"Carreras tiene las manos metidas en el robo de tierras", denuncian comuneros de Escalerillas

"CARRERAS TIENE LAS MANOS METIDAS EN EL ROBO DE TIERRAS", DENUNCIAN COMUNEROS DE ESCALERILLAS

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San Luis Al Instante.- Comuneros de Escalerillas calificaron como “impunidad inaudita y corrupción total” a los desempeños de Miguel Martínez Castro y Felipe Aurelio Torres Torres al frente del Registro Agrario Nacional y en la Procuraduría Agraria, señalados como cabezas visibles de un despojo criminal de casi 6 mil hectáreas de tierras que pretenden realizar con el patrocinio del gobernador Juan Manuel Carreras López.

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A través de Marco Antonio Martínez Campos y Marco Antonio Arredondo Bravo, representantes de comuneros de Escalerillas, afirmaron ser los legítimos poseedores de 5 mil 815 hectáreas de tierra por decreto presidencial del año de 1929, superficie que poderosos especuladores del suelo urbano pretenden arrebatarles con acciones irregulares y maquinaciones legales ilícitas.

Al desmentir declaraciones del delegado del Registro Agrario Nacional, Martínez Campos explicó que además del área comunal, Escalerillas cuenta con otra zona que es ejidal, misma que consta de más de 3 mil 800 hectáreas. Sin embargo, el ejido se ubica en la zona superior de los cerros.

A elos una red criminal integrada por funcionarios encabezados por el jefe del Ejecutivo y por desarrolladores urbanos pretende despojarlos de sus tierras. Citaron, por ejemplo, que la Procuraduría Agraria emitió una convocatoria a una asamblea para elección de autoridades comunales. Pero lo hizo en base a un listado del Registro Agrario Nacional en el que se nombra a 65 personas que no son comuneros, sino ejidatarios.

"Esto constituye una violación a la Ley Agraria. En ella se prevé que no puede existir duplicidad. Si son ejidatarios no pueden ser comuneros. Además hay desacato a un juicio de amparo ganado por María Dolores Bravo Montalvo y Julián Valero, en el que se les daba la libertad de elegir ellos y sus representados a sus autoridades comunales, que son el Comisariado y la Comisión de Vigilancia. Sin embargo, ninguna de las personas que ganaron el amparo fue convocada a la asamblea", denunciaron.

“Hay muchos comuneros inconformes por esta determinación y existe riesgo de estallido social”, advirtió Marco Antonio Arredondo, quien responsabilizó de lo que suceda al gobernador del Estado por "tener las manos metidas en esto".

“Hay intereses oscuros en este caso. Los intereses creados con el ejido son con los grandes desarrolladores, buscando cambiar el uso de suelo y crear zonas residenciales, pero son intereses creados en actos jurídicos nulos”, concluyó.

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San Luis Al Instante.- Denuncias de ejidatarios e investigaciones periodísticas han expuesto una red criminal de funcionarios públicos, encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras López, dedicada al tráfico de tierras del ejido conocido como Escalerillas, hacia el poniente de esta Capital potosina.

En agosto del año 2017, Angélica Bravo García, presidenta de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, denunció la existencia de maniobras dirigidas a despojar a sus legítimos poseedores de un predio de casi 6 mil hectáreas.

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Aunque ella no lo dijo entonces, investigaciones periodísticas han revelado que quienes formarían parte de esa maniobra serían el mismo gobernador Carreras; el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro; el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres; y el magistrado del Tribunal Agrario avocado a este asunto, Rodolfo Lara Orozco.

Detrás de ellos estarían personajes multimillonarios, dedicados a especular con las tierras de la Sierra de San Miguelito y del poniente de esta Capital, cuyos nombres son Carlos López Medina y "Tito" Payán, emparentado con el ex senador y ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Éste incluso ex jefe del actual gobernador Juan Manuel Carreras López.

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Para despojar a sus legítimos poseedores de esta fantástica extensión de tierras que representa un suculento manjar a los especuladores y funcionarios del Estado, han sido utilizadas las instituciones públicas, como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, cuyos encargados en San Luis Potosí son los ya mencionados.

Estos tres personajes: Martínez Castro, Torres Torres y Lara Orozco han establecido un triángulo en el control de las instituciones destinadas a la atención de los derechos ejidales y comunales desde hace más de tres décadas.

Su conocimiento sobre los procedimientos agrarios y su cercanía con el actual gobernador Carreras López permitiría despojar a los ejidatarios de sus tierras y venderlas a centavos a los terratenientes, quienes las venderían en miles de pesos. Es tan íntima la relación de Carreras con esos personajes, que el jefe del Ejecutivo se dirige a Martínez Castro en público como su padrino.

Ya en agosto de 2017 advertían los poseedores del ejido o comunidad de Escalerillas sobre la existencia de maniobras dirigidas para robarles esa fabulosa extensión de terreno que se han convertido en un tesoro muy apetecible por la expansión de la mancha urbana hacia el poniente ha convertido en un tesoro, sobre todo por la construcción de áreas habitacionales para familias de clase media alta hacia arriba.

Para hacerlo, pretendían convertir en comuneros o en ejidatarios con derechos a personas ajenas a esa Congregación de Escalerillas, advirtieron en aquel año. Cosa que parece ya ha sucedido con la autorización del gobernador Carreras, según han revelador investigaciones periodísticas.

De esta forma, una red de corrupción, encabezada por el propio jefe del Ejecutivo y destinada al despojo de bienes ejidales y comunales para entregarlos a voraces y poderosos empresarios del suelo urbano, como los mencionados Carlos López Medina y Tito Payán, parece haber quedado expuesta a los críticos ojos de la opinión pública.

El monto de este negocio criminal se ha estimado en unos 180 mil millones de pesos.

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San Luis Al Instante.- Miembros de la comunidad de Escalerillas han denunciado que especuladores de tierras urbanas pretenden despojarlos de una importante superficie de terreno, señalada en 5,815 hectáreas.

Esta semana que concluye miembros de la Congregación de la Comunidad de Escalerillas, encabezados por su presidente Angélica Bravo García, hicieron la anterior denuncia en rueda de prensa y anunciaron que iniciarán un juicio agrario para detener este robo de valiosas tierras y devolverlas a los comuneros. También han pedido la intervención del gobernador Juan Manuel Carreras López.

La importante superficie de tierras que pretenden ser escamoteadas a sus legítimos propietarios constituye un apetitoso negocio para especuladores del suelo urbano, pues esta comunidad se localiza hacia el poniente de esta Capital potosina, hacia donde se ha dirigido el desarrollo de los fraccionamientos más caros.

Antes de emprender acciones más radicales, como sería incluso el bloqueo de la carretera a Guadalajara o de otro tipo, los comuneros piden dialogar con el gobernador Carreras, a fin de enterarlo de los detalles de esta situación en la que de seguro están involucrados funcionarios agrarios, como siempre ha sucedido con el despojo de tierras a las comunidades vecinas a la Capital.

“No vamos a permitir que un desconocido se quede con nuestras tierras”, expusieron los comuneros. Al mismo tiempo, aseguraron que ellos cuentan con documentos legales en donde pueden demostrar que son dueños de esa suculenta superficie de terreno urbano.

Obstaculizó Gallardo proyecto de instalación de Palacio de Hierro en SLP

OBSTACULIZÓ GALLARDO PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PALACIO DE HIERRO EN SLP

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San Luis Al Instante.- Una declaración bastante delicada fue hecha hace unos días por Ernesto Robles Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, quien culpó al ayuntamiento de esta Capital, presidido por el perredista Ricardo Gallardo Juárez, de haber obstaculizado un proyecto de instalación de la afamada empresa Palacio de Hierro.

A decir del dirigente de la AMPI, la tienda departamental suspendió ese proyecto por "la lentitud en el otorgamiento de permisos del ayuntamiento", a pesar de que representaría una importante inversión financiera y dejaría una importante derrama de dinero, sobre todo en el ramo de la construcción, de servicios y de empleo en varios giros. Además de que agregaría un valor adicional a la imagen de esta ciudad.

“Palacio de Hierro nos dijo que no, que ahí nos vemos en dos años o año y medio”, declaró Robles Álvarez a reporteros. Empero, dijo que "los inversionistas no dejaron en claro todos los motivos que los orillaron a tomar la decisión de no instalarse en San Luis Potosí". Se presume que será hasta que cambie la administración municipal cuando puedan tomar una decisión, añadió.

En fechas recientes el mismo dirigente de la AMPI aseguró que varios proyectos de construcción de plazas comerciales habían sido suspendidos, a consecuencia de las extorsiones a que capitalistas fueron sometidos por parte del edil Gallardo Juárez. En aquella ocasión denunció que esas inversiones se habían perdido porque a los empresarios "les pedían locales".

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Ahora Robles Álvarez declaró: “Antes se instala una plaza en el municipio de Villa de Reyes que en San Luis Potosí".

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San Luis Al Instante.- En un nuevo escándalo de corrupción y delincuencia se ha visto involucrado el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, luego de que la Asociación de Profesionistas Inmobiliarios en San Luis Potosí denunciara que subordinados del alcalde de extracción perredista cobra una especie de "derecho de piso" a constructores para autorizar la edificación de plazas comerciales.

Según Ernesto Robles Álvarez, presidente de la AMPI en SLP, funcionarios municipales han exigido locales a los constructores de plazas comerciales para otorgar los permisos correspondientes para edificación. A causa de esas extorsiones, se perdieron las inversiones que generarían una derrama de varios cientos de millones de pesos.

“Se fueron porque les pedían locales. No treinta mil pesos, cincuenta mil…. De las siete plazas por eso llegamos a cuatro. A ver si rescatamos esas”, señaló Robles Álvarez en una rueda de prensa ofrecida hace unos días. Es decir, este "cobro de piso" ocasionó la cancelación de tres de siete proyectos que pretendían instalarse en la zona metropolitana de San Luis Potosí, gobernada por los perredistas Gallardo Juárez y Hernández Villafuerte.

A tales cobros se les denomina “de gestoría” y son exigidos a los constructores a cambio de los permisos correspondientes para construcción y operación. Debido a ello, los inversionistas que edificarían dichas plazas comerciales decidieron llevarse su dinero de San Luis Potosí. "No tuvieron los recursos para pagar el “costo de gestión” que les estaba cobrando el Ayuntamiento", dijo el dirigente de AMPI.

Sin embargo, dijo que anteriores administraciones municipales también han pedido pagos por “gestión”, aunque, agregó, "eso es incorrecto". A causa de prácticas corruptas en el ayuntamiento de SLP, "algunas empresas internacionales ya incluyen en su presupuesto montos específicos para salir rápido y avante de la situación", señaló.

Estas acusaciones fueron tomadas por la bancada panista en el Cabildo de la Capital, a través de sus regidores Maximino Jasso y Marcela Zapata quienes, a su vez, denunciaron corrupción en el gobierno de la Capital, encabezado por Gallardo Juárez. En este contexto, las instalaciones del PAN en el municipio de SLP fueron allanadas durante la madrugada de este domingo 9 de julio.

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Estas denuncias vienen a agregarse a las acusaciones hechas por desarrolladores urbanos, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y de la Cámara Nacional de la Industria de Promoción y Desarrollo de Vivienda, en el sentido de que por "indolencia" de la administración municipal no pueden ejecutarse nuevos fraccionamientos de interés social en beneficio de las familias de las clases obrera y urbano popular.

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San Luis Al Instante.- A través de un comunicado de prensa, la dirigencia del PAN en San Luis Potosí denunció un asalto a las oficinas de su Comité Directivo Municipal, ubicadas en la calle de Constitución No. 735 en esta Capital.

Los delincuentes ingresaron a la vieja casona en donde se localizan esas oficinas, durante la madrugada de este domingo 9 de julio. Causaron diversos daños a la estructura del edifico y se registraron pérdidas materiales.

Las puertas fueron forzadas, hubo daños en vidrios y ventanas, y se reporta pérdida de equipo de sonido, fotográfico, de video y cómputo, así como dinero en efectivo.

"El domingo por la mañana se alertó a las autoridades sobre los hechos, a través de la línea de auxilio 911; acudieron al lugar peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde certificaron las consecuencias del robo", señala un comunicado del PAN.

Maximino Jasso Padron, presidente del Comité Directivo Municipal, presentará denuncia con el respaldo del área de jurídico del Comité Directivo Estatal, para dar seguimiento a este y apertura a la carpeta de investigación.

"Desde el Partido Acción Nacional, lamentamos que la escala de inseguridad y violencia siga en aumento en la Capital, nos sumamos a todas las voces de potosinos que exigen paz y tranquilidad", señala el comunicado emitido por la dirigencia del PAN este mediodía.

Este ataque a las instalaciones de Acción Nacional ocurre en un contexto de denuncias de este partido por corrupción en la administración del presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, de extracción perredista, a quien se ha señalado de cobrar "derecho de piso" a empresarios inmobiliarios.

Hace unos días la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en SLP aseguró que el ayuntamiento de SLP exigió en forma ilegal se le entregaran locales a funcionarios municipales, a cambio de autorizar la construcción de plazas comerciales.

Esta misma forma de extorsión estaría empleándose en contra de desarrolladores urbanos, motivo por el cual se encontraría congelada la construcción de cientos de vivienda nueva en la Capital y Soledad de Graciano Sánchez, gobernada por el PRD.

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López Medina amenaza derecho a información pública; demanda a periodistas y funcionarios municipales

LÓPEZ MEDINA AMENAZA DERECHO A INFORMACIÓN PÚBLICA; DEMANDA A PERIODISTAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES

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San Luis Al Instante.- En lo que constituye una grave amenaza a la difusión de información pública y al derecho a saber sobre la administración de recursos públicos, Carlos Gerardo López Medina, presidente del Consejo de Administración de Urbanizadora Peña Blanca, presentó una demanda legal en contra de un grupo de periodistas y de funcionarios del ayuntamiento de la Capital.

Así lo dio a conocer este sábado 20 de junio el sitio de internet "Proyecto Tábano", entre cuyos principales personajes se encuentran el notario Eduardo Martínez Benavente y Victoriano Martínez Guzmán.

Según la publicación, la denuncia de López Medina, uno de los hombres más ricos e influyentes de San Luis Potosí, es debido a la información difundida por "Proyecto Tábano" hace 15 meses de una lista de los más deudores del impuesto predial en el municipio de SLP de 2008 al 31 de enero de 2014, misma que fue proporcionada por funcionarios del ayuntamiento a solicitud del sistema de transparencia Infomex.

En aquella ocasión, el nombre de Carlos Gerardo López Medina apareció entre los más deudores del impuesto predial, a pesar de su enorme fortuna, amasada principalmente por negocios de bienes raíces.

Por ello, López Medina demanda ahora a "Proyecto Tábano" y específicamente a Martínez Guzmán en su carácter de coordinador editorial de dicho medio, de haberse “tomado la libertad de publicar en la primer página de su sitio web, una lista de supuestos deudores del impuesto predial”.

“Esta persona (Martínez Guzmán) soslayó su deber de corroborar la información maliciosa que publicó en su portal de internet, al carecer de motivo fundado para estimar como cierta tal información, por lo que la misma se traduce en un ataque a la vida privada de los supuestos deudores”, acusa el ofendido López Medina.

Sin embargo, también demanda los siguientes funcionarios municipales: tesorero José Bolaños Guangorena; al director de ingresos, Armando Reyes; al director de Catastro, David Menchaca; y al director de Comunicación Social, Antonio Meza.

Lo que demanda el millonario López Medina, según lo difundo por "Proyecto Tábano", es lo siguiente:

* Indemnización por concepto de daños y perjuicios de carácter patrimonial, cuya cuantificación, será precisada en el momento procesal oportuno, y extra patrimonial, cuyo monto deberá determinarse por su señoría al momento de dictar sentencia definitiva en el presente juicio.

* El pago por concepto de daños punitivos, cuyo monto deberá determinarse por el juez al momento de dictar sentencia definitiva en el juicio y el pago de costas y gastos que se origen en la tramitación del presente juicio.

* Clausura definitiva de su sitiowww.proyectotabano.com.mx/ y la aplicación de una multa judicial por las infracciones en que incurrió y que generaron su responsabilidad civil.

La respuesta a esta demanda fue presentada la tarde del pasado viernes en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, en la que se rechaza el calificativo de "calumniosa" que se da a la publicación, dado que fue tomada de una fuente pública oficial.

La demanda es presentada a través del despacho de Gustavo Barrera López, abogado de ese grupo inmobiliario.

El documento en donde "Proyecto Tábano" hace del conocimiento de la sociedad potosina esta demanda, puede consultarse en: http://proyectotabano2014.blogspot.mx/2015/06/piden-clausura-definitiva-de-proyecto.html?m=1%2F

Este hecho ha sido considerado por parte de grupos de periodistas y de ciudadanos que ventilan información pública como una grave amenaza en contra del derecho a la libertad de expresión y a la información pública, así como una intentona de grupos de poder por impedir que la sociedad tenga conocimiento de los abusos que cometen.

Involucran a Carreras en millonarias ventas ilícitas de predios de la nación

INVOLUCRAN A CARRERAS EN MILLONARIAS VENTAS ILÍCITAS DE PREDIOS DE LA NACIÓN

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San Luis Al Instante.- Cuando Juan Manuel Carreras López fungió como director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), ocurrieron fraudes millonarios por remates simulados de predios.

Esto lo divulgó el 5 de noviembre de 2013 el periódico Reforma. De esos ilícitos, la Secretaría de la Función Pública investigaba entonces a dos ex funcionarios implicados en la venta de un predio a una inmobiliaria a un precio menor a su valor real. Otro ex servidor público ya había sido sancionado por un caso similar en 2012.

La dependencia federal buscaba entonces fincar responsabilidades a los ex directores de Operación y de Planeación y Sistemas de la Corett, quienes en julio de 2009 autorizaron vender en 2.3 millones de pesos un predio del Estado de México que valía 48.7 millones.

De acuerdo con la nota de Reforma, los ex funcionarios Armando Rodríguez Cervantes y Ubaldo Zepeda Camacho permitieron la venta del inmueble de casi 30 mil metros cuadrados en el Barrio Tecamachalco, del municipio de Los Reyes, en favor de la empresa Inmobiliaria Nafa, con base en el precio previsto para la regularización en favor de personas de escasos recursos, cuando en realidad fue una operación comercial.

“Únicamente podrá enajenarse a precio de interés social un lote tipo por jefe de familia para usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de los ocupantes del lote sea propietario de otro inmueble”, establecen las reglas de la Corett.

De acuerdo con el citatorio de la SFP a los ex funcionarios, el precio del lote debió de ser de acuerdo al valor comercial.

“Omitieron observar que no se trataba de la regularización a un jefe de familia, que el suelo no era de uso habitacional, que se trataba de una persona moral, y que al tratarse de una superficie mayor a la establecida para el lote tipo, el precio de enajenación debió fijarse a valor comercial”, indicó en el citatorio fechado el 27 de septiembre.

El daño patrimonial que se imputa a los ex funcionarios es por los 48.7 millones del valor real, cifra muy superior, por ejemplo, a los poco menos de 16 millones de pesos por los que está acusado de peculado el ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, por malbaratar un predio de 10 hectáreas.

El caso de Cervantes y Zepeda se suma al de Omar Israel Jiménez López, el ex delegado de la Corett en el DF, al que se imputan desde 2011 distintas transacciones que provocaron daño patrimonial de casi 40 millones de pesos.

En junio de 2009, Jiménez autorizó en un día la venta, a varios integrantes de la misma familia -también de apellido Jiménez- de 14 predios en el poblado San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, por un total de 79 mil 800 pesos, cuando el valor real de los inmuebles era de 9.7 millones de pesos.

Un año antes, Jiménez había vendido en 330 mil pesos un predio de 3 mil 300 metros cuadrados cercano al Estadio Azteca, que en realidad valía 30.7 millones de pesos, alegando que la venta se hizo a una persona “de escasos recursos”.

En diciembre de 2011, la SFP inhabilitó a Jiménez por 10 años y le impuso multa de 37.9 millones de pesos.

Los presuntos fraudes ocurrieron durante la gestión del ahora candidato del Partido Revolucionario Institucional a gobernador del Estado de SLP, Juan Manuel Carreras López.

Este fue director general de la Corett entre febrero de 2007 y septiembre de 2010.

La Corett, que actualmente dirige el priista mexiquense Jesús Alcántara, es un organismo descentralizado sectorizado en la Sedesol, dedicado a regularizar asentamientos humanos en terrenos ejidales o de propiedad federal, con presupuesto anual de 537 millones de pesos.

Comuneros demandan a Mario Leal Campos por despojo

COMUNEROS DEMANDAN A MARIO LEAL CAMPOS POR DESPOJO

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Texto de Jorge Fernando Canseco / El Heraldo de San Luis Potosí.-

San Luis Al Instante.- Mario Leal Campos, ex alcalde panista capitalino y ex embajador de México ante la República de Chile, fue denunciado por el grupo Emiliano Zapata de Comuneros de San Juan de Guadalupe por la apropiación ilegal de un predio perteneciente a dicha comunidad, cuando éste se desempeñó como presidente municipal.

Leal Campos, quien fue llamado por el entonces presidente de la república Vicente Fox Quesada al servicio diplomático mexicano, al designarlo como Cónsul General en Hong Kong y la República Popular de China, se habría apropiado ilegalmente de un predio incrustado en el polígono de la dotación presidencial de la comunidad de San Juan de Guadalupe, y donde inició y concluyó una construcción destinada como casa-habitación para su madre.

Los integrantes del Grupo Emiliano Zapata decidieron inconformarse ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, reclamando la reintegración del predio, sólo que se encontraron con la imposibilidad de integrar la averiguación previa, por desconocer el domicilio particular de Leal Campos.

Ubicado éste ya en la Avenida de las Artes, se reclamó al Ministerio Público turnar la orden de comparecencia correspondiente, a fin de que el señalado como presunto responsable de la conculcación ilegal de un predio integrado al polígono de la dotación presidencial de 1950, pudiera recurrir a los instrumentos de defensa que le corresponden y aportar los elementos probatorios que obren en su poder o los que estime convenientes.

Uno de los integrantes del Grupo Emiliano Zapata, Tomás Jasso Menchaca, hijo del fallecido patriarca, Pedro Jasso Bravo, indicó que, reunidos en asamblea los integrantes de este grupo, tomaron la determinación de iniciar el proceso de reclamo para la reintegración formal y legal del predio del que se posicionara ilegalmente el ex embajador de México ante la República de Chile.

Leal Campos ha retornado a esta Capital potosina aparentemente con el ánimo de participar en los procesos internos del Partido Acción Nacional como candidato a un cargo de elección popular y, aparentemente, el que se corresponde con la gubernatura de San Luis Potosí.