Tensa situación en La Pila por intento de Carreras y su esposa por adueñarse de 3 mil hectáreas

TENSA SITUACIÓN EN LA PILA POR INTENTO DE CARRERAS Y SU ESPOSA POR ADUEÑARSE DE 3 MIL HECTÁREAS

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Red Potosina de Comunicadores.-

Con información de Juan Carlos Oliva / Digital Noticias.-

San Luis Al Instante.- Entre gritos de corruptos y una gran vigilancia de policía estatal y municipal unos 300 ejidatarios impugnaron e invalidaron una asamblea ejidal, celebrada este domingo 18 de noviembre en el ejido de La Pila, perteneciente al municipio de la Capital del Estado.

El evento fue encabezado por el presidente del Comisario Ejidal, Pedro Martínez López, quien estuvo acompañado por los empresarios Antonio Lorca Valle, Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Vallejo, quienes a su paso entre los inconformes y custodiados fuertemente por la policía estatal y al grito de “ladrones no llenan y quieren más”, se abrieron paso entre los ahí reunidos para entrar al salón de eventos “Los Tres Potrillos”,  inmueble de unos 1200 metros cuadrados, propiedad del presidente del Comisariado Ejidal.

El conflicto entre los ejidatarios de La Pila es por 3,000 hectáreas de uso común de las 6,600 que les pertenecen. Según palabras de Tobías López quien se desemeñó como presidente del Comisariado Ejidal de los años de 2007 a 2010, por medio de una “Junta de Formalidades Especiales” quieren repartir las tierras entre unos cuantos y cambiar el uso de suelo. Entre los más beneficiados se encontrarían los empresarios inmobiliarios mencionados líneas arriba, familiares de Lorena Valle Rodríguez, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras López. Dichos  terrenos son un jugoso negocio dada su estratégica ubicación en plena zona industrial de San Luis Potosí.

Entre las anomalías existentes ya denunciadas ante la Secretaria de la Reforma Agraria se encuentran el cambio de tierras ejidales a parcelas. Ello ha facilitado a empresarios inmobiliarios,  coludidos con el gobernador Juan Manuel Carreras y funcionarios de su gabinete, comprar a precios irrisorios esas tierras en perjuicio de los ejidatarios. Todo esto ante la complacencia del actual presidente del Comisariado Ejidal, Pedro Martínez López, quien ha sido impugnado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario y otras autoridades del sector por anomalías en su elección.

La Asamblea ejidal dio inicio a las 11:32 de la mañana sin el quórum de 280 titulares, indispensable para validar cualquier decisión que fuese tomada. Apenas unas 80 personas fueron las que se dieron cita. Mientras tanto,  la mayoría de los ejidatarios empadronados con derecho a voto se mantuvieron a las afueras del punto de reunión,  gritando consignas. A pesar de lo tenso de la situación, se mantuvieron en orden y no hubo mayores incidentes.

Un día antes, personas ligadas  a la actual administración ejidal repartieron despensas. Pero ni así lograron juntar a los ejidatarios necesarios para dar validez a la asamblea. Entre tanquetas, granaderos, policía metropolitana, policía municipales e informantes del Gobierno del Estado se mantuvieron a la expectativa de hechos de violencia. Pero más que seguridad,  la presencia de tantos elementos algunos armados y otros con sus respectivos escudos fue para amedrentar a los legítimos propietarios de ese tesoro, pues causaron sobresalto y descontento entre ellos. No obstante, el gobernador Carreras López les había prometido "bajarle tres rayitas” al problema, con tono conciliatorio.

Por lo pronto, los inconformes presentaran ante las autoridades competentes una petición de nulidad de dicha asamblea,  ya que estuvo plagada de anomalías, como la participación de personas acarreadas y sin representación legal, así como por la fuerte presencia policíaca que más preservar el orden y la seguridad de las personas, fue para custodiar a los sobrinos del gobernador Carreras y de su esposa Lorena Valle Rodríguez.

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Red Potosina de Comunicadores.-

Con información de Acontecer San Luis / Adolfo Vázquez.-

San Luis Al Instante.- El gobernador Juan Manuel Carreras López promueve el despojo de un valioso tesoro de tierras del ejido de La Pila, a través de Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Valle, familiares de su esposa Lorena Valle Rodríguez, denunció Eulogio López, miembro de esa comunidad.

Las tierras del ejido de La Pila han adquirido un importante valor, debido a que hacia esa zona se extiende la zona industrial de esta Capital potosina y, con ello, muchas fábricas y asentamientos humanos habrán de construirse en poco tiempo.

A decir de Eulogio López, desde el gobierno del Estado encabezado por Juan Manuel Carreras López están dirigiéndose acciones criminales para despojar a sus legítimos propietarios de cientos de hectáreas de La Pila, a través del delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro, quien se desempeñara como subsecretario general de gobierno en el sexenio anterior.

A este mismo funcionario se le ha señalado de ser instrumento del gobernador Carreras López para despojar a propietarios de tierras en otras zonas de la Capital del Estado, como son el ejido y la comunidad de Escalerillas, hacia el poniente de esta ciudad.

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Según declaró Eulogio López, el gobernador Carreras López pretende depojar tierras a sus legítimos propietarios en los ejidos de La Pila, San Miguelito y Escalerillas. Como testimonio habló de una grabación hecha a funcionarios, la cual será dada a conocer el próximo martes 20 de noviembre.

Advirtió sobre el surgimiento de violencia en el ejido de La Pila, pues los auténticos ejidatarios impedirán que pueda consumarse ese despojo con la complicidad del comisariado ejidal, corrompido por las autoridades del gobierno del Estado y por la delegación del RAN.

Sostuvo que el gobernador Carreras López utiliza a Héctor Gómez Valle y Antonio Lorca Valle, sobrinos de su esposa Lorena Valle Rodríguez, para adueñarse de más de 300 hectáreas del ejido.

Cuando Carreras se desempeñó como director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa fue acusado de haber participado en el criminal despojo de valiosos terrenos propiedad de la Nación.

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San Luis Al Instante.- Denuncias de ejidatarios e investigaciones periodísticas han expuesto una red criminal de funcionarios públicos, encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras López, dedicada al tráfico de tierras del ejido conocido como Escalerillas, hacia el poniente de esta Capital potosina.

En agosto del año 2017, Angélica Bravo García, presidenta de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, denunció la existencia de maniobras dirigidas a despojar a sus legítimos poseedores de un predio de casi 6 mil hectáreas.

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Aunque ella no lo dijo entonces, investigaciones periodísticas han revelado que quienes formarían parte de esa maniobra serían el mismo gobernador Carreras; el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro; el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres; y el magistrado del Tribunal Agrario avocado a este asunto, Rodolfo Lara Orozco.

Detrás de ellos estarían personajes multimillonarios, dedicados a especular con las tierras de la Sierra de San Miguelito y del poniente de esta Capital, cuyos nombres son Carlos López Medina y "Tito" Payán, emparentado con el ex senador y ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Éste incluso ex jefe del actual gobernador Juan Manuel Carreras López.

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Para despojar a sus legítimos poseedores de esta fantástica extensión de tierras que representa un suculento manjar a los especuladores y funcionarios del Estado, han sido utilizadas las instituciones públicas, como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, cuyos encargados en San Luis Potosí son los ya mencionados.

Estos tres personajes: Martínez Castro, Torres Torres y Lara Orozco han establecido un triángulo en el control de las instituciones destinadas a la atención de los derechos ejidales y comunales desde hace más de tres décadas.

Su conocimiento sobre los procedimientos agrarios y su cercanía con el actual gobernador Carreras López permitiría despojar a los ejidatarios de sus tierras y venderlas a centavos a los terratenientes, quienes las venderían en miles de pesos. Es tan íntima la relación de Carreras con esos personajes, que el jefe del Ejecutivo se dirige a Martínez Castro en público como su padrino.

Ya en agosto de 2017 advertían los poseedores del ejido o comunidad de Escalerillas sobre la existencia de maniobras dirigidas para robarles esa fabulosa extensión de terreno que se han convertido en un tesoro muy apetecible por la expansión de la mancha urbana hacia el poniente ha convertido en un tesoro, sobre todo por la construcción de áreas habitacionales para familias de clase media alta hacia arriba.

Para hacerlo, pretendían convertir en comuneros o en ejidatarios con derechos a personas ajenas a esa Congregación de Escalerillas, advirtieron en aquel año. Cosa que parece ya ha sucedido con la autorización del gobernador Carreras, según han revelador investigaciones periodísticas.

De esta forma, una red de corrupción, encabezada por el propio jefe del Ejecutivo y destinada al despojo de bienes ejidales y comunales para entregarlos a voraces y poderosos empresarios del suelo urbano, como los mencionados Carlos López Medina y Tito Payán, parece haber quedado expuesta a los críticos ojos de la opinión pública.

El monto de este negocio criminal se ha estimado en unos 180 mil millones de pesos.

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Especuladores de tierra pretenden adueñarse de botín de 5,815 has. de Escalerillas

ESPECULADORES DE TIERRA PRETENDEN ADUEÑARSE DE BOTÍN DE 5,815 HAS. DE ESCALERILLAS

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San Luis Al Instante.- Miembros de la comunidad de Escalerillas han denunciado que especuladores de tierras urbanas pretenden despojarlos de una importante superficie de terreno, señalada en 5,815 hectáreas.

Esta semana que concluye miembros de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, encabezados por su presidente Angélica Bravo García, hicieron la anterior denuncia en rueda de prensa y anunciaron que iniciarán un juicio agrario para detener este robo de valiosas tierras y devolverlas a los comuneros. También han pedido la intervención del gobernador Juan Manuel Carreras López.

La importante superficie de tierras que pretenden ser escamoteadas a sus legítimos propietarios constituye un apetitoso negocio para especuladores del suelo urbano, pues esta comunidad se localiza hacia el poniente de esta Capital potosina, hacia donde se ha dirigido el desarrollo de los fraccionamientos más caros.

Antes de emprender acciones más radicales, como sería incluso el bloqueo de la carretera a Guadalajara o de otro tipo, los comuneros piden dialogar con el gobernador Carreras, a fin de enterarlo de los detalles de esta situación en la que de seguro están involucrados funcionarios agrarios, como siempre ha sucedido con el despojo de tierras a las comunidades vecinas a la Capital.

“No vamos a permitir que un desconocido se quede con nuestras tierras”, expusieron los comuneros. Al mismo tiempo, aseguraron que ellos cuentan con documentos legales en donde pueden demostrar que son dueños de esa suculenta superficie de terreno urbano.

Leal Tovías es un mentiroso, responde afectada por violento despojo

LEAL TOVÍAS ES UN MENTIROSO, RESPONDE  AFECTADA POR VIOLENTO DESPOJO

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San Luis Al Instante.- Giselle Aquezalli Eme López Haro, afectada por la expulsión de que fue objeto en forma violenta por empleados de la empresa American Industries, cuyo presidente es Luis Lara Armendáriz, llamó mentiroso al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, en una solicitud de derecho de réplica enviado a San Luis Al Instante.

En declaraciones hechas por Leal Tovías, luego de la destrucción de las instalaciones del denominado Parador La Marquesa, lo cual ocurrió el pasado 14 de junio, la familia que ocupaba el predio de Avenida Industrias No. 4800, comunidad de Noria de San José, había decidido desalojarlo voluntariamente.

"Es una vil mentira, ya que de forma ilegal y sin el debido proceso destruyeron y saquearon mi restaurante, lo cual quedó asentado en acta circunstanciada de derechos humanos. Fue completamente en contra de mi voluntad la destrucción de mi restaurante ya que era el sustento de mi familia", respondió la afectada en su escrito  . 

Y continuó en su réplica al funcionario estatal: "La inmobiliaria Parques American Industries llegó con lujo de violencia, atropellando mis derechos y garantías individuales y los de mi familia, ya que ellos con un oficio firmado por Eduardo Rodríguez Colunga, que ahora sé es representante de la empresa American Industries, se hizo pasar por un actuario del Poder Judicial, incurriendo en un delito y con personal a su cargo y maquinaria pesada mi familia, entre ellos mi hermano menor, fuimos agredidos, y en menos de 2 horas destruyeron mi negocio de más de 2 años de trabajo".

Luego de esas acciones del 14 de junio pasado, siguen causándose destrozos sobre el terreno que López Haro dice haber comprado de buena fe, además de múltiples amenazas contra su hogar, mi familia y su persona.

"Es por esto que solicito el derecho de réplica a las declaraciones del C. Alejandro Leal Tovías, ya que actualmente se está llevando a cabo una investigación por la denuncia que interpuse ante la Procuraduría del Estado del atropello del cual fui víctima", señaló finalmente la afectada en su comunicado a San Luis Al Instante.

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San Luis Al Instante.- Habitantes de la comunidad Noria de San José, ubicada en el corredor industrial de esta Capital potosina, denunciaron a Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, de agitar la violencia entre pobladores y dueños de la empresa American Industries que reclaman predios de ese lugar como suyos.

Debido a la interesada incapacidad mostrada por Leal Tovías para resolver ese conflicto, pues buscaría obtener una importante cantidad de dinero del despojo a los comuneros, y ante las amenazas de los empresarios por apoderarse de esos terrenos, argumentando que son sus legítimos dueños, pobladores de Noria de San José subieron de nivel en sus acciones.

Armados con machetes y resorteras, incendiando llantas a mitad de la carretera 57 y bloqueando el tránsito por esa importante ruta, familias enteras de comuneros denunciaron a Leal Tovías como responsable de la violencia en ese lugar y demandaron la intervención directa del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Hubo una impresionante concentración de policías federales y estatales, aunque afortunadamente no hubo enfrentamientos. Después de estas acciones que afectaron a cientos de transportistas y de automovilistas, el secretario general de gobierno trató de salvar el puesto, culpando a los dueños de American Industries de llevar el conflicto hacia la violencia y de romper con las negociaciones.

Sin embargo, los comuneros señalaron a través de carteles a Leal Tovías como el responsable de las acciones que se han dirigido para despojarlos de terrenos que ocupan desde hace varios años. "Ya basta de tanta corrupción" y "Alejandro Leal Tovías da la versión real", se leía en esos carteles.

Lo mismo denunciaron a través de cuentas en redes digitales. "La empresa American Industries y gobierno intentaron despojar a La Noria de sus áreas verdes. Mujeres, hombres y ancianos salieron a defender su territorio. Se tomó la carretera 57 con la finalidad de presionar para que se retirara la fuerza pública y se abriera mesa de negociación", señalaron.

Aunque el bloqueo de la carretera 57 sucedió el pasado martes 2 de agosto, los pobladores de Noria de San José han advertido al gobierno que emprenderán acciones hasta donde sea necesario para defender lo que consideran sus derechos sobre esos terrenos.

En este conflicto, el secretario general de gobierno ha exhibido una enorme incapacidad, que parece interesada, para solucionarlo. Debido a la creciente violencia que se registra en ese punto que es vital para la economía potosina, pues se localiza en el corazón del corredor industrial, amplios e influyentes sectores de la sociedad piden la destitución de Leal Tovías.

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Leal Tovías es responsable de la violencia en Noria de San José

LEAL TOVÍAS ES RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN NORIA DE SAN JOSÉ

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San Luis Al Instante.- Para los habitantes de la comunidad Noria de San José y organizaciones ciudadanas, el responsable de las acciones criminales dirigidas en contra de este núcleo de población por la empresa American Industries, que este jueves 28 de julio llegaron a su clímax con un violento enfrentamiento que dejó a cuatro pobladores heridos, es el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Sostienen su dicho, el cual han expresado a través de redes digitales, debido a que el mencionado funcionario fue designado por el gobernador Juan Manuel Carreras López como operador para encontrar una solución pacífica entre la empresa extranjera, que afirma ser propietaria de los terrenos, y los pobladores que los han ocupado desde hace muchos años y han creado derechos sobre ellos.

Desde el 14 de junio esta disputa comenzó a convertirse en un tema delicado para la gobernabilidad de San Luis Potosí, luego de que emisarios de American Industries destruyeron con maquinaria un restaurante de madera y agredieron a sus ocupantes, entre ellos un adolescente, debido a que la empresa afirma ser propietaria del predio, aunque sin presentar documentos que sostuvieran su dicho.

A partir de ese momento pudo revelarse que la postura de Leal Tovías era proteger a los dueños de American Industries, porque los elementos policíacos que se presentaron en el sitio recibieron indicaciones superiores de no intervenir. Por si fuera poco, al funcionario se le encomendó una solución pacífica del conflicto, lo cual no ha sucedido.

Peor aún, el secretario general de gobierno ha mentido reiteradamente en sus declaraciones a periodistas sobre la situación legal del predio y las mesas de diálogo tampoco han prosperado.

Por ejemplo, en cuanto al violento intento de desalojo de los ocupantes del restaurante, ocurrido el 14 de junio pasado, Leal Tovías aseguró que "ellos salieron voluntariamente", cuando existían fotografías, videos y publicaciones en redes digitales que dieron testimonio del desalojo (como la que ilustra esta nota).

"Desde enero se ha hablado con las personas involucradas y de manera voluntaria se logró retirar el restaurante, por lo que la compañía comenzó a construir una barda", declaró el mentiroso funcionario.

Entre los actos ilegales cometidos por la empresa American Industries destacó el hecho de que una persona de nombre Armando Rodríguez Colunga se hizo pasar como actuario del Poder Judicial y aseguraba tener una orden judicial. Además con un documento falso trató de demostrar la propiedad del predio a nombre de American Industries. También aseguraba tener permisos para construir con folios 30311 y 30312, lo cual fue desmentido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Para la organización Ciudadanos Observando, Leal Tovías busca beneficiar a la empresa American Industries con su posición dentro del gabinete, como hizo con la multimillonaria adquisición de un predio a favor de Antorcha, traicionando la confianza del gobernador Juan Manuel Carreras López y de la sociedad potosina.

(Ver notas: Renuncia funcionario implicado en millonario tráfico de influencias y Compra gobierno terreno en 33.5 mdp a funcionarios y lo regala a antorchistas).

Debido a estas reiteradas conductas, el gobernador Juan Manuel Carreras López debería de valorar seriamente la permanencia de este funcionario dentro de su gabinete.

Los habitantes de Noria de San José, afectados por esta forma de conducirse de Leal Tovías, han llegado a compararlo con J. Guadalupe Durón Santillán y su actuación en el conflicto entre la empresa Vigue y la comunidad de El Jaralito, ocurrido hace unos 5 años.

Entonces el saldo fue una persona muerta y el funcionario cesado del mismo cargo de scretario general de gobierno.

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San Luis Al Instante.- Después de varias semanas de intentos fallidos de representantes de la empresa extranjera American Industries por apoderarse de terrenos de la comunidad Noria de San José, finalmente en las primeras horas de este jueves 28 de julio estalló la violencia.

Después de las 8 de la mañana, golpeadores al servicio de la empresa se presentaron en el sitio, armados con pistolas y garrotes, según denunciaron pobladores a través de una cuenta en redes digitales, con la intención de proteger a trabajadores que montarían una cerca en terrenos de la comunidad que American Industries reclama como suyos.

Ante la movilización de familias enteras de comuneros para defender lo que reclaman como su propiedad, golpeadores respondieron arrojando piedras, a consecuencia de lo cual resultaron heridas cuatro personas, dos de ellas mujeres. Los hechos ocurrieron ante la presencia pasiva de elementos policíacos.

Hace varias semanas funcionarios de la mencionada empresa se presentaron en el sitio, ubicado hacia el oriente de esta Capital potosina y en las inmediaciones de la zona industrial, con la intención de desalojar a personas que ocupaban terrenos.  En esas acciones, destruyeron un restaurante hecho de madera y maltrataron a sus ocupantes.

En estas operaciones que los comuneros han considerado como un despojo ilegal se ha involucrado al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías. De acuerdo a versiones del mismo funcionario, los terrenos fueron expropiados por el gobierno del Estado en el año 1981, cuando Carlos Jonguitud Barrios era titular del Ejecutivo.

Los comuneros han afirmado que dicho decreto de expropiación quedó sin vigor, pues nunca se pagó la indemnización correspondiente por esos terrenos. No obstante, Leal Tovías ha declarado que American Industries pagó por ellos a particulares, entre los que se encontraría un hijo de la ex presidente municipal Victoria Labastida Aguirre.

Sin embargo, de la violencia que estalló este jueves es responsable el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, pues es operador de las mesas de diálogo que se han establecido para resolver pacíficamente esta disputa.

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Bloquean 6 horas carretera Valles - Rayón por restitución de tierras a los Xi'Uiy

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San Luis Al Instante.- Luego de que el Tribunal Unitario Agrario restituyera casi 35 mil hectáreas de La Palma, municipio de Tamasopo, al pueblo Wi'Uiy, en protesta ejidatarios de la zona bloquearon durante 6 horas la supercarretera Ciudad Valles - Rayón, así como la carretera libre

Encabezados por Encarnación Alvarado y Juan Ramón Aguilar, demandaron un diálogo con funcionarios de Gobierno del Estado y liberaron las carreteras hasta las 16:35 de la tarde de este lunes 2 de mayo.

El cierre total ocurrió en la comunidad Vicente Guerrero, por donde no se dejó pasar ningún tipo de vehículo hacia la capital del Estado o hacia Ciudad Valles.

La protesta fue ocasionada por la decisión del Tribunal Agrario No. 43 de Tampico de emitir un resolutivo a una magistrada en Veracruz, en donde se restituyen casi 35 mil hectáreas al pueblo Xi'Uiy, negando así que esa superficie sea considerada como un ejido. Los campesinos afectados creen que esto es un error, porque el ejido fue establecido desde el año 1923.

Sin embargo, el pueblo Xi'Uiy ha reclamado la posesión de esas tierras de La Palma desde hace unos 200 años.

Al respecto, el Movimiento Social por la Tierra emitió un comunicado, en donde señala que, desde el virreinato, "esta comunidad indígena defendió a su madre tierra comprándola al virrey para no ser molestados"; y menciona que el 7 de diciembre de 1922 emitió la Presidencia de la República Mexicana la resolución del título comunal a favor de la comunidad indígena".

"Sin embargo mediante la instauración ilegal del ejido y sus autoridades los indígenas han sido desplazado y despojados de sus derechos agrarios. Los mestizos ejidatarios han ido privatizados, vendido y robando su biodiversidad. Al grado de impedir a los indios tuvieran acceso a su tierra y su sierra. Mientras que se conformaba un grupo de grandes caciques acaparando las tierras más fértiles y las sierras", manifiesta esta organización.

Frente a ello, los ejidatarios aseguraron que son más de 6 mil habitantes afectados por esta decisión y que no están dispuestos a perder sus tierras.

Pero los miembros del pueblo Xi'Uiy a través del Movimiento Social por la Tierra afirman que, ante los atropellos en contubernio con el gobierno estatal, el grupo indígena conformó una forma de gobierno alterno comunal y además siguió una ruta legal que obra en el expediente 759/2012-43.

En ese expediente se demandaba el reconocimiento de comunidad al presidente de la república, al secretario de la Reforma Agraria (ahora de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), del director en jefe del Registro Agrario Nacional, de la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de La Palma en el Tribunal Agrario N. 43 que trató de retrasar la sentencia por 10 años.

El bloqueo perjudicó a cientos de automovilistas que debieron esperar desde las 10 de la mañana hasta las 16:35 horas de la tarde cuando la Policía Federal anunció que tras un diálogo con autoridades estatales los manifestantes se retiraron y reabrieron las dos carreteras al paso vehicular.

Carreras esconde patrimonio; su declaración es oscura e imprecisa: Guacho

CARRERAS ESCONDE PATRIMONIO; SU DECLARACIÓN ES OSCURA E IMPRECISA: GUACHO

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San Luis Al Instante.- La declaración patrimonial del gobernador Juan Manuel Carreras López es oscura e imprecisa, acusó el notario Eduardo Martínez Benavente en una de sus últimas colaboraciones periodísticas. “Siendo uno de los asuntos más delicados que se le han señalado, debió esmerarse en transparentarla y proporcionar toda la información actualizada de sus bienes, sin importar que la deficiente normatividad que regula esta obligación no se lo exija”, subrayó el destacado ex navista y ex diputado local por el PRD.

En su artículo periodístico, El Guacho consideró que la forma en que Carreras López difundió hace unas semanas su declaración patrimonial es “fiel a su estilo de andar de puntillas para pasar inadvertido”, porque fue con un aviso “breve y discreto”, en donde comunicaba que había subido dicha declaración patrimonial a la página web del gobierno del Estado, así como la de conflicto de intereses y la fiscal.

“El ex secretario de Educación Pública sigue sin revelar el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha ocupado, no obstante que era un requerimiento medular de la información solicitada por el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO), que junto con otras destacadas personalidades de la sociedad civil presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3)”, señaló Martínez Benavente.

Recordó las críticas que se hicieron a Carreras López en el pasado proceso electoral por la inexactitud o falsedad de su declaración patrimonial, luego de que sus contrincantes políticos exhibieron el inventario y avalúo de sus bienes como si hubieran sido mal adquiridos. Entonces también se denunció que había omitido declarar otras propiedades y que el avalúo de los mismos no correspondía ni remotamente a los precios del mercado inmobiliario.

Dichos inmuebles corresponde a los dos planteles de la Universidad IDEP, de la que es propietario el ahora gobernador del Estado, ubicados en las calles de Madero y Venustiano Carranza, que ahora no aparecen en su inventario. “Todo indica que se deshizo de ellos a través de una donación a favor de sus descendientes, así como de las partes sociales que representaba en la sociedad civil propietaria de ese centro educativo. No aclara cuándo formalizó su renuncia a seguir formando parte del consejo directivo de esa institución. Hubiera sido muy ilustrativo que en un anexo aclarara todas esas dudas”, denunció El Guacho.

También menciona el caso de su casa habitación ubicada en el Club Campestre de Golf, de la cual insiste en que el valor de los tres lote de terreno que suman una superficie de 664.87 metros cuadrados, sobre los que está construida, tuvieron un precio de 273 mil 386 pesos, conforme a las tres escrituras públicas de compra venta que celebró hace varios años en distintas fechas.

“La declaración no precisa la ubicación del inmueble, aunque por los antecedentes del caso podemos concluir que se refiere a esa finca. El valor de las construcciones no está actualizado, pues apunta que tuvieron un costo de 1 millón 764 mil pesos”, afirma el notario.

En cuanto a dos departamentos, uno en la Ciudad de México, adquirido en el 2011, con un costo de 3 millones 291 mil pesos, y otro en San Luis Potosí, en el que no señala el valor, porque una mitad indivisa la adquirió por donación y la otra mitad por compra venta, en la que necesariamente se tuvo que pagar un precio, reconoce que pertenecen a él y a su cónyuge. Pero no señala cómo fueron adquiridos; es decir, de dónde procedieron las fuentes del dinero con las que se hicieron dichas compras inmobiliarias.

De sus cuentas bancarias, Carreras López declara que al 26 de septiembre tenía dos inversiones, una con un saldo entre 100 mil y otra con un saldo mayor a 500 mil pesos. Con esa información se confirma que no recibió contraprestación alguna por la enajenación de los predios donde se ubican los dos planteles de la Universidad IDEP, pues de lo contrario se verían reflejados esos ingresos en otras inversiones.

Además, de la larga lista de inmuebles que le señalaron los panistas durante la contienda electoral sólo quedan tres propiedades a su nombre y al de su cónyuge: su casa habitación y los dos departamentos.

En su declaración de conflicto de intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado, reconoce la participación accionaria de sus hijos en un sector de la educación. Seguramente se refiere a esa Universidad IDEP. Sin embargo, no informa sobre la edad de sus hijos, quienes podrían ser incluso menores de edad o depender todavía económicamente de él.

Martínez Benavente recordó que cuando se desató el escándalo de su declaración patrimonial, los panistas señalaron propiedades por un valor de 60 millones de pesos. Sin embargo, el entonces candidato del PRI aclaró que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y que pudiera influir en el desempeño de sus funciones (Niega Carreras poseer fincas por 60 mdp y tener conflicto de intereses por su universidad).

Tampoco acompaña los anexos que revelen el monto de lo que pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta en las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios del 2013 y 2014, ni la relación de sus ingresos y egresos. Se trata de dos acuses de recibo de las declaraciones de impuestos federales. La del 2013 reporta una cantidad a pagar por 27 mil 891 pesos; y la del 2014, un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos.

También manifiesta que no tiene deudas ni vehículos a su nombre o al de su esposa y que el maneje de casa lo estima en un valor de 250 mil pesos.

“Lo anterior viene al caso porque hace dos días el gobierno del estado, a través de la Contraloría General, celebró un Foro Ciudadano de Expertos en Gobierno Abierto, Honesto y Eficaz, en las instalaciones de la Canacintra, para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el que participé como invitado en la mesa de trabajo denominada Gobierno Cerrado”, apuntó Martínez Benavente.

“En un principio llegué a creer que con esa denominación su subconsciente los había traicionado y que iba a estar acompañado de los personajes más radicales de la ciudad, más cual va siendo mi sorpresa que la formaban principalmente funcionarios de gobierno y de instituciones públicas, algunos, por cierto, con diagnósticos muy acertados”, anotó.

“Se concluyó que la transparencia gubernamental es uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción”, concluyó el notario en su artículo.El 5 de noviembre de 2013 el periódico Reforma denunció la consumación de delitos en el Corett (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), cuando Juan Manuel Carreras López fungió como su director general, por remates simulados de predios que redituaron millonarias cantidades de dinero a quienes estuvieron implicados.

Según ese periódico, la Secretaría de la Función Pública buscaba fincar responsabilidades a los ex directores de Operación y de Planeación y Sistemas de la Corett, quienes en julio de 2009 autorizaron vender en 2.3 millones de pesos un predio del Estado de México que valía 48.7 millones.

Los presuntos fraudes ocurrieron durante la gestión del ahora gobernador del Estado de SLP, Juan Manuel Carreras López, quien fue director general de la Corett entre febrero de 2007 y septiembre de 2010, durante el régimen presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Además existen evidencias de que siendo titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Carreras López favoreció a su Universidad IDEP con programas de formación y actualización de profesores, así como de servidores públicos (como personal del sistema de seguridad pública y de penales), que redituaron ingresos millonarios a esa institución de su propiedad.

Más información en:

Niega Carreras poseer fincas por 60 mdp y tener conflicto de intereses por su universidad

Involucran a Carreras en millonarias ventas ilícitas de predios de la nación