Diez años por servicio de agua a colonias fifí debe el influyente especulador López Medina

DIEZ AÑOS POR SERVICIO DE AGUA A COLONIAS FIFÍ DEBE EL INFLUYENTE ESPECULADOR LÓPEZ MEDINA

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San Luis Al Instante.- El poderoso e intocable fraccionador urbano Carlos López Medina es uno de los principales deudores del Interapas, debido a que tiene 10 años sin pagar un sólo peso por concepto de conexión al sistema de agua y drenaje de los desarrollos urbanos que ha construido en el poniente y surponiente de esta Capital potosina.

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Esto lo dijo Luis Alberto Suárez Castillo, asesor de grupos ecologistas potosinos, a la reportera Patricia Azuara del periódico El Sol de San Luis, según una nota publicada por ese rotativo en su edición correspondiente al pasado viernes 28 de diciembre.

A López Medina y a otros que forman parte de las sociedades de fraccionadores que se han integrado, como "Reserva" con la que pretenden adueñarse en forma ilegal de varios cientos de hectáreas de terrenos panorámicos pertenecientes a la comunidad de San Juan de Guadalupe, se le atribuyó el adjetivo de "desarrolladores maquiavélicos sin escrúpulos".

Son unas 2 mil tomas de agua en los fraccionamientos de López Medina por los que el magnate influyente no paga al Interapas. Entre esos fraccionamientos se encuentran Residencial La Tenería, Lomas de la Garita, Lomas del Tecnológico, el Club Residencial de Golf La Loma y otros del poniente y surponiente de esta Capital.

A esos fraccionamientos López Medina les provee de agua a través de su empresa "Aguas del Poniente". Sin embargo, debe pagar al Interapas por la conexión y la explotación del líquido, lo cual nunca ha hecho por su poder e influencia.

Suárez Castillo advirtió que el hecho de que existan miles de habitantes del sur y surponiente de la Capital potosina que sufren durante días y por largas temporadas de falta de agua en sus domicilios, "Aguas del Poniente" ningún problema tiene para dotar del líquido a los fraccionamientos de familias pudientes. Ello sin que se beneficie de algún modo el sistema operador público, que es Interapas.

El ambientalista hizo ver que el proyecto inmobiliario del grupo "Reserva", del cual forman parte López Medina y otros personajes muy poderosos, bajo protección del gobernador Juan Manuel Carreras López, mediante el cual pretenden apoderarse de cientos de hectáreas de lotes panorámicos de la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, agudizará el problema de abasto de agua y puede ocasionar incluso una "guerra por el agua" en esta zona metropolitana. Con ese proyecto pretenden construirse más de 15 mil residencias.

Por su parte, el ex regidor y abogado Carlos Covarrubias Rendón, quien forma parte de la defensa jurídica de los comuneros de San Juan de Guadalupe, anticipó que ahora será determinante el papel de la sociedad civil en la defensa de sus intereses más vitales, como el acceso a agua constante y de buena calidad en sus domicilios.

"Carlos López Medina se va a sorprender del nivel de movilización que vamos a emprender”, predijo a la reportera Patricia Azuara en su nota publicada por el periódico El Sol de San Luis del viernes 28 de diciembre.

Captura de pantalla de la nota de la reportera Patricia Azuara, publicada en el portal web del periódico El Sol de San Luis.

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San Luis Al Instante.- Empresarios muy poderosos, amafiados con el gobernador Juan Manuel Carreras López, preparan el despojo de 2 mil 068 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe, ubicada hacia el sur y surponiente de la ciudad, en donde se localizan los fraccionamientos con más valor de esta Capital potosina

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Esa extensión de tierra se ha convertido en una de las más codiciadas de la ciudad por multimillonarios especuladores del suelo urbano. Fue protegida por decreto del año 1996 por el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta, debido a su importancia como zona de recarga del acuífero y en el ecosistema de la zona. Sin embargo, dicho decreto fue modificado en el año 2009 por el gobernador Marcelo de los Santos.

De acuerdo con versiones periodísticas, una sociedad inmobiliaria de nombre "Reserva San Luis" pretende convertir a los comuneros en miembros de dicha empresa, mediante la aportación de aquella superficie, a fin de poder fraccionarlas y ponerlas a venta en el mercado.

Entre quienes forman parte de esa sociedad se encuentran los siguientes empresarios: Carlos Gerardo López Medina, Manuel Muñiz Werge, hermanos Mahbub (Grupo Constructor 3M), Manuel del Valle López, Vicente Rangel Mancilla, Marcelo de los Santos Anaya (hijo del ex gobernador), Miguel Torres Corzo y Alejandro Tamaya Ibarra (empresario regiomontano).

Detrás de todos ellos se encontraría el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien utiliza su cargo para poner a disposición de este multimillonario negocio a las instituciones relacionadas con asuntos agrarios y de tenencia de la tierra, como son: Procuraduría Agraria, Tribunal Agrario y Registro Agrario Nacional. Con la agilización de trámites y papeleo en esas instituciones, el negocio podría concretar en unos días.

Por si fuera poco, un tribunal en materia administrativa y civil recién ha dejado insubsistente el decreto de 1996, que declaró como área natural protegida, bajo modalidad de parque urbano, a San Juan de Guadalupe, debido a un juicio de amparo promovido por el comisariado ejidal con fecha 22 de mayo de 2017.

Parece que al gobernador Carreras López no le interesó promover la defensa de dicho decreto y del patrimonio ecológico de esta Capital, a pesar de que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Yvett Salazar Torres, ha declarado que sí lo hicieron. Lo único que ha quedado protegido de esa importante zona de recarga del acuífero y del ecosistema de esta ciudad ha sido la ridícula área declarada por el decreto de Carreras de septiembre pasado.

Cuando Carreras López fungió como director general de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, se le involucró en saqueo de tierras propiedad de la Nación que le produjo multimillonarias sumas de dinero, según divulgó el periódico Reforma el 5 de noviembre de 2013, nota replicada por el periódico Pulso al día siguiente.

Captura de pantalla del portal del periódico Pulso de SLP.

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San Luis Al Instante.- Denuncias de ejidatarios e investigaciones periodísticas han expuesto una red criminal de funcionarios públicos, encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras López, dedicada al tráfico de tierras del ejido conocido como Escalerillas, hacia el poniente de esta Capital potosina.

En agosto del año 2017, Angélica Bravo García, presidenta de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, denunció la existencia de maniobras dirigidas a despojar a sus legítimos poseedores de un predio de casi 6 mil hectáreas.

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Aunque ella no lo dijo entonces, investigaciones periodísticas han revelado que quienes formarían parte de esa maniobra serían el mismo gobernador Carreras; el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro; el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres; y el magistrado del Tribunal Agrario avocado a este asunto, Rodolfo Lara Orozco.

Detrás de ellos estarían personajes multimillonarios, dedicados a especular con las tierras de la Sierra de San Miguelito y del poniente de esta Capital, cuyos nombres son Carlos López Medina y "Tito" Payán, emparentado con el ex senador y ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Éste incluso ex jefe del actual gobernador Juan Manuel Carreras López.

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López Medina amenaza derecho a información pública; demanda a periodistas y funcionarios municipales

Para despojar a sus legítimos poseedores de esta fantástica extensión de tierras que representa un suculento manjar a los especuladores y funcionarios del Estado, han sido utilizadas las instituciones públicas, como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, cuyos encargados en San Luis Potosí son los ya mencionados.

Estos tres personajes: Martínez Castro, Torres Torres y Lara Orozco han establecido un triángulo en el control de las instituciones destinadas a la atención de los derechos ejidales y comunales desde hace más de tres décadas.

Su conocimiento sobre los procedimientos agrarios y su cercanía con el actual gobernador Carreras López permitiría despojar a los ejidatarios de sus tierras y venderlas a centavos a los terratenientes, quienes las venderían en miles de pesos. Es tan íntima la relación de Carreras con esos personajes, que el jefe del Ejecutivo se dirige a Martínez Castro en público como su padrino.

Ya en agosto de 2017 advertían los poseedores del ejido o comunidad de Escalerillas sobre la existencia de maniobras dirigidas para robarles esa fabulosa extensión de terreno que se han convertido en un tesoro muy apetecible por la expansión de la mancha urbana hacia el poniente ha convertido en un tesoro, sobre todo por la construcción de áreas habitacionales para familias de clase media alta hacia arriba.

Para hacerlo, pretendían convertir en comuneros o en ejidatarios con derechos a personas ajenas a esa Congregación de Escalerillas, advirtieron en aquel año. Cosa que parece ya ha sucedido con la autorización del gobernador Carreras, según han revelador investigaciones periodísticas.

De esta forma, una red de corrupción, encabezada por el propio jefe del Ejecutivo y destinada al despojo de bienes ejidales y comunales para entregarlos a voraces y poderosos empresarios del suelo urbano, como los mencionados Carlos López Medina y Tito Payán, parece haber quedado expuesta a los críticos ojos de la opinión pública.

El monto de este negocio criminal se ha estimado en unos 180 mil millones de pesos.

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LÓPEZ MEDINA AMENAZA DERECHO A INFORMACIÓN PÚBLICA; DEMANDA A PERIODISTAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES

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San Luis Al Instante.- En lo que constituye una grave amenaza a la difusión de información pública y al derecho a saber sobre la administración de recursos públicos, Carlos Gerardo López Medina, presidente del Consejo de Administración de Urbanizadora Peña Blanca, presentó una demanda legal en contra de un grupo de periodistas y de funcionarios del ayuntamiento de la Capital.

Así lo dio a conocer este sábado 20 de junio el sitio de internet "Proyecto Tábano", entre cuyos principales personajes se encuentran el notario Eduardo Martínez Benavente y Victoriano Martínez Guzmán.

Según la publicación, la denuncia de López Medina, uno de los hombres más ricos e influyentes de San Luis Potosí, es debido a la información difundida por "Proyecto Tábano" hace 15 meses de una lista de los más deudores del impuesto predial en el municipio de SLP de 2008 al 31 de enero de 2014, misma que fue proporcionada por funcionarios del ayuntamiento a solicitud del sistema de transparencia Infomex.

En aquella ocasión, el nombre de Carlos Gerardo López Medina apareció entre los más deudores del impuesto predial, a pesar de su enorme fortuna, amasada principalmente por negocios de bienes raíces.

Por ello, López Medina demanda ahora a "Proyecto Tábano" y específicamente a Martínez Guzmán en su carácter de coordinador editorial de dicho medio, de haberse “tomado la libertad de publicar en la primer página de su sitio web, una lista de supuestos deudores del impuesto predial”.

“Esta persona (Martínez Guzmán) soslayó su deber de corroborar la información maliciosa que publicó en su portal de internet, al carecer de motivo fundado para estimar como cierta tal información, por lo que la misma se traduce en un ataque a la vida privada de los supuestos deudores”, acusa el ofendido López Medina.

Sin embargo, también demanda los siguientes funcionarios municipales: tesorero José Bolaños Guangorena; al director de ingresos, Armando Reyes; al director de Catastro, David Menchaca; y al director de Comunicación Social, Antonio Meza.

Lo que demanda el millonario López Medina, según lo difundo por "Proyecto Tábano", es lo siguiente:

* Indemnización por concepto de daños y perjuicios de carácter patrimonial, cuya cuantificación, será precisada en el momento procesal oportuno, y extra patrimonial, cuyo monto deberá determinarse por su señoría al momento de dictar sentencia definitiva en el presente juicio.

* El pago por concepto de daños punitivos, cuyo monto deberá determinarse por el juez al momento de dictar sentencia definitiva en el juicio y el pago de costas y gastos que se origen en la tramitación del presente juicio.

* Clausura definitiva de su sitiowww.proyectotabano.com.mx/ y la aplicación de una multa judicial por las infracciones en que incurrió y que generaron su responsabilidad civil.

La respuesta a esta demanda fue presentada la tarde del pasado viernes en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, en la que se rechaza el calificativo de "calumniosa" que se da a la publicación, dado que fue tomada de una fuente pública oficial.

La demanda es presentada a través del despacho de Gustavo Barrera López, abogado de ese grupo inmobiliario.

El documento en donde "Proyecto Tábano" hace del conocimiento de la sociedad potosina esta demanda, puede consultarse en: http://proyectotabano2014.blogspot.mx/2015/06/piden-clausura-definitiva-de-proyecto.html?m=1%2F

Este hecho ha sido considerado por parte de grupos de periodistas y de ciudadanos que ventilan información pública como una grave amenaza en contra del derecho a la libertad de expresión y a la información pública, así como una intentona de grupos de poder por impedir que la sociedad tenga conocimiento de los abusos que cometen.