES DE SECUESTRO Y CRIMEN DE HIJO DE EX DIPUTADO

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San Luis Al Instante.- Con mantas en distintos puntos de la Plaza de Armas, Tomás Rosales López volvió a señalar a funcionarios de la administración del gobernador Fernando Toranzo Fernández de ser cómplices del secuestro y homicidio de su hijo Pedro Pablo en el año 2011, además que denunció la impunidad con que el régimen ha protegido a los criminales.

Ex diputado local por el desaparecido Partido Socialista de los Trabajadores, Rosales López ha responsabilizado de lo sucedido a su hijo a Cándido Ochoa Rojas, ex procurador de justicia, ex secretario general de gobierno, así como a José Luis Ruiz Contreras, ex secretario particular de Ochoa Rojas en la Procuraduría de Justicia.

Ahora Ochoa Rojas es candidato del PRI a diputado federal por un distrito con cabecera en Ciudad Valles y Ruiz Contreras es delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El padre de la víctima volvió a instalar mantas en distintos puntos de la Plaza de Armas de esta Capital potosina para denunciar ante la sociedad potosina la impunidad con que se ha protegido a quienes secuestraron y asesinaron a su hijo, así como señalar a estos personajes como cómplices del crimen.

Rosales explicó que la PGJE detuvo a los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Pedro Pablo. Sin embargo, por razones inexplicables fueron puestos en libertad.

También denunció que policías que resguardan la Plaza de Armas fueron regañados por sus superiores por haberlo dejado entrar y colocar sus mantas, lo que expone una política de represión en su contra del gobernador Toranzo, quien además estaría atentando contra la libertad de expresión.

Expresó su agradecimiento con el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, por el apoyo que últimamente le ha ofrecido.

Como se aprecia en la fotografía, anteriormente Rosales López ha llegado a utilizar anuncios espectaculares para informar a la sociedad potosina sobre lo sucedido a su hijo y exigir justicia.

Toranzo y Cándido acusaron a otros cuatro inocentes de homicidio y los encarcelaron por años

TORANZO Y CÁNDIDO ACUSARON A OTROS CUATRO INOCENTES DE HOMICIDIO Y LOS ENCARCELARON POR AÑOS

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San Luis Al Instante.- Durante el actual gobierno de Fernando Toranzo y cuando en la Procuraduría General de Justicia su titular era Cándido Ochoa Rojas, actual candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal, cuatro hermanos fueron detenidos, torturados y encarcelados por años, acusados falsamente del asesinato de una menor de 13 años en el municipio de Rioverde.

Ahora esos jóvenes se encuentran en libertad y acusan al gobierno de haber cometido una grave injusticia en su contra, que les causó un terrible daño emocional y moral, pues se les mantuvo en prisión durante dos y cuatro años, luego de habérseles acusado falsamente del homicidio de una menor identificada como Rebeca, ocurrido el 17 de agosto de 2011.

En ese entonces, el titular de la PGJ era Cándido Ochoa Rojas, quien también mantuvo en prisión a otras dos personas, acusándolas de haber cometido delitos por los que más tarde saldrían del penal por encontrárseles inocentes. Ellos fueron los sacerdotes José Carlos Contreras, acusado del homicidio de la joven Itzael Shantal en el interior del colegio Salesiano; y José de Jesús Cruz Rodríguez, conocido como “Padre Chuy”, acusado de abuso sexual y recientemente liberado.

En condiciones similares se encuentran los casos de los hermanos Agustín, Juan Carlos, Julio y Antonino Castro Torres, quienes debieron pasar entre dos y cuatro años de prisión, de la que saldrían al demostrarse su inocencia en el crimen de que les acusó el procurador Cándido Ochoa Rojas y, en consecuencia, el gobierno de Fernando Toranzo Fernández.

Como se mencionó antes, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2011 en un camino vecinal en la delegación de Pastora. El día siguiente, elementos de todas las corporaciones bajo el mando de Juan Manuel Escobar, jefe de la Policía Ministerial del Estado, detuvieron en el rancho Santa Fe, en la comunidad de Diego Ruiz, a los hermanos Castro Torres.

En el trayecto a la cabecera municipal de Rioverde fueron torturados y al llegar a la Subprocuraduría de Justicia, fueron golpeados salvajemente, exigiéndoseles culparse del homicidio, bajo amenaza con hacer lo mismo con sus hermanas, por lo que se vieron obligados a culparse del homicidio.

A consecuencia de esta forma de actuación de la Procuraduría de Justicia bajo responsabilidad del gobernador Toranzo Fernández y del abogado Ochoa Rojas, hoy candidato del PRI a diputado federal, dos años después debieron de ser liberados dos de los hermanos; y cuatro años más tarde los otros dos. Estuvieron tanto tiempo en prisión por carecer de dinero para pagar abogados.

Ahora su madre, Marina Castro, exige justicia y reparación del daño al gobernador Toranzo y al candidato priista Cándido Ochoa Rojas. Pero además,el homicidio de la menor sigue sin castigo. Frente a estos inhumanos casos queda revelada cuál ha sido la actuación de estos funcionarios en materia de procuración de justicia.

Juez dicta libertad del Padre Chuy, considerado una víctima del toranciato

JUEZ DICTA LIBERTAD DEL PADRE CHUY, CONSIDERADO UNA VÍCTIMA DEL TORANCIATO

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San Luis Al Instante.- El juez cuarto de lo penal dictó sentencia absolutoria este mediodía para el padre José Jesús Cruz Rodríguez, mejor conocido com "Padre Chuy", quien era sometido a proceso en el penal de La Pila, acusado de haber cometido abuso sexual.

Hacia las 14 horas de este jueves, Ricardo Sánchez García, representante del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruíz” informó que el juez determinó la libertad del sacerdote potosino, quien estuvo preso desde finales del 2014.

Se esperaba que el sacerdote abandonara el reclusorio hacia las 15:00 horas; a las afueras del penal lo esperarán seguidores del movimiento‪#‎TodossomoselpadreChuy‬.

Desde su detención hubo importantes movilizaciones de feligreses en plazas públicas y templos de esta Capital, quienes consideraron al "Padre Chuy" como un "chivo expiatorio" del gobernador Fernando Toranzo Fernández, del ex secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, del procurador Miguel Ángel García Covarrubias y de la alta jerarquía eclesiástica.

Con el proceso al "Padre Chuy" buscaba diluirse las fuertes presiones políticas y sociales ocasionadas por el caso del influyente ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista.

Cándido Ochoa es repudiado por cañeros al pedir su voto

CÁNDIDO OCHOA ES REPUDIADO POR CAÑEROS AL PEDIR SU VOTO, PUES NUNCA LOS APOYÓ

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San Luis Al Instante.- Cañeros de la Unión Local de Productores que abastecen el Ingenio Plan de Ayala en Ciudad Valles criticaron a Cándido Ochoa Rojas, candidato del PRI a diputado federal por el IV Distrito, durante una visita que les hizo para solicitarles su voto.

Los cañeros cuestionaron su acercamiento por ser tardío, pues aseguraron que nunca los apoyó como secretario general del Gobierno del Estado en la actual administración de Fernando Toranzo Fernádez.

“No es justo que ahora que tiene un interés sí venga a buscar nuestro apoyo, se supone que estaba para atender a la gente. Es evidente que lo único que busca es beneficios en la política, pero mis respetos, cada quien”, puntualizó el tesorero Eduardo Martínez Morales.

Ochoa Rojas arribó a las instalaciones de esta agrupación para pedir el apoyo de los cañeros y dar a conocer su propuesta.

Antonio Juárez Torres, dirigente de la unión, aseguró que como organización plural, los candidatos de cualquier partido pueden presentarse para dar a conocer sus propuestas, pero de ningún modo habrá coacción al voto.

Sin embargo, Martínez Morales criticó la visita que hizo el candidato priísta, pues aseguró que líderes de las cuatro regiones de cañeros lo buscaron para solicitar su apoyo como Secretario General de Gobierno, a fin de concretar proyectos a favor de este sector.

Sin embargo, el ahora candidato nunca los atendió, aún cuando es miembro de esta misma organización cenecista.

Acusa Díaz de León a Cándido Ochoa de amenazar a su familia

ACUSA DÍAZ DE LEÓN A CÁNDIDO OCHOA DE AMENAZAR A SU FAMILIA

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San Luis Al Instante.- Alfonso Díaz de León Guillén, candidato del PAN a diputado federal por el IV Distrito con cabecera en Ciudad Valles, denunció que su familia ha sido objeto de intimidaciones y amenazas desde hace varios días de las cuales culpó a su adversario en esa contienda, Cándido Ochoa Rojas.

Al ex procurador de justicia del Estado y ex secretario general de gobierno lo responsabilizó “de cualquier cosa que pudiera sucederle.”

Ochoa Rojas es candidato del PRI por el mismo IV Distrito Federal y ha sido relacionado por importantes medios periodísticos con grupos de delincuencia organizada que operan en el Estado.

Díaz de León aseguró que él no tiene miedo, pero se involucra a personas que ama, como su familia y su equipo. De hecho, dijo, sus familiares han recibido amenazas contra su integridad.

Por ello, pedirá apoyo del Partido Acción Nacional, organización a la que representa en la actual contienda, y se dirigirá a la Secretaría de Gobernación para que le proporcionen seguridad a su familia, a sus colaboradores y a él mismo, pues dijo no sentirse respaldo por las instancias estatales.

“Todos sabemos los antecedentes de la persona que será mi rival (Cándido Ochoa Rojas). Yo no tengo miedo, estoy firme y convencido de los sueños que tengo de poder aportar algo a nuestro país con mejores leyes, mejores instituciones, con rendición de cuentas, con transparencia y poner todo mi corazón en la contienda”, afirmó.

Díaz de León Guillén es actualmente diputado local por el Partido Verde Ecologista de México. Pero ha solicitado registro como candidato del PAN a diputado federal.

Recientemente trascendió que existía un proceso penal en su contra, motivo por el cual se le habría negado la expedición de una Carta de Antecedentes No Penales. “Yo no tengo ningún proceso abierto judicial. Eso es falso. Pero atenderé las querellas que existieran, si las hubiera”, enfatizó.

Católicos piden "voto de castigo" contra quienes persiguieron a sacerdotes

CATÓLICOS PIDEN “VOTO DE CASTIGO” CONTRA QUIENES PERSIGUIERON A SACERDOTES

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Por: Jorge Fernando Canseco.-

San Luis Al Instante.- A no emitir un voto por el que puedan beneficiarse los personajes de la clase política que han atentado contra la integridad, la fama y la libertad de los sacerdotes potosinos, como el párroco de Nuestra Señora de Fátima, José de Jesús Cruz Rodríguez, convocaron los integrantes del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García y del movimiento Todos somos el Padre Chuy.

Los simpatizantes del sacerdote ingresado a la penitenciaría de La Pila, presuntamente por la comisión de un delito sexual, acusaron al ex secretario general de Gobierno y actual candidato del PRI por una curul federal, Cándido Ochoa Rojas de cooptar en función de sus intereses personales el ejercicio de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y del Poder Federal para justificar su omisa actuación en la aprehensión del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista.

El Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García propuso a la feligresía de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, negar su voto a Ochoa Rojas y todo aquel que haya incurrido en atentados contra los derechos humanos de los sacerdotes y que pretenda encaminar una carrera política.

Ayer, los simpatizantes del sacerdote José de Jesús Cruz Rodríguez, el Padre Chuy, se citaron en la explanada del Poder Judicial, en el marco de un Festival Cultural y de Información sobre el caso del ministro de culto y en el que se involucran Ochoa Rojas, el procurador Miguel Ángel García Covarrubias, la titular de la subprocuraduría especializada en delitos sexuales contra la familia, María Martha Silvia Ledezma Meza y el director de Seguridad Pública Municipal Arturo Javier Calvario, entre otros.

Asimismo, desde la plataforma informativa, se formuló el llamado al juez Cuarto Penal, José Godofredo Flores Zavala para que no actúe de conformidad a los intereses de Cándido Ochoa Rojas, ex abogado del Colegio Salesiano y ex representante del PRI ante el CEEPAC en la contienda electoral por la gubernatura de Fernando Toranzo Fernández.

Los activistas llamaron también presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para impedir el propósito de Ochoa Rojas de convertir al sacerdote José de Jesús Cruz, así como al Padre Memo (Guillermo Gil Torres) en chivos expiatorios para justificar su inacción en el caso de Eduardo Córdova Bautista, expulsado del orden sacerdotal luego de que un tribunal eclesiástico, de la diócesis de San Luis Potosí lo encontrara culpable de la comisión de ilícitos de carácter sexual contra menores de edad y lo pusiera a disposición de las autoridades judiciales civiles.

La protección ofrecida por el ex alto funcionario de gobierno y el Procurador, se habría dado en función de la actuación de Córdova Bautista como una especie de capellán de la campaña por la gubernatura, encabezada por el doctor Fernando Toranzo Fernández, de donde se desprendió el llamado a frenar la carrera política de aquellos que se involucraron en acciones de persecutorias contra los sacerdotes.

Notario acusa a Cándido de persecución para adueñarse de su fiat

NOTARIO ACUSA A CÁNDIDO DE PERSECUCIÓN PARA ADUEÑARSE DE SU FIAT

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Texto de Marco Luis Polo / El Heraldo de San Luis Potosí.-

San Luis Al Instante.- Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno, negó tener intereses personales por adjudicarse alguna notaría pública, como lo denunció el abogado Gerardo Parra Dávalos, mediante un desplegado de prensa. A Parra le fueron suspendidos sus derechos como titular de la Notaría Pública Número 21, al enfrentar un proceso jurídico por el delito de uso de documentación falsa.

“De acuerdo a una revisión que se aplicó al protocolo del notario, se estableció que incurrió en una serie de irregularidades, al mentir diciendo que agregaba a su archivo notarial una libertad de gravamen sin existir la misma, situación que originó que se realizara la denuncia ante el agente del Ministerio Público, quien consignó a un juez penal, determinando la comisión de delitos, así como la probable responsabilidad del inculpado dictando el auto de formal prisión”, dijo Ochoa.

El Secretario General de Gobierno expuso que el notario Gerardo Parra Dávalos ha aducido en su defensa que fue su cliente quien le llevó la libertad de gravamen (que no existe). Pero luego se la recogió; y que además el mismo cliente fue quien realizó el trámite para la escrituración, situación que fue considerada por el juez como inverosímil. Por ello, Ochoa Rojas consideró que estos pudieran ser los motivos que han originado que “el notario haga algún tipo de afirmación sin sustento.”

Por lo pronto, las autoridades competentes analizan la existencia de más denuncias por actos irregulares parecidos a los denunciados y por los cuales el notario Gerardo Parra enfrenta un proceso que lleva en libertad tras pagar una fianza.

Parra denunció en un desplegado de prensa que “resulta lamentable tener que acudir a este mecanismo para tratar de evitar un atropello por parte de quienes se supone están para velar por el interés de la ciudadanía, pero que al llegar al poder pierden de vista el objetivo para el cual fueron electos. Sin embargo tampoco estoy dispuesto a perder, sin defenderme, lo que es no sólo mi fuente de empleo sino también el legado de mi padre, Héctor Parra Espínola: la Notaría 21 del Distrito Judicial Primero en San Luis Potosí”.

Y añadió:

“Tengo conocimiento de que el Secretario General, Cándido Ochoa Rojas le solicitó al Gobernador del Estado una patente para ejercer la función notarial, el gobernador le hizo saber que no se otorgarían fiats adicionales en la Capital del Estado, debido a la saturación que ya existe en el gremio.”