Juicio a Carreras por proteger a destructores de Sierra de Álvarez

JUICIO A CARRERAS POR PROTEGER A DESTRUCTORES DE SIERRA DE ÁLVAREZ

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San Luis Al Instante.- Un juicio en contra del gobernador Juan Manuel Carreras López y del titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental fue promovido por habitantes de la Sierra de Álvarez, ubicada hacia el oriente de esta Capital potosina y con dirección al municipio de Rioverde, por permitir las operaciones ilegales de la empresa canadiense Cal Química Mexicana, a pesar del grave daño ecológico que ocasiona a esa importante reserva forestal de la región.

Destacó que las principales afectaciones es que hay un desmonte exagerado, pues tiene un permiso para 2.5 hectáreas por año, lo cual es muy evidente que rebasa lo aprobado, además de que esta empresa opera sin permisos estatales, por lo cual lamentó que el gobierno del estado esté avalando una ilegalidad.

"Si esta tragedia ambiental no es detenida cuanto antes, en muy poco tiempo la Sierra de Álvarez quedará convertida en cenizas... en un desierto", advirtió Guillermo Morales, representante legal de los habitantes. Y agregó: "Carreras ha sido permisivo con la instalación de una megaplanta para el tratamiento de cal extraída de Sierra de Álvarez a 500 metros de La Florida. Por principio, la minera no debería operar por falta de permisos”, dijo.

Ante ello, informó que fue promovido un juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso y Administrativo en contra de una resolución de la Segam por permitir que la mencionada empresa opere en contra de lo establecido en la Ley Ambiental del Estado, además de ocasionar la destrucción de esa área natural protegida.

"Hay una negativa de la Segam y por consecuencia del gobernador Carreras de atender lo que está sucediendo en la Sierra de Álvarez. Es un problema de índole estatal que se suma a muchos de los problemas ambientales que hay en San Luis Potosí. Estamos viviendo una crisis ambiental en el Estado, lo que es responsabilidad directa del gobernador, quien no ha atendido el tema. Por ello, lo señalamos como responsable, porque así lo prevé la Ley Estatal Ambiental, y le urgimos a que actúe y tome cartas en el asunto”, dijo el abogado a nombre de un comité de protección de esa zona.

Anunció que promoverán un amparo si la resolución del TECA no es favorable, además de que ya exploran otras acciones para defender los pocos espacios naturales que aún tiene el Estado potosino.

Por su parte, Isais Zárate de la Torre, presidente del Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez, denunció que la calera canadiense ha invadido predios de particulares, quienes no hacen nada por temor, porque al parecer las autoridades protegen los intereses de esta empresa. 

Sobre este ecocidio, la organización Pro San Luis Ecológico y el Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez urgieron soluciones del gobernador Carreras. "De no hacerlo se está convirtiendo en cómplice de esta empresa que esta dañando la sierra", señalaron.

Basurero tóxico de Cerrillo afecta a Wirikuta y contaminaría acuíferos

BASURERO TÓXICO DE CERRILLO AFECTA A WIRIKUTA Y CONTAMINARÍA ACUÍFEROS

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San Luis Al Instante.- A investigadores del Colegio de San Luis preocupa el proyecto y concesión de la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales al poderoso empresario José Cerrillo Chowell para la instalación de un tiradero de basura peligrosa en el rancho Palula, ubicado en el municipio de Santo Domingo, porque "los riesgos de contaminación son bastante amplios y también afectarían severamente al recurso hídrico de la zona".

Para Francisco Peña, coordinador del Programa Agua y Sociedad del Colsan, uno de los grandes problemas en materia del agua que hay en la entidad potosina es la desigualdad que prevalece en torno al acceso a ese elemento vital, "pues las personas que tienen más capacidad, voz pública, influencias, o mejor economía, son los que tienen un mejor abasto del líquido".

"Tanto el gobierno del Estado como las autoridades municipales, organismos operadores de agua y asociaciones civiles tienen el deber de buscar que se modere esa gran desigualdad que hay con respecto al acceso al agua, pues las personas de escasos recursos comúnmente obtienen muy poca y de mala calidad", advirtió.

Este proyecto del influyente magnate minero Cerrillo Chowell fue autorizado en condiciones irregulares por la Semarnat, pues viola diversas normas y regulaciones en la materia. Cerrillo Chowell es además propietario de una explotación minera en el municipio de Villa de la Paz que ha causado una grave contaminación en la zona y se cuenta en decenas a niños, adultos y ancianos afectados por las sustancias tóxicas que allí se emplean fuera de toda regulación.

El basurero tóxico en el rancho Palula, de su propiedad, ubicado en el municipio de Santo Domingo, se encuentra dentro de la zona protegida de Wirikuta, que corresponde al patrimonio cultural y religioso de los pueblos huicholes. Además se trata de un bosque semidesértico protegido por el gobierno de la república por las distintas especies animales y vegetales que allí viven, algunos incluso endémicas.

Habitantes de la comunidad de La Merced, del mismo municipio de Santo Domingo, que serán los principales afectados por la construcción y posterior operación del basurero de desechos tóxicos ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la inconformidad de los permisos otorgados por el ayuntamiento.

Sin embargo, la CEDH remitió la queja ante la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que se trata de un confinamiento de desechos altamente peligrosos y el permiso de operación fue emitido por la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Los habitantes expusieron en su solicitud que con la construcción del denominado Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula se violará el derecho a la salud, además de que perjudicará el medio ambiente y dañará permanentemente las tierras de cultivo de al menos 13 comunidades y cuatro municipios.

En el estado de Zacatecas también existe alzamiento de grupos ciudadanos, ecologistas, antropólogos y defensores de los derechos humanos en contra de este proyecto ecocida del poderoso magnate Cerrillo Chowell, quien con cañonazos de dinero ha convertido en empleados suyos a gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores por San Luis Potosí.

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San Luis Al Instante.- Como si no existiera más poder que el suyo y no hubiera autoridad política legalmente constituida, el empresario José Cerrillo Chowell se ha convertido en el principal envenenador y depredador de los pueblos del altiplano potosino.

Este personaje finca su emporio en la explotación minera del municipio de Villa de la Paz, en donde personas de todas edades sufren de enfermedades mortales por el empleo de sustancias tóxicas fuera de las normas impuestas para la preservación de la vida y del medio ambiente.

Para lograr impunidad ha financiado numerosas campañas electorales con cuantiosas cantidades de dinero de distintos partidos políticos y, a cambio, ha impuesto a sus amigos dentro de gabinetes gubernamentales, como la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las últimas acciones en que se ha visto involucrado consisten en haber logrado del gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto aprobación para establecer un tiradero de desechos industriales y altamente tóxicos en la comunidad La Victoria, municipio de Santo Domingo.

De acuerdo a expertos en impacto ambiental de la minería este basurero pone en riesgo un bosque semidesértico, único en el mundo, situado entre el estado de San Luis Potosí y Zacatecas. Manuel de Jesús Macías Patiño, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha dicho que el territorio en cuestión es parte de la ruta sagrada del Wirikuta.

En ese sitio coexisten más de 44 especies de plantas y animales protegidos por la norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un bosque mesófilo, xerófilo, ipsófilo, con especies únicas de cactáceas, palmáceas y liláceas, “que debe ser protegido de los efectos nocivos que dejarán los remanentes de la industria minera que pretenden depositar cianuro, cromo, arsénico y cadmio”, denunció Macías Patiño.

Además el tiradero afectaría a habitantes de 20 comunidades aledañas. Debido a ello habitantes del altiplano potosino ya se han manifestado en esta Capital potosina para expresar su rechazo al permiso otorgado por el gobierno de Peña Nieto al poderoso Cerrillo Chowell.

A pesar de ser estas personas y sus familias quienes resultarán severamente perjudicadas, nadie les ha escuchado ni se avista en el horizonte un signo que permita hacer pensar que el permiso será revocado, a pesar de los daños mortales que ocasionará. En consecuencia, los habitantes ya han solicitado el apoyo del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”.

“Denunciamos la aprobación del documento de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo, mismo que se hizo de forma irregular, y en lo oscurito, ya que se aprobó en una sesión extraordinaria del Cabildo saliente, casi el último día en que estuvo en funciones”, han advertido.

Para impulsar su proyecto, el poderoso Cerrillo Chowell busca comprar a las personas, que de por sí sufren condiciones de pobreza extrema, con dádivas, como despensas, computadoras, becas, uniformes y pavimento. “Nunca antes Cerrillo Chowell nos había puesto atención, hasta ahora que le interesa utilizar y envenenar la tierra, es que se fija en nosotros”, han expuesto.

A fin de evitar que este envenenador y depredador de las comunidades del altiplano potosino logre salirse nuevamente con la suya, busca integrarse un amplio bloque de oposición con la participación de especialistas en materias del medio ambiente de distintas instituciones académicas, así como de grupos de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.