SURGE FRENTE SOCIAL ANTICORRUPCIÓN EN SLP, TRAS ESCÁNDALO DE VIDEOMOCHES
San Luis Al Instante.- Luego del escándalo de dimensión nacional, ocasionado por la difusión de videos en donde quedan expuestos varios diputados locales y funcionarios por operaciones criminales en la aprobación de cuentas públicas de ayuntamientos, además de la gestoría de obras y programas sociales, ha surgido un Frente Social Anticorrupción en San Luis Potosí.
Esto se dio a conocer a través de dos desplegados, publicados el lunes 19 de junio en periódicos de la Capital potosina, en el que aparecen logotipos de las siguientes organizaciones: Nuestro Centro, Canaco, Ampi, Usem, Amepac, San Luis Unido, Ciudadanos Observando, Ganemos, entre otras, así como firmas de numerosas personas.
En estos comunicados exigen al gobernador Juan Manuel Carreras López y al Congreso local tomar medidas para combatir la corrupción y la delincuencia en la que participan diputados, presidentes municipales y funcionarios públicos, como quedó expuesto en los videos que se han difundido y cuyo protagonista es el diputado local Enrique Flores Flores.
Asimismo, exigen la separación inmediata de los diputados Enrique Flores, ahora ex del PAN; Óscar Bautista Villegas, del PRI; J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD, y Manuel Barrera Guillén, del Verde, mencionados por Flores Flores en un video que le hizo en forma furtiva el presidente municipal de Ébano Crispín Ordaz Trujillo, y en el cual queda expuesta una red de delincuencia organizada en la que participan dichos representantes populares.
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Al mismo tiempo, exigen dar curso a las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en torno al caso, a fin de que se inicien con urgencia y celeridad los juicios de procedencia de responsabilidad penal de los diputados involucrados. En tanto se concluye el juicio de procedencia, la separación inmediata de los diputados ya mencionados.
También se exige una “limpia” de funcionarios en la Auditoría Superior del Estado, pues se considera insuficiente la renuncia del titular, José de Jesús Martínez Loredo, efectuada el viernes 16 como consecuencia del escándalo del videomoches. "Que se destituya a todos los demás funcionarios de esa dependencia involucrados. Renuncias y cambios en la Auditoría Superior del Estado y en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado son insuficientes. Es necesaria la aplicación de las sanciones que procedan para cada uno de los participantes en esta red de corrupción, exponen los firmantes de los desplegados.
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"Puede convertirse en la oportunidad para que el sector gubernamental, en todos sus niveles, salde la deuda de transparencia que tiene con la ciudadanía y comience una verdadera cruzada que demuestre que va en serio la creación de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción", manifiestan.
Además demandan la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para depurar los trabajos de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016, "realizados por una Auditoría Superior del Estado carente de confiabilidad, al estar encabezada desde entonces por Martínez Loredo."
También exigen una auditoría externa a la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, "por ser el único caso que aparece con cero observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, situación que sólo se explica por las componendas con la red de corrupción revelada."
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Al Congreso del Estado le demandan rechazar los Informes Finales de Auditoría para que sean devueltos a la Auditoría Superior del Estado para una nueva revisión y elaboración con la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación o, en su defecto, por auditores externos, para que pueda resarcirse la confiabilidad en el sistema de fiscalización.
Otra de sus demandas es la cancelación inmediata del contrato del ayuntamiento con la empresa PANAVI para el cambio de luminarias de la ciudad, "toda vez que se tienen evidencias de que la misma red de corrupción al interior del Congreso del Estado, operó para tratar de imponer un contrato leonino contra las arcas municipales."
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Al mismo tiempo, exigen suspender la convocatoria para integrar la Comisión de Selección que nombraría a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, "toda vez que los actuales legisladores carecen de confiabilidad para integrar una instancia que combata la corrupción al ser los principales sospechosos de una red de corrupción en torno a las cuentas públicas municipales."
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