FUERTES CRÍTICAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE SLP POR APROBAR SUBASTA DE 18 PREDIOS
San Luis Al Instante.- Fuertes críticas y reprobación de amplios sectores de la ciudadanía ha merecido la aprobación del Cabildo de la Capital de San Luis Potosí para subastar 18 propiedades municipales. Esto con el fin de obtener entre 900 y 1,100 millones de pesos.
El presidente municipal Enrique Galindo aseguró que los recursos se destinarían exclusivamente a obra pública, incluyendo proyectos en El Saucito, la salida a Guadalajara, río Españita y Maravillas.
Sin embargo, voces críticas advierten que financiar infraestructura mediante la venta de patrimonio municipal implica una pérdida irreversible de bienes que pertenecen a todos los potosinos.
Especialistas en administración pública señalan que los bienes inmuebles del Ayuntamiento constituyen activos estratégicos para el desarrollo urbano y su enajenación debe ser la última alternativa financiera, no un mecanismo ordinario de recaudación.
Además, se cuestiona que la subasta concentre decisiones de alto impacto sin un proceso amplio de consulta ciudadana, lo que limita la participación social en la definición del destino del patrimonio público.
Aunque el Ayuntamiento anunció la creación de una comisión de vigilancia para supervisar el proceso y el uso de los recursos, críticos consideran que este mecanismo resulta insuficiente si no se establecen reglas claras de transparencia, rendición de cuentas y evaluación del impacto urbano y social.
Organizaciones civiles advierten que la medida podría sentar un precedente que permita solventar necesidades presupuestales mediante la venta de activos públicos, debilitando la capacidad futura del municipio para planear el crecimiento de la ciudad.
En este contexto, el debate público se centra en si la obtención de recursos para obra justifica la pérdida de bienes municipales, o si la decisión representa un uso indebido del patrimonio que, a largo plazo, afectará a la ciudadanía de San Luis Potosí.
Especialistas en administración pública señalan que los bienes inmuebles del Ayuntamiento constituyen activos estratégicos para el desarrollo urbano y su enajenación debe ser la última alternativa financiera, no un mecanismo ordinario de recaudación.
Además, se cuestiona que la subasta concentre decisiones de alto impacto sin un proceso amplio de consulta ciudadana, lo que limita la participación social en la definición del destino del patrimonio público.
Aunque el Ayuntamiento anunció la creación de una comisión de vigilancia para supervisar el proceso y el uso de los recursos, críticos consideran que este mecanismo resulta insuficiente si no se establecen reglas claras de transparencia, rendición de cuentas y evaluación del impacto urbano y social.
Organizaciones civiles advierten que la medida podría sentar un precedente que permita solventar necesidades presupuestales mediante la venta de activos públicos, debilitando la capacidad futura del municipio para planear el crecimiento de la ciudad.
En este contexto, el debate público se centra en si la obtención de recursos para obra justifica la pérdida de bienes municipales, o si la decisión representa un uso indebido del patrimonio que, a largo plazo, afectará a la ciudadanía de San Luis Potosí.
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