GALINDO ENFRENTARÍA JUICIO POLÍTICO POR IRREGULARIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado anunciara acciones para investigar las observaciones financieras por más de 450 millones de pesos detectadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, así como por pagos de fondos municipales a dirigentes del Partido Acción Nacional.
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Al respecto, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, anunció que legisladores promoverán una solicitud formal ante el IFSE para realizar una auditoría especial a los recursos humanos y las contrataciones por honorarios del gobierno municipal.
Se pretende verificar la legalidad de los contratos, la justificación de los pagos, la prestación efectiva de los servicios y la existencia de informes, resultados y entregables que acrediten el trabajo realizado por las personas contratadas.
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De llegarse a encontrar desvío de recursos o simulación de servicios coo. Fines partidistas abrirían un procedimiento de juicio político contra autoridades municipales.
Gámez Macías estuvo acompañado por las diputadas María Antonia Castro Castañeda, Dulcelina Sánchez de Lira y Aranzazú Puente Bustindui en una conferencia de prensa en donde definió esa postura.
El diputado sostuvo que el ayuntamiento debe explicar quién autorizó las contrataciones, qué servicios se pagan y cuáles son los resultados que recibe la administración municipal a cambio de los recursos entregados.
La investigación no debe reducirse a una confrontación entre partidos, sino esclarecer si el dinero de los potosinos se utiliza conforme a la ley, dijo.
La investigación no debe reducirse a una confrontación entre partidos, sino esclarecer si el dinero de los potosinos se utiliza conforme a la ley, dijo.
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Si se comprueba el pago por servicios inexistentes o la simulación de actividades, podrían configurarse responsabilidades administrativas, electorales e incluso penales, dependiendo de los resultados de las investigaciones, advirtió.
Por ello, se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades electorales, incluido el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral, así como ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que determinen si existió financiamiento indebido a dirigentes partidistas o uso de recursos públicos con fines políticos.
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