CONGRESO DE SLP SUFRIRÁ PALO DE LA SUPREMA CORTE POR CRIMINALIZAR ABORTO
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia estableció en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 185/2024 y otras dos acumuladas presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal.
Dicho proyecto fue presentado por el ministro Rodrigo Guerrero García y será discutido en la sesión de Pleno de la SCJN prevista a celebrarse este martes 26 de mayo.
El proyecto establece que las partes impugnaron el Decreto 0007, publicado el 12 de noviembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual derogaba la fracción III del artículo 150. Éste colocaba como excepción al aborto para evitar la muerte de la madre.
En diciembre de ese año, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal presentó la controversia constitucional, a la que se agregaron las de las defensorías de derechos humanos estatal y nacional.
Las partes indicaron que la derogación dejaba en la indefensión a las embarazadas que caían en el supuesto del aborto terapéutico, excepción de la que ya disponían con anterioridad. Eso generó un retroceso injustificado en los derechos a la vida y la salud de las mujeres.
En el proyecto del ministro Rodrigo Guerrero García se establece que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida, constituye un trato cruel e inhumano.
Con ese argumento se ordenaría la restauración de la fracción derogada, eliminando la condición de que la embarazada debía contar con dos opiniones médicas que validaran la decisión, indicando que sólo una sería necesaria.
El proyecto establece que las partes impugnaron el Decreto 0007, publicado el 12 de noviembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual derogaba la fracción III del artículo 150. Éste colocaba como excepción al aborto para evitar la muerte de la madre.
En diciembre de ese año, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal presentó la controversia constitucional, a la que se agregaron las de las defensorías de derechos humanos estatal y nacional.
Las partes indicaron que la derogación dejaba en la indefensión a las embarazadas que caían en el supuesto del aborto terapéutico, excepción de la que ya disponían con anterioridad. Eso generó un retroceso injustificado en los derechos a la vida y la salud de las mujeres.
En el proyecto del ministro Rodrigo Guerrero García se establece que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida, constituye un trato cruel e inhumano.
Con ese argumento se ordenaría la restauración de la fracción derogada, eliminando la condición de que la embarazada debía contar con dos opiniones médicas que validaran la decisión, indicando que sólo una sería necesaria.
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