Más muertes violentas se registran en la zona metropolitana de SLP, la más peligrosa del país

MÁS MUERTES VIOLENTAS SE REGISTRAN EN LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, LA MÁS PELIGROSA DEL PAÍS

#SLP #SanLuisPotosí #México #GobiernoSLP #AlInstante

San Luis Al Instante.- Nuevas muertes vinieron a sumarse a la ya larga lista de crímenes que en forma cotidiana se cometen en la zona metropolitana de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, considerada ya como la más peligrosa del país, a decir de los indicadores del Semáforo Delictivo.

El viernes 27 de enero fue localizado un cuerpo abandonado en la calle Camino Real a Rioverde y la avenida De los Valles, colonia Arboleda de Oriente, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La víctima, de entre 35 y 40 años, fue masacrada a golpes y a puñaladas. El cuerpo fue envuelto en una cobija y una sabana, con el torso desnudo y el pantalón completamente ensangrentado. Al parecer fue arrastrado unos 50 metros, desde la avenida De los Valles hasta un lote baldío.

En otro suceso, el lunes 30 de enero fue encontrado el cuerpo de una mujer flotando cerca de la cortina de la presa San José. Tenía varios desaparecida y sus familiares ya habían reportado su desaparición.

Fueron personas que paseaban por la cortina de la presa quienes descubrieron el cuerpo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. La mujer tenía 52 años de edad y vestía blusa roja y pantalón en color azul marino. 

Por otro lado, durante la mañana de este martes 31 de enero fue localizado un cadáver en una bodega de granos, ubicada en un predio por el rumbo del Anillo Periférico Norte y las vías del tren con dirección a Aguascalientes.

Al parecer la víctima era una persona con una discapacidad y el cuerpo se encontraba envuelto en cobijas. Además se encontró un narcomensaje de un grupo criminal.

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Texto de Reflexión Ciudadana.-

San Luis Al Instante.- Un caso más de corrupción e impunidad se ha consumado. Victoria Labastida y tres de sus colaboradores han quedado exculpados por la autoridad judicial. Victoria Labastida Aguirre, ex alcaldesa de la capital potosina; Emigdio Ilizaliturri Verástegui, ex secretario general del ayuntamiento; Agustín Soberón Álvarez, ex tesorero municipal; y Luis Miguel Ávalos Oyarvide, ex regidor y ex alcalde interino, ya pueden vivir tranquilos, gozar de los beneficios que les reportó desviar decenas de millones de pesos de nuestro dinero -de los fondos del erario público-, pasear tranquilamente por las calles de la ciudad sin temor a ser detenidos, y tener plena certeza de que no tendrán que regresar lo que se llevaron.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito confirmó el amparo concedido en agosto pasado por la juez tercero de distrito, Angélica Ramírez, por
supuesta falta de pruebas ante la presunta malversación de 28 millones de pesos a cargo de estos exfuncionarios por la entrega simulada de ayudas sociales, a pesar de que meses antes,
el juez sexto del ramo penal que libró las ordenes de aprehensión en su contra, tomó en cuenta denuncias, testimonios de exfuncionarios, peritajes contables y declaraciones de
ciudadanos que claramente los inculpaban.

Pero los 28 millones por los que fueron calculadamente acusados por la administración del
gobernador Juan Manuel Carreras para que no fueran encarcelados -pues no se les acusó de asociación delictuosa- son sólo una pequeña parte de al menos 260 millones de pesos que la
administración labastidista no pudo solventar en las Cuentas Públicas de los años 2011 y 2012 de acuerdo a datos de la Auditoría Superior del Estado y que, según datos de algunos
medios informativos, podría superar los 400 millones de pesos. 

Con la complicidad del ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias y el ex alcalde Mario García Valdez, que durante el trienio 2012-2015 se dedicaron a instrumentar tácticas
dilatorias y legaloides para proteger a ese cuarteto de delincuentes; gracias a una acusación menor de la administración de Carreras López, y gracias también a la complicidad de una parte del Poder Judicial del estado, estos ex funcionarios están libres y burlándose de la
ciudadanía a la que robaron y engañaron sin que hubiera consecuencias.

¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados sin hacer nada, sabiendo que estos delincuentes privilegiados desviaron por lo menos 260 millones de pesos del presupuesto público y no
sabemos qué cantidad de ese dinero fue a parar a sus bolsillos? 

Podemos protestar de muy diversas formas por esta decisión judicial que daña directamente nuestra calidad de vida --pues son recursos que no se invirtieron en obras sociales-- pero quizá la más poderosa es la del voto, aunque en San Luis el siguiente proceso sea hasta 2018.

Hay que dejar de votar por los partidos que han llevado a estos y a muchos otros funcionarios corruptos a ocupar cargos públicos que no se merecen y de los cuales se valen para enriquecerse a costa de nuestro esfuerzo y, en este caso concreto de los ex funcionarios exculpados, no perder de vista sus nombres para que cuando los veas en alguna boleta buscando un nuevo cargo con el que pretendan volver a saquear el patrimonio público, no
votes por ellos, y que denuncies sus corruptelas si son invitados a participar en un nuevo gobierno. 

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Texto de Leonardo Vázquez / Pulso.-

San Luis Al Instante.- Al segundo año de gestión municipal encabezada por el presidente Ricardo Gallardo Juárez, el gasto presupuestado para pagar la nómina representa un aumento de 68.9 % con respecto al último año en que Mario García Valdez estuvo como alcalde en la Capital potosina. 

En 2015, último en que estuvo García Valdez, el monto para pago de servicios personales fue de 816 millones 244 mil pesos, de acuerdo al presupuesto publicado en el Periódico
Oficial del Estado, y para 2017, segundo ejercicio fiscal que le tocó iniciar a Gallardo
Juárez, la suma es de mil 378 millones 668 mil pesos, una diferencia de 562 millones
424 mil pesos por encima de su antecesor.

Ya desde el primer año en que le tocó definir el presupuesto al actual alcalde se notó un incremento con respecto al último establecido por Mario García, pues en 2016 la suma
programada para el rubro de gastos personales fue de mil 214 millones 357 mil pesos,
es decir le aumentó 398 millones 113 mil pesos a lo etiquetado en 2015. 

Además de que se aumentó el gasto en la nómina, también creció el número de empleados municipales, al pasar de tres mil 344 servidores públicos en diciembre de 2015 a tres mil
511 el mismo mes, pero del año 2016, una variación de 167 personas.

Pese al incremento en el gasto, el Ayuntamiento no ha otorgado aumentos salariales a los trabajadores sindicalizados durante la gestión del actual Presidente Municipal.

En cambio se percibe un mayor gasto en pagar finiquitos a personas despedidas y cubrir laudos laborales, pues con el arribo de Ricardo Gallardo a la alcaldía sobrevinieron
decenas de despidos, muchos de ellos se litigaron en tribunales.

Mientras que las plazas dejadas por los trabajadores despedidos ya fueron repuestas y de acuerdo a la información oficial disponible en la página de transparencia del Ayuntamiento hay incluso 167 más. 

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San Luis Al Instante.- Bernardina Lara Argüelles y Francisca Reséndiz Lara, dirigentes de los dos sindicatos más influyentes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República el pasado 23 de enero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa.

La denuncia fue presentada por un ciudadano, cuyo nombre permaneció reservado, y de su contenido informó la organización Ciudadanos Observando, a través de su vocero J. Guadalupe González. “La oficina del Procurador General de la República Raúl Cervantes Andrade confirmó a Ciudadanos Observando la existencia de esta denuncia, la cual fue presentada por un ciudadano el pasado 23 de enero del 2017”, señaló.

El ciudadano señala en su denuncia que Lara Argüelles y Reséndiz Lara pueden ser responsables del “delito de lavado de dinero”, que presuntamente han cometido al adquirir de manera ilegal bienes que son pagados por fondos de dinero obtenidos por los sindicatos que ellas representan.

También se presume que ambas dirigentes han obtenido un enriquecimiento ilícito con la administración de cuotas sindicales, así como de la obtención de beneficios monetarios obtenidos del gobierno del Estado, derivado de negociaciones contractuales, además de venta de plazas de trabajo.

Hasta hoy ninguna de las dirigentes ha cumplido con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se obliga a los sindicatos a transparentar el origen y uso de los recursos públicos que obtienen, dijo el vocero de Ciudadanos Observando.

Desde hace muchos años, Lara Argüelles funge como secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado; en tanto Reséndiz Lara lo es del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado.

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Texto de Pulso.-

San Luis Al Instante.- En información publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de la capital, fue posible detectar un caso de nepotismo que genera ganancias superiores a los cien mil pesos a la familia del dueño de un medio de comunicación.

Además, versiones de empleados municipales señalan que algunas de las personas relacionadas en los listados de Transparencia del Ayuntamiento, no se les ve en las oficinas.

Documentos dan cuenta de que Rosa María Bugdud Hurtado, esposa de Fernando Díaz de León Cardona, dueño del portal de noticias Close Up, ocupa el cargo de coordinadora técnica en el DIF municipal con un sueldo mensual superior a los 21 mil pesos.

Además el hermano del directivo, Armando Díaz de León Cardona, aparece en registros del ayuntamiento como asesor C de la delegación de Villa de Pozos, con un sueldo que rebasa los 14 mil pesos.

El hijo de éste último también está dentro de la nómina gubernamental, aunque en este caso en el programa Prospera. 

También aparece en la nómina de Villa de Pozos la hija de Fernando Díaz de León, Tania Díaz de León Bugdud, quien ocupa el cargo de coordinadora especial D en el área de Recursos Humanos, con un sueldo superior a los 29 mil pesos.

También se encuentran su hermano Fernando Díaz de León Bugdud en Protección Civil, Héctor Díaz de León Bugdud y su esposa, Pau Alejandre Segovia, sin embargo a estos últimos ni siquiera los conocen en las oficinas del Ayuntamiento, solamente reciben sueldos que oscilan entre los 15 y 20 mil pesos mensuales.

Con esto, la ganancia total de la familia Díaz de León asciende a más de 110 mil pesos mensuales.

Personal del Ayuntamiento confirmó esta situación además de revelar que en todos los casos, comenzaron a recibir sueldo apenas iniciada la actual administración.